La anunciada cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin en Budapest no solo amenaza con reconfigurar el tablero diplomático global, sino también con tensar hasta el límite la arquitectura del derecho internacional. El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha recordado este viernes al Gobierno de Hungría su obligación legal de detener a Putin si el presidente ruso pisa territorio húngaro, pese a la intención del primer ministro Viktor Orbán de abandonar la jurisdicción de La Haya.
La advertencia ha sido lanzada por un portavoz del tribunal en declaraciones a la agencia Europa Press y apunta a una paradoja jurídica y política: Hungría sigue siendo miembro del TPI, y por tanto está obligada a cooperar con sus decisiones, hasta que la retirada (anunciada en abril) sea efectiva. De acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, el proceso requiere un año desde la notificación oficial ante Naciones Unidas. Es decir, Orbán no podrá desentenderse del tribunal al menos hasta la primavera de 2026.
Ley frente a poder
En marzo de 2023, el TPI emitió una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra relacionados con la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas ocupadas a territorio ruso. Desde entonces, el líder del Kremlin ha viajado a varios países signatarios del Estatuto de Roma (como Tayikistán o Mongolia) sin ser detenido, lo que evidencia los límites reales del sistema internacional de justicia.
El portavoz del TPI recordó que “la retirada de un Estado no afecta a los procedimientos en marcha ni a los asuntos bajo consideración antes de su entrada en vigor” y advirtió que “la cooperación con el tribunal no es solo una obligación legal, sino una responsabilidad ante el resto de Estados parte”. En caso de incumplimiento, La Haya podría elevar una constatación de “no cooperación” ante la Asamblea de Estados Parte, el foro político encargado de aplicar sanciones o medidas correctivas.
Sin embargo, la eficacia de tales mecanismos es, en la práctica, limitada. El TPI carece de policía propia y depende de la voluntad de los Estados para ejecutar sus mandatos. En contextos donde la lealtad política pesa más que la obligación jurídica (como en la Hungría de Orbán), la justicia internacional se reduce a una declaración de principios.
Orbán, entre Moscú y Washington
El dilema legal se entrelaza con un cálculo político. Orbán ha ofrecido Budapest como sede de la reunión entre Trump y Putin, en un movimiento que refuerza su papel como mediador alternativo frente a Bruselas y la OTAN. “Estamos preparados. Es una gran noticia para los amantes de la paz”, escribió el primer ministro en X, reivindicando su capital como punto de encuentro entre Oriente y Occidente.
No obstante, la jugada desafía abiertamente a la Unión Europea, que mantiene su respaldo al TPI y a las sanciones contra Moscú. En Bruselas, el gesto de Orbán se interpreta como un intento de legitimar a Putin y de alinearse con el eje iliberal que él, Trump y Netanyahu simbolizan en el escenario global.
El propio portavoz del Ejecutivo húngaro, Gergely Gulyás, defendió la salida del tribunal alegando que el TPI “empezó como una institución respetable, pero ha adquirido tintes políticos”. Es la misma narrativa empleada por Israel para descalificar las órdenes de arresto emitidas contra Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por los bombardeos en Gaza.
Desafío al derecho internacional
Para el derecho internacional, el caso de Hungría es algo más que una anécdota diplomática. Marca un precedente peligroso: el de un Estado miembro de la Unión Europea que ignora o diluye sus compromisos con las instituciones multilaterales. En términos prácticos, si Putin asiste a la cumbre y no es arrestado, Orbán colocará a la UE frente a su propia impotencia y al TPI ante su fragilidad estructural.
La situación recuerda al patrón que se repite desde hace un año: Putin viaja, el TPI protesta y los gobiernos eluden la confrontación directa. Lo que debería ser un acto automático —el cumplimiento de una orden judicial internacional— se convierte en una prueba política de lealtad o desafío.
Trump, Putin y la diplomacia del desorden
El trasfondo geopolítico añade otra capa de complejidad. Para Trump, el encuentro en Budapest representa una oportunidad de consolidarse como el negociador capaz de “poner fin a la guerra de Ucrania” sin recurrir a los canales multilaterales tradicionales. Para Putin, es una forma de romper el aislamiento diplomático y presentarse como interlocutor legítimo ante Washington.
Orbán, anfitrión y aliado ideológico de ambos, ofrece el escenario perfecto: una capital europea, pero fuera del consenso europeo; un país de la OTAN, pero cada vez más próximo al Kremlin. En ese triángulo político, el TPI aparece como un actor desbordado por los hechos.
Riesgo de colisión
La cumbre Trump-Putin, aún sin fecha confirmada, se perfila como un choque entre dos mundos: el del poder soberano que ignora los límites del derecho, y el del orden internacional que intenta mantener su autoridad moral. Si Putin aterriza en Budapest y se marcha sin ser detenido, el mensaje será claro: la era de la impunidad soberana ha regresado, y la justicia internacional ha quedado relegada a un papel simbólico.
El TPI puede recordar las normas, pero solo los Estados pueden aplicarlas. Y en el nuevo orden global —fragmentado, multipolar y cada vez más dominado por líderes dispuestos a desafiar las instituciones— la ley parece un instrumento débil frente al cálculo político.
La cumbre de Budapest, más que una reunión diplomática, será un espejo del siglo XXI: un escenario donde el poder pesa más que el derecho, y donde la justicia internacional se mide no por sus principios, sino por su capacidad (o incapacidad) de hacerse cumplir.