A principios de este mes de octubre, la Administración Trump encendió una alarma en el corazón del sistema educativo estadounidense. En una medida sin precedentes, el Ejecutivo anunció su intención de despedir a casi todo el personal encargado de administrar la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), un programa que brinda apoyo a 7,5 millones de niños con discapacidad en escuelas públicas de todo el país.
La decisión amenaza con paralizar el complejo engranaje que garantiza a esos estudiantes el acceso a una educación gratuita, inclusiva y adaptada a sus necesidades. Pero más allá del impacto inmediato, la medida revela una lucha de poder más profunda: la ofensiva del trumpismo contra el aparato institucional del Estado y, en particular, contra el Departamento de Educación, símbolo de la acción federal en políticas sociales.
La ley IDEA, aprobada por el Congreso en 1990 y reautorizada en 2004 con apoyo bipartidista, constituye uno de los pilares del consenso social estadounidense de posguerra: la idea de que el Estado federal tiene la responsabilidad de garantizar igualdad de oportunidades para los niños con discapacidad. Su implementación depende de la Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP), una unidad técnica que canaliza más de 15.000 millones de dólares en subvenciones federales a los estados, escuelas y distritos locales.
La OSEP supervisa que los fondos se destinen correctamente, proporciona asistencia técnica y audita a los distritos que incumplen la ley. Cuando un sistema escolar no contrata suficientes terapeutas del lenguaje, no provee tecnología de asistencia o no adapta los planes de estudio, es la OSEP quien interviene.
Sin este personal no habrá nadie que garantice el cumplimiento efectivo de IDEA. Los despidos anunciados equivalen a un cierre de facto de la oficina encargada de asegurar que los derechos de los estudiantes con discapacidad no sean papel mojado.
Demolición institucional con motivaciones ideológicas
La ofensiva contra la OSEP no es un hecho aislado. Desde su regreso al poder, Donald Trump y su entorno de fanáticos han promovido una agenda de reducción del gobierno federal bajo el argumento de devolver competencias a los estados y “eliminar programas innecesarios”.
En marzo, la Administración ya había recortado casi a la mitad el personal del Departamento de Educación, incluyendo a los abogados de la división de derechos civiles. En paralelo, desde la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), su director Russell Vought ha impulsado Proyecto 2025, que propone convertir IDEA en una subvención global sin condiciones, es decir, entregar fondos federales sin los requisitos legales de cumplimiento y supervisión que garantizan la equidad.
El objetivo final sería trasladar la gestión de IDEA al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Robert F. Kennedy Jr., eliminando la función reguladora del Departamento de Educación.
La estrategia encaja con el discurso recurrente del trumpismo: una ofensiva contra las agencias federales que encarnan la autoridad del Congreso y los compromisos del Estado social. Pero la maniobra enfrenta un obstáculo jurídico mayor: para eliminar el Departamento de Educación o modificar la ley IDEA se requiere una ley aprobada por el Congreso, algo para lo cual no existe ni consenso político ni mayoría legislativa.
Millones de niños en el limbo
Mientras el debate institucional se dirime en Washington, las consecuencias prácticas ya se perciben sobre el terreno. Sin el personal de la OSEP que audite y supervise el uso de los fondos, los estados no pueden certificar ni recibir legalmente las subvenciones para educación especial.
Esto amenaza el funcionamiento diario de escuelas públicas que dependen de esos recursos para contratar docentes especializados, logopedas, terapeutas ocupacionales o psicólogos escolares, así como para financiar programas de intervención temprana en bebés y niños pequeños.
Según cálculos del National Center for Learning Disabilities, un retraso de apenas tres meses en la entrega de fondos IDEA podría dejar a más de dos millones de estudiantes sin los apoyos que necesitan para mantener su progreso educativo. En muchos distritos rurales y urbanos, esos programas representan la diferencia entre inclusión y marginación.
El trumpismo contra el consenso
Lo más llamativo del caso IDEA es su carácter simbólico. A diferencia de otras leyes sociales, la de Educación para Personas con Discapacidad ha gozado de un respaldo transversal durante más de tres décadas. Fue promulgada en 1990 por el presidente George H. W. Bush, republicano, y reautorizada en 2004 bajo el mandato de su hijo, George W. Bush, con apoyo casi unánime en ambas cámaras.
Esa continuidad reflejaba una convicción compartida: que los niños con discapacidad no deben depender del azar geográfico ni de los presupuestos locales. Al intentar desmantelar la infraestructura federal que la sustenta, la Administración Trump rompe con ese consenso histórico, sustituyendo el principio de equidad nacional por el de autonomía estatal.
El problema es que la Administración no tiene autoridad para modificar unilateralmente las funciones de una agencia creada por ley. Y sin un plan de transición ni una autorización legislativa, los despidos en la OSEP constituyen una violación de las obligaciones impuestas al Ejecutivo por el Congreso.
La reacción en el Capitolio ha sido de creciente inquietud. Tanto senadores demócratas como republicanos no abducidos por la secta MAGA advierten que la medida vulnera el espíritu y la letra de la ley IDEA. Los Comités de Asignaciones de ambas cámaras, responsables del presupuesto educativo para 2026, han reafirmado que no se contempla ninguna reducción de fondos ni cambio estructural en la administración de la ley.
Precedente inquietante
La ofensiva contra IDEA no sólo pone en riesgo la educación especial; sienta un precedente sobre la fragilidad del marco legal que protege las políticas públicas más allá de los ciclos electorales. El intento de vaciar de contenido al Departamento de Educación, reduciendo su personal y trasladando sus funciones, puede convertirse en un modelo replicable para otras áreas si el Congreso no actúa para frenar la tendencia.
En términos políticos, el mensaje es claro: la “revolución administrativa” del trumpismo pretende debilitar las estructuras permanentes del Estado, sustituyéndolas por una gestión discrecional subordinada a la voluntad y los intereses económicos del presidente.
En medio del debate constitucional y las luchas de poder, los afectados directos corren el riesgo de quedar invisibles. Los millones de niños que dependen de IDEA (alumnos con autismo, síndrome de Down, discapacidad visual o trastornos del aprendizaje) no necesitan reformas ideológicas, sino continuidad, supervisión y compromiso.