Durante décadas, la política estadounidense se ha explicado mediante una regla aparentemente sencilla: cuando la economía funciona, el Gobierno recibe reconocimiento; cuando empeora, los votantes buscan responsables y castigan a quienes ocupan el poder.
La fórmula quedó condensada en la célebre consigna de la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992: «Es la economía, estúpido». Más que un eslogan, expresaba una intuición fundamental de la democracia representativa. Los ciudadanos pueden discrepar sobre valores, identidades y prioridades, pero la evolución de sus condiciones materiales termina imponiendo límites a la lealtad política.
Esa lógica, sin embargo, ya no funciona con la misma claridad. En los Estados Unidos de Donald Trump, la economía se ha convertido también en un campo de batalla ideológico. Los mismos indicadores pueden alimentar interpretaciones opuestas según quién gobierne, mientras la identificación partidista condiciona la manera en que millones de ciudadanos evalúan la inflación, el empleo, el crecimiento y sus propias expectativas de prosperidad.
El fenómeno encierra una contradicción inquietante. Si los electores interpretan la realidad económica a través de sus preferencias políticas, los buenos resultados pueden atribuirse al partido propio y los malos al adversario. Sin embargo, esa capacidad de adaptación tiene límites. Cuando el precio de los alimentos, el combustible, los fertilizantes o la vivienda compromete directamente la economía familiar, la experiencia cotidiana puede entrar en conflicto con el relato partidista.
Los datos de las encuestas permiten observar esa tensión. En septiembre de 2024, durante los últimos meses de la presidencia de Joe Biden, el 65% de los republicanos encuestados consideraba que la economía estadounidense estaba empeorando. Aproximadamente seis meses después, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca y el anuncio de sus aranceles del denominado «Día de la Liberación», ese porcentaje había descendido al 33%.
La evolución de los indicadores económicos no explica por sí sola semejante transformación de las percepciones. Entre ambas mediciones, la inflación interanual pasó del 2,4% al 2,3%, mientras que el desempleo aumentó del 4,1% al 4,2%. Los movimientos fueron modestos, pero la interpretación política de la situación económica experimentó un cambio mucho más pronunciado.
La evolución de los demócratas fue prácticamente inversa. El porcentaje de encuestados de ese partido que creía que la economía empeoraba pasó del 28% al 73% en el mismo periodo. La realidad económica no había sufrido una transformación de magnitud comparable a la registrada en las opiniones. Lo que había cambiado era, sobre todo, el partido que ocupaba la Presidencia.
Este contraste apunta al núcleo del problema. La percepción de la economía estadounidense está cada vez más condicionada por la identidad política de quien la evalúa y cuando la percepción partidista se distancia de la experiencia material, la rendición de cuentas democrática se vuelve más difícil. Mucho más difícil.
Polarización económica
La polarización estadounidense no se limita a las disputas sobre inmigración, derechos reproductivos, armas, religión o identidad nacional. Se extiende a una dimensión aparentemente menos emocional, pero decisiva para el comportamiento electoral: la valoración de la economía.
El mecanismo es relativamente sencillo. Cuando gobierna el partido propio, sus simpatizantes tienden a interpretar las noticias económicas con mayor indulgencia. Pueden atribuir las dificultades a las decisiones del Gobierno anterior, a las condiciones internacionales o a obstáculos temporales. Cuando gobierna el adversario, las mismas circunstancias pueden adquirir un significado distinto. Y convertirse en pruebas de incompetencia o fracaso.
Esto no implica que todos los votantes actúen de manera irracional. Ni que las condiciones económicas sean irrelevantes. Significa que la información no se procesa en un vacío político. Las personas seleccionan, interpretan y ponderan los datos a través de convicciones previas, fuentes informativas de confianza y vínculos sociales que refuerzan determinadas narrativas.
Un estudio de la Universidad de Stanford y la Universidad de Nueva York identificó un aumento significativo de la brecha partidista en las percepciones económicas. Según sus estimaciones, la diferencia entre republicanos y demócratas pasó de aproximadamente 20 puntos porcentuales al comienzo de la presidencia de George W. Bush a un máximo de 73 puntos durante el primer mandato de Trump.
La magnitud de esa diferencia ilustra hasta qué punto una cuestión que tradicionalmente se consideraba central para evaluar a los gobiernos ha quedado incorporada a la confrontación entre partidos. La economía ya no es únicamente un conjunto de resultados que los votantes juzgan, es también un relato sobre quién merece gobernar, quién tiene la culpa y qué fuentes de información consideran creíbles.
