En vísperas de la XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, el Frente Polisario ha emitido una advertencia que va mucho más allá del terreno diplomático. Según su representante en Madrid, Abdulah Arabi, si Rabat consolida definitivamente su ocupación del Sáhara Occidental, el “siguiente objetivo será Canarias”. La afirmación, dramática pero calculada, subraya la creciente preocupación saharaui ante lo que consideran la expansión silenciosa de la influencia marroquí en la región y la aparente incapacidad de España para frenar la agenda de su vecino del sur.
El mensaje no surge en el vacío. Cincuenta años después de la retirada española y de la Marcha Verde, el conflicto del Sáhara Occidental se ha transformado en un tablero donde se superponen intereses geopolíticos, rivalidades regionales y una disputa jurídica que ha alcanzado nuevo protagonismo. Arabi recuerda que, pese a los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, España sigue siendo potencia administradora del territorio, al menos desde el punto de vista del derecho internacional. El hecho de que Madrid siga controlando el espacio aéreo del Sáhara Occidental se ha convertido para el Polisario en una prueba de que la responsabilidad española es ineludible, por más que los sucesivos gobiernos hayan tratado de minimizarla.
El aviso sobre Canarias, territorio sensible, estratégico y fronterizo, pretende situar el debate en un nivel que España no puede ignorar. Para los saharauis, el giro diplomático de Pedro Sánchez en marzo de 2022, cuando respaldó públicamente el plan de autonomía marroquí, no solo rompió el mayor consenso histórico de la política exterior española: también dejó a Madrid en una posición de creciente dependencia respecto a Rabat. Desde entonces, sostiene Arabi, es Marruecos quien marca los tempos y el rumbo de la relación bilateral, y la cumbre de esta semana no será una excepción.
La acusación no es nueva, pero adquiere una nueva dimensión tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictadas el 4 de octubre de 2024. El Tribunal reiteró que el Sáhara Occidental posee un estatus separado y distinto del de Marruecos y que Rabat no posee soberanía sobre el territorio. Más aún, confirmó que sólo el pueblo saharaui tiene derecho a decidir su futuro. Para el Polisario, que lleva décadas librando una batalla legal paralela a la política, estas decisiones representan un punto de inflexión: una oportunidad para reencuadrar el conflicto no como un litigio diplomático, sino como una cuestión de derecho internacional y autodeterminación.
El problema para España es que este nuevo escenario jurídico coincide con un momento en el que su relación con Marruecos es más frágil, pero también más necesaria, que en décadas anteriores. La cooperación en materia migratoria, energética y comercial ha convertido a Rabat en un socio al que Madrid no puede permitirse irritar. Sin embargo, esa misma dependencia alimenta la crítica de Arabi, quien sostiene que Marruecos impondrá su agenda en la RAN y que España se limitará a acompañar decisiones que responden a intereses exclusivamente marroquíes.
El Polisario, por su parte, se prepara para un terreno más contencioso. Arabi afirma que la organización “permanecerá vigilante” ante cualquier acuerdo que pueda afectar al Sáhara Occidental. Si perciben que España cede más de lo tolerable, asegura, el movimiento saharaui explorará “cualquier vía a su alcance” para defender sus derechos, desde los tribunales europeos hasta la presión diplomática y la movilización internacional.
La advertencia refleja una realidad incómoda para Madrid: el conflicto saharaui, lejos de ser un legado del pasado, vuelve a situarse en el centro de la discusión estratégica. Los movimientos de Marruecos, la ambigüedad española y las nuevas realidades jurídicas de la UE han reactivado un dossier que parecía estancado.
El dilema para España es evidente: equilibrar una relación vital con Marruecos sin renunciar a sus responsabilidades históricas ni contradecir el derecho internacional. El desafío, sin embargo, no es solo diplomático, sino estratégico. El Polisario ha elegido este momento para recordar a España que, en el tablero del Magreb, las omisiones también tienen consecuencias. Y que el Sáhara Occidental, lejos de ser un conflicto congelado, vuelve a proyectar una sombra larga sobre la política exterior española.