B'Tselem, la ONG israelí de referencia en la supervisión de los Territorios Ocupados, ha presentado esta semana una investigación que trasciende la mera denuncia coyuntural. Bajo el título El proyecto de eliminación, el documento desglosa una arquitectura institucional diseñada para desmantelar de forma metódica los cimientos de la existencia palestina en Cisjordania, empujando a más de tres millones y medio de personas a un estado de absoluta fragmentación y dependencia.
Aunque la organización sostiene que estas dinámicas se remontan a 1967, el análisis concluye que el proceso ha experimentado una aceleración sin precedentes desde finales de 2022. La consolidación del ejecutivo liderado por Benjamín Netanyahu, apoyado por sectores de la ultraderecha nacionalista, ha transformado las restricciones operativas en un mecanismo cotidiano que altera el espacio geográfico para garantizar una presencia civil y militar judía de carácter contiguo, institucionalizado y permanente. Para la población civil autóctona, la rutina se ha reducido a un dilema de tres vías: someterse a la soberanía israelí, exiliarse o afrontar una represión violenta.
La investigación, sustentada en más de dos mil testimonios recopilados a lo largo de los últimos tres años, sostiene que la estrategia estatal opera mediante cinco engranajes que actúan de manera simultánea: violencia e intimidación, restricciones severas a la libertad de circulación, asfixia económica, desmantelamiento sociopolítico y apropiación de suelo. Las políticas de control territorial en Cisjordania han permitido que Israel se apodere de más de 200.000 hectáreas, equivalentes a más de un tercio de la superficie cisjordana, mediante figuras administrativas como zonas militares cerradas, reservas naturales y la expansión de puestos de avanzada agrícolas.
Esta reconfiguración geográfica se sustenta en una profunda dualidad legal. Mientras los residentes de los asentamientos judíos se rigen por el derecho civil israelí y gozan de plenos derechos políticos, la población palestina habita bajo los decretos de un régimen militar. La investigación subraya que este esquema normativo no solo ampara la transferencia de recursos hídricos y agrarios, sino que garantiza amplios márgenes de impunidad ante los abusos cometidos en el territorio.
La violencia ejercida en las comunidades rurales funciona, según el reporte, como el motor primario para desplazar a la población y estrechar su margen de acción. La frontera entre los civiles armados y las fuerzas regulares se ha difuminado progresivamente. Las métricas del sistema de justicia militar reflejan esta desconexión: entre 2016 y 2024, de las miles de denuncias presentadas por daños causados por soldados a bienes o personas palestinas, solo en un 0,9 % de los expedientes se formalizaron acusaciones. La impunidad judicial en los territorios ocupados se combina con un balance humano devastador, que contabiliza la muerte de más de mil personas en Cisjordania y Jerusalén Este en el periodo reciente transcurrido desde octubre de 2023.
En el ámbito productivo, la vulnerabilidad es casi absoluta. La dependencia laboral respecto al mercado israelí, articulada durante décadas, se convirtió en una trampa tras la cancelación masiva de unos 140.000 permisos de trabajo. La consecuencia directa ha sido el disparo del desempleo y la paralización de la actividad autónoma. A juicio de B'Tselem, la retórica de la seguridad enmascara la normalización de una violencia estructural que busca hacer inviable la vida cotidiana, consolidando un modelo donde el derecho internacional queda subordinado a los hechos consumados sobre el terreno.
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