En ese entorno, las cifras oficiales pierden parte de su capacidad para cerrar una discusión. Un descenso de la inflación puede ser presentado por el Gobierno como una señal de recuperación, mientras sus adversarios recuerdan que los precios continúan siendo elevados. Ambas afirmaciones pueden describir aspectos diferentes de una misma realidad. La inflación mide el ritmo al que aumentan los precios, no la reversión automática de las subidas acumuladas durante años.
Esta distinción resulta esencial para entender el malestar económico. Una familia puede observar que la inflación se modera y, al mismo tiempo, comprobar que llenar la cesta de la compra cuesta mucho más que antes. Puede escuchar que el empleo resiste y continuar sin disponer de ingresos suficientes para comprar una vivienda. La mejora de un indicador agregado no garantiza que todos los hogares experimenten una recuperación equivalente.
El desafío político consiste, por tanto, en separar tres cuestiones que a menudo aparecen mezcladas: la evolución objetiva de la economía, la percepción que los ciudadanos tienen de ella y la atribución de responsabilidades al Gobierno. Cuando esas dimensiones se confunden, el debate público corre el riesgo de convertirse en una competición entre relatos incompatibles.
Trump y los aranceles
El regreso de Trump a la presidencia estuvo acompañado de una promesa de recuperación económica, protección de la industria estadounidense y defensa de los intereses nacionales frente a sus competidores internacionales. Los aranceles ocuparon un lugar central en esa estrategia. Presentados como una herramienta para renegociar las relaciones comerciales y favorecer la producción nacional, también introdujeron incertidumbre sobre los costes de importación, las cadenas de suministro y las decisiones empresariales.
El problema político aparece cuando los beneficios prometidos son inciertos o tardan en materializarse, mientras algunos costes pueden trasladarse a empresas y consumidores. Los aranceles no se traducen necesariamente en una subida idéntica de todos los precios, puesto que sus efectos dependen de los productos afectados, los márgenes empresariales, los tipos de cambio y las decisiones de los proveedores. Pero sí pueden encarecer determinados bienes importados o los componentes utilizados por productores nacionales.
En una economía donde el coste de la vida ocupa un lugar central en las preocupaciones ciudadanas, esa posibilidad plantea una dificultad para la Casa Blanca. Trump necesita demostrar que su política comercial mejora las perspectivas de los trabajadores y las empresas estadounidenses no solo que transmite una imagen de firmeza frente al exterior.
La contradicción se vuelve más visible cuando las encuestas empiezan a registrar un deterioro de la confianza entre sus propios simpatizantes. Según la serie de sondeos de The Guardian, el porcentaje de republicanos que consideraba que la economía empeoraba había aumentado hasta el 38% en la medición realizada a principios de octubre de 2026. Frente al 29% de un año antes.
La comparación sugiere que el respaldo partidista puede amortiguar inicialmente el descontento, pero no necesariamente eliminarlo. Una parte de los votantes republicanos parece haber comenzado a revisar su valoración de la economía pese a la afinidad política con Trump.
La América rural
Si existe un terreno donde las contradicciones económicas de la estrategia de Trump pueden adquirir especial relevancia, es la América rural. Durante décadas, las comunidades agrícolas y las localidades pequeñas han constituido una parte importante de la base republicana. Su relación con el partido no se explica únicamente por los impuestos o la regulación económica, sino por valores culturales, tradiciones familiares, religión, identidad nacional y desconfianza hacia las élites políticas de las grandes ciudades.
Pero la lealtad electoral no elimina la exposición de estas comunidades a las decisiones económicas de Washington. Los agricultores dependen de los mercados internacionales. Necesitan combustible y fertilizantes para mantener sus explotaciones. Y, en muchos casos, recurren a trabajadores inmigrantes para cubrir sus necesidades de mano de obra. Cuando esas condiciones cambian, las consecuencias se reflejan en los costes de producción, los márgenes empresariales y las expectativas de ingresos.
La guerra comercial puede dificultar el acceso a mercados extranjeros cuando los socios comerciales responden con sus propios aranceles, el encarecimiento del diésel y de los fertilizantes puede reducir la rentabilidad de las explotaciones y las restricciones migratorias pueden generar dificultades de contratación en sectores que dependen de una fuerza laboral móvil.
