Donald Trump ha impuesto un régimen que en nada se diferencia del aplicado por Adolf Hitler desde que alcanzó el poder. Del mismo modo que el mundo se conmovió con el Diario de Ana Frank, la periodista Mica Rosenberg, de ProPública, ha firmado un reportaje en el que muestra cómo los niños sufren en los centros de detención de migrantes de Trump. En el centro de detención de inmigrantes de Dilley, al sur de San Antonio (Texas), la política migratoria estadounidense adquiere una textura concreta: bandejas de comida tibia, literas metálicas, pulseras identificativas y niños que escriben cartas en papel rayado pidiendo que no los olviden. Allí estuvo retenida durante 45 días Ariana Velásquez, de 14 años, estudiante de primer año en Hicksville, Nueva York. Su historia, como la de decenas de menores entrevistados en los últimos meses por Rosenberg muestra algo más que una anécdota humanitaria: expone la tensión estructural entre la disuasión migratoria y la protección de la infancia en Estados Unidos.
Detención familiar como instrumento político
El complejo de Dilley, gestionado por la empresa privada CoreCivic, fue inaugurado durante la presidencia de Barack Obama para albergar a familias que cruzaban la frontera sur. En 2021, la administración de Joe Biden suspendió la detención familiar, argumentando que Estados Unidos no debía institucionalizar el encierro de menores.
Sin embargo, tras regresar a la Casa Blanca, Donald Trump reactivó el modelo como parte de su estrategia de deportación masiva. A diferencia de su primer mandato, marcado por la separación forzosa de padres e hijos, frenada por los tribunales y la indignación pública, la segunda fase apostó por un enfoque distinto: detener a las familias juntas.
La lógica oficial es clara: si la separación generó escándalo, la unidad familiar reduciría el coste político. Pero la hipótesis ha resultado discutible. Las imágenes de niños detenidos con mochilas escolares o peluches han circulado ampliamente en redes sociales, generando una nueva ola de críticas.
Cambio de perfil
En su primera etapa, Dilley recibió principalmente a familias recién llegadas tras cruzar la frontera. Hoy el perfil ha cambiado. Muchos de los padres y madres detenidos llevan años viviendo en Estados Unidos, con solicitudes de asilo en trámite, hijos escolarizados y redes comunitarias consolidadas.
Ariana y su madre fueron arrestadas tras acudir voluntariamente a una cita rutinaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York. En cuestión de horas estaban en un avión rumbo a Texas, a más de 3.000 kilómetros de su casa. El patrón se repite: personas que cumplían con los requisitos administrativos son detenidas sin previo aviso.
El mensaje implícito es doble. Hacia dentro, refuerza la narrativa de cumplimiento estricto de la ley. Hacia fuera, funciona como advertencia disuasoria: ninguna integración previa garantiza inmunidad frente a la detención.
Niños en espera
Desde su reapertura, alrededor de 3.500 personas (más de la mitad menores) han pasado por Dilley. Un acuerdo judicial de 1997 suele limitar la detención infantil a 20 días, pero análisis independientes indican que cientos de niños han permanecido más de un mes.
En teoría, el centro ofrece clases y atención médica. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que nadie es privado de cuidados y que los servicios cumplen estándares federales. CoreCivic afirma que la salud y la seguridad son su prioridad absoluta.
Los testimonios de padres y menores describen otra realidad: clases breves y desiguales, enfermedades recurrentes, demoras en la atención médica y episodios de angustia psicológica. Organizaciones como RAICES han denunciado ante tribunales centenares de quejas relacionadas con atención sanitaria insuficiente.
Más allá de la veracidad individual de cada caso, el patrón narrativo es consistente: aburrimiento crónico, ansiedad y una percepción de trato deshumanizante.
Desgaste psicológico
Lo que distingue la detención familiar de la separación es la forma, no necesariamente el impacto. Numerosos menores describen insomnio, pérdida de apetito y miedo persistente. Algunos padres relatan episodios de autolesiones o ideación suicida entre adolescentes.
La detención prolongada puede reforzar la capacidad del Estado para ejecutar deportaciones, pero incrementa el riesgo de daños psicológicos duraderos. La literatura científica sobre trauma infantil sugiere que la incertidumbre prolongada y la privación de libertad pueden tener efectos comparables a otras formas de estrés tóxico.
La administración Trump argumenta que la aplicación estricta de la ley ha reducido los cruces fronterizos a mínimos históricos. Es probable que así sea. Pero el efecto colateral es la normalización de la detención infantil como herramienta administrativa.
Legalidad contra legitimidad
La mayoría de los adultos detenidos en Dilley no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Algunos habían excedido visados; otros esperaban resolución de asilo o regularización por matrimonio. La estrategia se centra menos en la peligrosidad individual y más en la señal disuasoria colectiva.
En términos legales, el gobierno invoca nuevas regulaciones que, según sostiene, hacen obsoleto el acuerdo judicial que limita la detención infantil. En términos políticos, la administración calcula que la opinión pública prioriza el control fronterizo sobre las consideraciones humanitarias.
Pero las cartas escritas por niños introducen un elemento incómodo en el debate. Cuando Ariana escribe que “solo sentirás tristeza y, sobre todo, depresión”, no está formulando un argumento jurídico. Está describiendo una experiencia.
Libertad vigilada
En enero, unas 200 personas fueron liberadas sin explicación pública. Ariana regresó a Nueva York con su madre, ahora portadora de un grillete electrónico. La libertad llegó acompañada de controles mensuales y visitas domiciliarias.
Su madre perdió el empleo. Su hermano pequeño temía que no estuviera en casa al volver del colegio. Ariana volvió a clase y evitó explicar su ausencia: “Tenía que ir a Texas por algo”. La detención termina, la incertidumbre no.
La administración Trump ha optado por una estrategia de firmeza visible y televisada. Sus defensores sostienen que sin medidas disuasorias claras, el sistema colapsaría.
Sin embargo, la experiencia de Dilley sugiere que la disuasión basada en la detención infantil tiene un coste humano irreparable. Cada carta escrita desde el centro, publicadas por ProPública, funciona como recordatorio de que las estadísticas migratorias están compuestas por historias individuales.
Ariana, de regreso en Hicksville, ha descubierto que mejoró jugando voleibol en Texas y quiere intentar entrar en el equipo escolar. Es un detalle menor, casi trivial. Pero en ese gesto hay una afirmación silenciosa: incluso en contextos de encierro, la infancia insiste en proyectarse hacia el futuro.
Para la política migratoria estadounidense, la cuestión es si ese futuro será recordado como una etapa de control eficaz o como el momento en que la detención de niños dejó de ser excepcional y pasó a ser estructural.