Perú vuelve a situarse en el centro de la atención política internacional tras la llegada a la presidencia de José María Balcázar, un veterano dirigente de 83 años cuya designación no solo refleja la profunda inestabilidad institucional del país, sino que ha desatado una intensa controversia por sus posiciones públicas sobre el matrimonio infantil y las relaciones entre menores y adultos en contextos educativos.
Su nombramiento, previsto únicamente para un periodo transitorio de cinco meses, llega en un momento de agotamiento democrático evidente. Perú ha encadenado presidentes, crisis parlamentarias y destituciones en una sucesión vertiginosa que ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones. Sin embargo, más allá de la fragilidad política del cargo, lo que ha generado alarma dentro y fuera del país son las ideas que el nuevo mandatario ha defendido en el pasado reciente.
Un discurso que ha provocado rechazo social
La polémica se remonta a 2023, durante el debate parlamentario sobre la reforma destinada a elevar la edad mínima legal para contraer matrimonio. En aquel contexto, Balcázar sostuvo públicamente que las relaciones tempranas podían tener efectos positivos en el desarrollo psicológico de las adolescentes siempre que no mediara violencia, llegando a justificar la posibilidad de matrimonios desde los 14 años.
Sus palabras provocaron entonces una fuerte reacción social, especialmente entre organizaciones feministas, juristas y colectivos de defensa de la infancia, que denunciaron que ese tipo de planteamientos normalizan situaciones de desigualdad estructural y pueden legitimar prácticas cercanas a la explotación o al abuso.
El rechazo no fue únicamente moral o ideológico. Expertos en derecho internacional recordaron que Perú está adscrito a convenios internacionales de protección del menor que establecen estándares claros sobre consentimiento, protección frente a coerción y prevención del matrimonio infantil. Desde esa perspectiva, las declaraciones del ahora presidente chocaban frontalmente con compromisos jurídicos asumidos por el propio Estado peruano.
La frontera entre tradición y derechos
El debate que ha reaparecido tras su llegada al poder no es nuevo en América Latina. En determinadas zonas rurales o amazónicas, el embarazo adolescente y las uniones tempranas siguen siendo una realidad social vinculada a pobreza estructural, falta de educación sexual y desigualdad económica.
Sin embargo, organismos internacionales como UNICEF o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han insistido durante años en que normalizar estas situaciones no constituye una solución social, sino la consolidación de ciclos de exclusión.
Las declaraciones de Balcázar fueron interpretadas por amplios sectores como una lectura culturalista que desplaza la responsabilidad del Estado hacia las familias o las propias menores, en lugar de abordar las causas profundas: abandono institucional, violencia de género y ausencia de oportunidades educativas.
A ello se suma otra dimensión especialmente sensible: sus opiniones sobre las relaciones entre estudiantes menores y docentes, un asunto que en Perú ha generado múltiples escándalos en los últimos años y que actualmente está regulado bajo criterios estrictos de protección del alumnado frente a relaciones de poder asimétricas.
Un presidente accidental en un sistema agotado
La llegada de Balcázar al Palacio de Gobierno no responde a una victoria electoral directa, sino a una nueva reorganización del poder tras la destitución del anterior mandatario. Se convierte así en el octavo presidente peruano en apenas una década, un dato que resume la crisis estructural del sistema político.
Su discurso de toma de posesión evidenció esa excepcionalidad. Con intervenciones dispersas y referencias históricas poco cohesionadas, el nuevo jefe del Estado insistió en que gobernar no debía considerarse una tarea compleja y defendió que el país atraviesa una etapa positiva gracias al acceso tecnológico y a la expansión de internet.
Para muchos analistas políticos, estas afirmaciones reflejan una desconexión entre el relato oficial y la realidad social peruana, marcada por el aumento de la inseguridad, la expansión de economías ilegales y una creciente desconfianza hacia el Congreso.
Trayectoria judicial y controversias pendientes
Antes de su salto definitivo a la política nacional, Balcázar desarrolló una larga carrera jurídica. Ocupó puestos relevantes dentro del sistema judicial peruano y llegó a ejercer funciones en instancias superiores de la judicatura. No obstante, su trayectoria también ha estado acompañada de investigaciones por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la gestión de fondos en instituciones profesionales, causas que continúan abiertas.
Aunque no existe condena firme, la existencia de procesos judiciales pendientes añade presión a un mandato ya condicionado por su carácter provisional y por la falta de respaldo político sólido.
Un mandato breve, pero decisivo
El principal desafío del nuevo presidente no será impulsar grandes reformas —algo prácticamente inviable en cinco meses—, sino garantizar una transición institucional que evite una nueva crisis constitucional.
Perú afronta actualmente un escenario complejo: fragmentación parlamentaria, desgaste económico tras años de inestabilidad y un clima social polarizado donde la legitimidad del poder se cuestiona de forma permanente.
En este contexto, las polémicas personales del mandatario adquieren una relevancia mayor de la habitual. No se trata únicamente de opiniones individuales, sino del mensaje político que transmite quien ocupa la máxima representación del Estado.
La mirada internacional y el debate de fondo
La reacción internacional ha sido prudente, pero creciente. Diversas organizaciones de derechos humanos han recordado que la protección de la infancia constituye un principio no negociable dentro del derecho internacional contemporáneo.
El caso peruano vuelve a plantear una cuestión incómoda para muchas democracias: hasta qué punto la inestabilidad política permite que figuras con discursos controvertidos accedan al poder sin un debate social profundo sobre sus posiciones.
Más allá de la duración de su presidencia, el nombramiento de José María Balcázar actúa como síntoma de un problema mayor. Perú no solo enfrenta una crisis de gobiernos, sino una crisis de consensos básicos sobre derechos, democracia y protección social.
En los próximos meses, el país deberá decidir si esta etapa constituye simplemente otro episodio transitorio en su turbulenta política reciente o si marca un punto de inflexión en la discusión sobre los límites éticos y legales del poder público.
Porque, en última instancia, la estabilidad institucional no depende únicamente de quién gobierna, sino de qué valores decide defender un Estado cuando la democracia atraviesa sus momentos más frágiles.