No todos estos efectos tienen la misma intensidad ni responden a una única decisión presidencial. Los precios energéticos dependen de factores internacionales, mientras que el impacto de las políticas migratorias varía según el sector y la región. Sin embargo, la acumulación de presiones puede generar una percepción de deterioro económico incluso entre ciudadanos que continúan apoyando al presidente por razones culturales o ideológicas.
El 64% de los estadounidenses residentes en zonas rurales consideraba que la economía estaba empeorando, frente al 52% de los habitantes de las ciudades. La proporción rural había aumentado seis puntos respecto a septiembre de 2024, durante los últimos meses de la presidencia de Biden.
Entre los estadounidenses blancos, otro grupo fundamental de la base republicana, el pesimismo económico alcanzaba el 61%. Frente al 48% registrado en septiembre de 2024. Entre los hombres, la proporción había pasado del 46% al 52%.
Estas cifras no permiten afirmar que los votantes rurales estén abandonando en masa a Trump. Ni que el descontento económico vaya a traducirse necesariamente en un cambio de partido. Una persona puede considerar que la economía empeora y, aun así, preferir al candidato republicano porque concede más importancia a la inmigración, la seguridad, los impuestos o las cuestiones culturales.
Pero los datos sí cuestionan una premisa importante. Que la afinidad ideológica garantiza una valoración favorable de la gestión económica. Incluso dentro de los sectores más vinculados al republicanismo, la percepción de la prosperidad puede deteriorarse mientras la identidad política permanece estable.
El coste de la vida frente a la guerra cultural
Ante las dificultades económicas, la confrontación cultural ofrece a Trump una herramienta política para mantener la cohesión de su base. La inmigración, las políticas de género, la educación, la delincuencia y las disputas sobre la identidad nacional permiten situar la competición electoral en un terreno donde las preferencias partidistas suelen estar profundamente arraigadas.
La estrategia consiste en desplazar la atención desde los resultados de la gestión hacia la naturaleza del adversario. Si el debate gira en torno a quién representa los valores estadounidenses, quién amenaza las tradiciones o quién merece recibir protección del Estado, la evaluación de los precios y los salarios puede perder centralidad.
Sin embargo, sería simplista interpretar todas las controversias culturales como una mera cortina de humo. Para muchos ciudadanos, estas cuestiones son preocupaciones genuinas y constituyen motivos legítimos de elección política. El problema democrático surge cuando la confrontación impide examinar con suficiente rigor los resultados económicos, las decisiones presupuestarias y las consecuencias de las políticas públicas.
La polarización puede facilitar que los votantes acepten argumentos favorables a su partido y descarten información incómoda procedente del contrario. Pero el efecto no es ilimitado. Cuando una familia tiene dificultades para pagar la compra, cuando un agricultor afronta mayores costes o cuando una pequeña empresa ve reducirse sus márgenes, el problema no desaparece porque la campaña electoral cambie de tema.
Tampoco desaparece necesariamente el malestar cuando el Gobierno atribuye las dificultades a la herencia recibida o a factores externos. Esas explicaciones pueden ser correctas en determinados casos. Pero deben contrastarse con los datos y con las decisiones adoptadas por los responsables públicos.
En este sentido, el coste de la vida representa una prueba especialmente exigente para cualquier administración. Los indicadores macroeconómicos pueden requerir tiempo para traducirse en mejoras perceptibles. Pero los gastos cotidianos llegan de forma inmediata. La distancia entre los anuncios de prosperidad y la experiencia del consumidor puede convertirse en una fuente persistente de desconfianza.
La polarización debilita la rendición de cuentas
Las consecuencias de esta fractura van más allá de las posibilidades electorales de Trump. Afectan al funcionamiento de la democracia y a los incentivos de quienes gobiernan.
Un estudio citado en el texto original, elaborado por investigadores vinculados a la Universidad de Bucknell y la Universidad de Texas A&M, plantea que la polarización puede reducir los incentivos de los responsables públicos para diseñar políticas cuyos beneficios se distribuyan ampliamente entre la población.
El razonamiento es relevante. Si los votantes están dispuestos a mantener su apoyo a un partido independientemente de su desempeño económico, los gobernantes pueden tener menos motivos para buscar resultados que beneficien al conjunto de la sociedad. En determinadas circunstancias, podrían priorizar medidas que favorezcan a sus bases electorales, a grupos de interés o a donantes. Sin afrontar un castigo proporcional en las urnas.
