Hay una máxima no escrita, pero celosamente guardada en el Washington de Donald Trump: la verdad es la primera baja cuando se discute el coste real del aparato militar. La narrativa oficial ha alimentado al pueblo con cifras que proyectan una imagen de contención. O, al menos, de rigor contable. Sin embargo..., detrás de la cortina de humo de las asignaciones oficiales y la jerga burocrática, el gasto militar de la primera potencia del mundo no solo supera con creces lo admitido por la Casa Blanca. Ha alcanzado dimensiones de proporciones sistémicas.
La última propuesta de la administración de Donald Trump para elevar el presupuesto del autodenominado "Departamento de Guerra" a la cifra récord de 1,5 billones de dólares ha encendido las alarmas en el Capitolio. Pero los informes que se limitan a replicar esa cifra no solo son incompletos, son rotundamente engañosos. Un análisis exhaustivo de la contabilidad federal revela que el costo real del militarismo estadounidense ya se situaba en el último ejercicio fiscal entre los 1,5 y los 1,8 billones de dólares. De aprobarse en su totalidad la nueva solicitud de la Casa Blanca, con un incremento adicional de 781.000 millones de dólares que soportarán los ciudadanos estadounidenses se elevará a la vertiginosa cifra de 2,581 billones de dólares para 2027.
Esta revelación, consolidada en un reciente informe del Proyecto de Supervisión Gubernamental (POGO), saca a la luz un mecanismo de ocultamiento institucionalizado. Mientras se fija la atención exclusivamente en las partidas destinadas al Pentágono, la maquinaria de guerra de Washington dispersa tácticamente sus costes a lo largo de al menos diecisiete agencias y departamentos ejecutivos. Aísla así al complejo militar-industrial del escrutinio que sufre cualquier otra partida del gasto federal.
Ocultar el dinero en el presupuesto federal
Para comprender la verdadera magnitud de la factura bélica de Trump es necesario descifrar la arquitectura de su opacidad. El Congreso de los Estados Unidos no financia a sus fuerzas armadas a través de un presupuesto único y transparente. Lo hace mediante una intrincada red de partidas repartidas por toda la administración. Esta dispersión fragmenta la percepción pública y permite al gobierno presentar un "presupuesto de defensa" artificialmente reducido.
El caso más paradigmático de esta ingeniería contable se encuentra en el desarrollo y mantenimiento del arsenal atómico del país. Las armas nucleares, el pilar más destructivo y costoso de la estrategia de disuasión de Washington, no figuran en las cuentas principales del Pentágono. Su factura, que ascendió a 33.800 millones de dólares, se encuentra archivada en el presupuesto del Departamento de Energía. Incluir el costo de las ojivas nucleares en la cartera de energía equivale a que un ayuntamiento cargue el costo de las municiones de su departamento de policía al presupuesto de la concejalía de transportes. A ello se suman partidas adicionales camufladas en la Junta de Seguridad de las Instalaciones Nucleares de Defensa y en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Aún más impresionante es el volumen de dinero desviado a través del Departamento de Asuntos de Veteranos. Con un gasto que alcanza los 393.300 millones de dólares, la atención médica, las pensiones y las prestaciones de invalidez para los excombatientes se gestionan como si pertenecieran a una política social independiente. Sin embargo, estas prestaciones a largo plazo no son sino costes de personal diferidos. Ningún ejército profesional puede reclutar ni sostener sus tropas sin garantizar una cobertura vital tras el servicio activo. Históricamente, la Oficina de Pensiones para Veteranos formaba parte de la estructura directa del Departamento de Guerra hasta su transferencia al Departamento del Interior en el siglo XIX. Reclasificar estos gastos bajo la etiqueta de asistencia social es la mayor artimaña contable para aligerar la factura oficial de la defensa.
El patrón se repite en la Guardia Costera, una rama de las fuerzas armadas cuya partida de 16.800 millones de dólares se oculta en el Departamento de Seguridad Nacional, a pesar de que en tiempos de conflicto operativo pasa bajo el mando directo del Pentágono. Si a estas sumas se añaden los gastos operativos reales del Pentágono, que sumaron 1,273 billones de dólares según los registros oficiales de ejecución presupuestaria, y partidas menores dispersas en los departamentos de Estado, Justicia y Trabajo, el gasto militar neto superó holgadamente los 1,718 billones de dólares.
Costes colaterales
Las estimaciones más rigurosas advierten de que incluso la cifra de 1,7 billones de dólares peca de conservadora. Si se incorporan metodologías que contabilizan la investigación espacial con fines militares en la NASA, las operaciones de inteligencia del FBI e ICE, y la protección fronteriza altamente militarizada, el montante bruto se incrementa en cientos de miles de millones de dólares adicionales.
A esta ecuación es preciso sumar el impacto de la deuda nacional. Años de intervenciones en el extranjero y expansiones de plantilla financiadas mediante endeudamiento han generado una factura de intereses que roza los 211.900 millones de dólares anuales, derivados exclusivamente del coste de las guerras pasadas. Cuando se agregan todos estos factores, la factura real del gasto militar en el ejercicio pasado roza los 2,16 billones de dólares. Una cifra que empequeñece los balances económicos de la mayoría de las naciones desarrolladas.
Si el Congreso termina ratificando las solicitudes completas de la Casa Blanca para los próximos años, el gasto militar absorberá aproximadamente el 75 por ciento del presupuesto discrecional que controla el Poder Legislativo. Esta hipertrofia defensiva sofoca cualquier margen para la inversión cívica. Cada dólar desviado a la contabilidad del Pentágono es un recurso sustraído de la sanidad pública, la modernización de las infraestructuras, la educación de las nuevas generaciones o la lucha contra el cambio climático.
Fractura política
El ocultamiento de estas cifras no es mero academicismo financiero. Representa un déficit democrático de primer orden. La ausencia de un debate transparente sobre el verdadero tamaño del presupuesto bélico ha impedido que la sociedad estadounidense sopese la conveniencia de sus prioridades presupuestarias. Sin embargo, la brecha entre la narrativa oficial y la realidad material ha comenzado a generar fisuras en el consenso de Washington.
Encuestas recientes revelan que una clara mayoría del electorado considera que el presupuesto militar es excesivo. Este malestar cívico ha encontrado eco en el Capitolio. Allí, la bancada demócrata ha mostrado una oposición sin precedentes a las propuestas de incremento militar, mientras que sectores del partido republicano empiezan a mostrar reservas ante la espiral incontrolable de la deuda pública. Las voces que exigen auditar al Pentágono, la única agencia federal que ha fallado sistemáticamente todas las auditorías independientes a las que ha sido sometida, demandan la aprobación de un Presupuesto Militar Total Real que unifique todas las partidas dispersas en un solo documento transparente.
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