El Parlamento Europeo ha dado luz verde al regreso del llamado Chat Control 1.0, una norma provisional que vuelve a permitir el escaneo masivo de comunicaciones privadas de los ciudadanos, sin siquiera sospecha previa en determinadas plataformas. La escena tiene su punto de virtuosismo burocrático: una mayoría de eurodiputados votó contra la medida, 314 frente a 276, con 17 abstenciones, pero la moción de rechazo no alcanzó la mayoría absoluta exigida de 361 votos. Resultado: pierde la mayoría, gana el reglamento.
La decisión reactiva hasta 2028, o hasta que haya una norma permanente, la posibilidad de que grandes plataformas estadounidenses (no europeas) examinen mensajes privados no cifrados en servicios como Instagram, Discord, Snapchat, Skype, Xbox, Gmail o iCloud. No afecta, según la información disponible, a los chats con cifrado de extremo a extremo como WhatsApp, que ya quedaban fuera de este tipo de escaneo. Tampoco cambia la posibilidad de denunciar contenidos por parte de usuarios ni las intervenciones judiciales dirigidas contra sospechosos concretos.
El episodio deja una paradoja incómoda: el Parlamento no ha aprobado exactamente una apuesta entusiasta por la vigilancia masiva, sino que ha fracasado en bloquearla por una regla de umbral. También cayó una enmienda que quería limitar el rastreo de comunicaciones privadas a sospechosos identificados judicialmente, pese a contar con mayoría simple: 322 votos a favor frente a 255. En Bruselas, a veces la aritmética no expresa una voluntad política; la administra hasta hacerla irreconocible.
Patrick Breyer, ex eurodiputado pirata y activista por los derechos digitales, sostiene que el proceso daña la democracia y perjudica precisamente a quienes dice proteger. Su crítica no es que la protección de menores sea secundaria, sino que el instrumento elegido resulta defectuoso: mucho ruido algorítmico, demasiada delegación en empresas tecnológicas y pocos indicios de eficacia real. Según los datos citados por Breyer, la Comisión Europea reconoce que no hay pruebas de que el escaneo indiscriminado de comunicaciones privadas haya aumentado las condenas o el rescate de menores.
La fuente también apunta otros límites del sistema. Desde 2022, los informes de sospecha procedentes de Estados Unidos habrían caído un 50% por el aumento del cifrado. En 2024, el escaneo masivo de chats privados representó solo el 36% de los avisos, mientras la mayoría procedía de publicaciones públicas y almacenamiento en la nube. Además, la policía criminal alemana señala que el 48% de las alertas recibidas no tiene relevancia penal inicial, y las estadísticas citadas indican que el 40% de las investigaciones resultantes acaba apuntando a menores.
Ahí está el centro del problema: una política presentada como protección puede terminar saturando a los cuerpos policiales con falsos positivos, trasladando a empresas privadas una función delicadísima y debilitando el debate sobre medidas más precisas. Breyer contrapone al rastreo indiscriminado una estrategia basada en órdenes obligatorias y dirigidas contra sospechosos reales, un centro europeo para retirar material de abuso ya conocido de internet y estándares de “seguridad desde el diseño” en aplicaciones de mensajería.
El argumento de la “brecha de protección” queda, como mínimo, tocado. Las herramientas más potentes para perseguir delitos —denuncias de usuarios, vigilancia judicializada y análisis de espacios públicos o almacenamiento en la nube— no desaparecían con el fin temporal del Chat Control. Lo que estaba en juego era otra cosa: permitir o no la inspección generalizada de mensajes privados no cifrados de personas no sospechosas en un puñado de plataformas.
La votación, además, complica la negociación de la futura regulación permanente, el llamado Chat Control 2.0 o reglamento CSAM. Si los gobiernos pueden prorrogar cómodamente el régimen provisional, tendrán pocos incentivos para aceptar un cambio de modelo. Es el clásico arte europeo de convertir una medida interina en paisaje administrativo: nada dura más que lo provisional cuando conviene a demasiada gente.
Las consecuencias políticas son claras. El Parlamento llega a la siguiente ronda de negociación con una mayoría crítica hacia el escaneo indiscriminado, pero con una derrota procedimental que mantiene vivo el sistema. La protección infantil seguirá siendo el argumento central, es decir, la excusa. La cuestión es si Europa quiere proteger mejor a los menores o simplemente conservar una máquina de vigilancia que produce sensación de acción, toneladas de alertas y escasa evidencia de resultados. El matiz no es menor: entre perseguir abusos y mirar todos los sobres antes de que haya sospecha media una frontera que una democracia no debería cruzar por inercia.
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