No se trata de afirmar que todos los políticos actúen de ese modo. Ni de atribuir automáticamente esas prácticas al Gobierno de Trump. Es una hipótesis sobre los incentivos que genera un sistema partidista muy polarizado. Cuanto menos probable sea que los electores cambien su voto por razones de desempeño, menor puede ser la presión electoral para rendir cuentas.
La cuestión es especialmente importante porque las políticas económicas distribuyen beneficios y costes de forma desigual. Una medida comercial puede favorecer a determinados productores y perjudicar a empresas que dependen de importaciones. Una modificación fiscal puede beneficiar a unos hogares más que a otros. Una restricción migratoria puede responder a objetivos políticos concretos y, al mismo tiempo, generar costes laborales en determinados sectores.
Evaluar esas decisiones exige analizar quién gana, quién pierde y cuáles son sus efectos a medio plazo. Si el debate queda reducido a la lealtad partidista, ese examen puede quedar desplazado por la defensa automática del Gobierno o por el rechazo indiscriminado a todas sus actuaciones.
La polarización no elimina la responsabilidad de los gobernantes. Pero puede dificultar que los ciudadanos la ejerzan de manera efectiva. Ese es uno de los riesgos centrales cuando la identidad política pesa más que los resultados en la evaluación electoral.
Las elecciones de mitad de mandato
El calendario electoral añade presión a esta dinámica. Las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre de 2026 constituyen una oportunidad para que los ciudadanos evalúen la gestión de la Administración Trump y expresen su satisfacción o su descontento mediante el voto.
Las encuestas citadas en el texto de partida describen un panorama de creciente preocupación económica. El 58% de los estadounidenses consideraba que la economía estaba empeorando. Diez puntos más que en la última medición de la era Biden. Se trata de una valoración subjetiva de la situación económica. No de una prueba suficiente de que todos los indicadores estén empeorando. Ni de una predicción concluyente sobre los resultados electorales.
La diferencia importa. Los ciudadanos no votan únicamente en función de lo que dicen las estadísticas. Votan en función de cómo interpretan su situación, de qué responsabilidades atribuyen al presidente y de qué alternativas consideran creíbles. Un deterioro de la confianza puede afectar a la participación, a la preferencia partidista o a la disposición a cambiar de candidato. Pero sus consecuencias dependen de numerosos factores.
Tampoco puede darse por hecho que el pesimismo económico provocará una derrota republicana. La identificación partidista, la movilización de los votantes, las características de cada circunscripción y la importancia de otros asuntos pueden modificar el resultado. Las encuestas de opinión permiten medir tendencias y preocupaciones. Pero no sustituyen al recuento de votos.
Lo que sí está en juego es la credibilidad de la promesa económica de Trump. Si sus simpatizantes empiezan a cuestionar que las políticas presidenciales mejoren sus perspectivas, la Casa Blanca tendrá que responder no solo con mensajes políticos. Sino con resultados que puedan percibirse en los hogares y las empresas.
La economía sigue importando
La transformación de la política estadounidense no significa que la economía haya dejado de importar. Significa que su influencia sobre el voto está mediada por una polarización que dificulta la evaluación compartida de los resultados.
Los ciudadanos pueden discrepar sobre el papel del Estado, los impuestos, el comercio internacional o la inmigración. Esa diversidad es consustancial a una democracia. El problema aparece cuando incluso la valoración de hechos económicos básicos depende de quién ocupa la Casa Blanca. Y cuando los datos dejan de servir como terreno común para discutir las decisiones públicas.
La evolución de las percepciones republicanas entre 2024 y 2025 ilustra esa fragilidad. El pesimismo cayó de forma pronunciada después de la llegada de Trump al poder. Pese a que los indicadores mencionados apenas habían variado. Más tarde, según las encuestas recogidas en el artículo original, volvió a aumentar entre los republicanos y se extendió entre grupos rurales y sectores tradicionalmente vinculados a ese partido.
El patrón sugiere que las lealtades partidistas pueden amortiguar temporalmente el descontento. Pero también que la experiencia material puede reabrir el juicio sobre el Gobierno. No sabemos en qué medida esa revisión se traducirá en cambios de voto. Sí sabemos que las percepciones económicas no permanecen necesariamente congeladas por la identidad política.
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