La conversación entre José Manuel Albares y Naser Burita en Nueva York deja una fotografía bastante precisa de la compleja relación entre España y Marruecos después de la crisis migratoria de Ceuta. Rabat asegura que colaborará para acelerar el retorno de los migrantes que no tengan derecho a protección internacional, Madrid necesita esa cooperación para aliviar una situación que se prolonga desde finales de julio y, al mismo tiempo, el Gobierno español mantiene fuera de cualquier negociación una cuestión sobre la que no admite matices, la soberanía de Ceuta y Melilla.
Los dos ministros se reunieron en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas y abordaron la situación de las personas que permanecen en la ciudad autónoma después de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Según fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores, Burita reiteró la «plena colaboración» de Marruecos para que regresen «lo antes posible» quienes se encuentren en situación irregular y no tengan derecho a protección internacional.
El compromiso no aparece de repente. Marruecos ya había anunciado oficialmente el 10 de septiembre su disposición a readmitirlos e incluso utilizó esa cuestión para responder a las acusaciones sobre su posible responsabilidad en la crisis fronteriza. Rabat llegó entonces a preguntarse públicamente por qué esas personas no habían sido devueltas si el Gobierno marroquí se había comprometido a aceptar su regreso.
La declaración formaba parte de una respuesta diplomática mucho más amplia. Marruecos rechazó cualquier responsabilidad en la entrada masiva, aseguró que no existía ningún informe que acreditase una implicación de sus autoridades y acusó a determinados sectores políticos y mediáticos españoles de utilizar al reino alauí en sus disputas internas.
Desde entonces, la cooperación sobre el terreno ha continuado. Más de 5.300 migrantes habían regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto hasta mediados de septiembre, según los datos facilitados por el Gobierno español, a los que deben añadirse las expulsiones realizadas mediante los correspondientes procedimientos administrativos.
La dificultad está en determinar cuántas personas continúan realmente en Ceuta. Las cifras difundidas durante las últimas semanas no siempre describen la misma realidad. El Gobierno de la ciudad llegó a estimar el 16 de septiembre que permanecían al menos 13.000 migrantes, pero Interior ofreció posteriormente magnitudes sensiblemente inferiores y distinguió entre quienes se encontraban en las calles, los adultos sometidos a procedimientos administrativos y los menores pendientes de las actuaciones correspondientes.
Esa diferencia aconseja prudencia con cualquier cifra cerrada. Lo que sí está acreditado es que la situación ha mejorado sustancialmente respecto a las jornadas del 30 y 31 de julio, aunque todavía quedan miles de expedientes por resolver y la normalización completa depende, entre otros factores, de identificar a las personas, determinar quién puede solicitar protección internacional y tramitar los retornos que legalmente procedan.
Rabat abre la puerta a los retornos, pero España debe resolver cada expediente
La disposición de Marruecos a readmitir personas no significa que España pueda realizar devoluciones indiscriminadas. Antes debe determinarse la situación individual de quienes permanecen en territorio español, especialmente en los casos de posibles solicitantes de protección internacional y de menores.
Este punto resulta esencial porque la voluntad política de Rabat no sustituye las garantías legales que España debe aplicar. La identificación, la tramitación de las solicitudes de asilo y los procedimientos de retorno requieren actuaciones administrativas individualizadas.
El Gobierno ha reforzado para ello los medios disponibles en Ceuta. A comienzos de septiembre anunció la incorporación de más efectivos policiales y funcionarios destinados a agilizar los expedientes, además de ampliar las instalaciones de acogida. El Ejecutivo aprobó también un paquete extraordinario de 309 millones de euros para reforzar los servicios públicos, la seguridad, la atención a los migrantes y la economía de la ciudad.
La cuestión de los menores añade una dificultad adicional. Su edad debe quedar determinada y, una vez confirmada su condición de menores, cualquier retorno exige garantías específicas y la valoración de su interés superior. El propio Gobierno ha vinculado las actuaciones de filiación con los posteriores procedimientos administrativos y, cuando corresponda, con la reagrupación familiar.
Por eso existe una diferencia sustancial entre el compromiso diplomático anunciado por Marruecos y su ejecución práctica. Rabat puede garantizar que aceptará los retornos, pero España debe determinar previamente quién puede ser legalmente retornado.
Ceuta y Melilla marcan el límite de la cooperación con Marruecos
La reunión de Nueva York tampoco puede separarse del otro asunto que ha condicionado durante las últimas semanas la relación bilateral.
Dos ministros marroquíes realizaron declaraciones reivindicando las pretensiones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, aludió a supuestos «derechos históricos y geográficos» sobre las ciudades españolas y el titular de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, utilizó también referencias relacionadas con ellas.
España respondió por vía diplomática. El Ministerio de Exteriores convocó a la representación marroquí para trasladar formalmente su rechazo y Albares advirtió posteriormente de que ese tipo de declaraciones «degradan» la relación bilateral.
El Gobierno ha tratado desde entonces de separar ambos planos. Mantiene la cooperación con Marruecos en inmigración, seguridad y control fronterizo, pero sostiene que la soberanía de Ceuta y Melilla no forma parte de ninguna conversación bilateral.
Albares volvió a reiterarlo esta semana desde Nueva York. «España no habla ni con Marruecos ni con nadie de su integridad territorial», afirmó al rechazar también cualquier hipótesis de cosoberanía sobre las dos ciudades autónomas.
La posición ha venido acompañada de movimientos destinados a reforzar el encaje europeo de Ceuta y Melilla. Exteriores ha puesto en marcha un paquete de medidas que incluye avanzar hacia su integración en la Unión Aduanera, una presencia permanente de Frontex y una mayor representación de ambas ciudades en las instituciones comunitarias.
No es un detalle secundario dentro de la respuesta española a la crisis. El Gobierno pretende que la relación con Marruecos continúe siendo estratégica sin que la dependencia de esa cooperación convierta la soberanía de las ciudades autónomas en una materia susceptible de negociación.
La crisis de julio volvió a demostrar hasta qué punto la estabilidad de Ceuta está vinculada a la colaboración de Marruecos. Cuando el dispositivo fronterizo marroquí funciona, la presión sobre la ciudad disminuye y, cuando falla o resulta insuficiente, las consecuencias pueden sentirse inmediatamente al otro lado de la frontera.
Esa realidad explica buena parte de la cautela con la que Madrid gestiona su relación con Rabat. Marruecos es un socio esencial en control migratorio, lucha contra el terrorismo, seguridad, comercio y cooperación policial, pero esa interdependencia no elimina las diferencias entre ambos países.
La crisis también ha entrado de lleno en la política española. El Gobierno ha defendido que no existen pruebas sólidas que permitan atribuir a Marruecos la organización de la entrada masiva de finales de julio, al tiempo que distintas fuerzas políticas han reclamado explicaciones sobre lo ocurrido y sobre los avisos recibidos antes de aquellas jornadas.
Rabat reaccionó con especial dureza el 10 de septiembre a esas acusaciones y aseguró que no aceptaría convertirse en «chivo expiatorio» de las disputas políticas españolas. Su comunicado contenía además una referencia crítica a partidos con experiencia previa de gobierno, interpretada en España como una alusión al PP.
La reunión entre Albares y Burita permite rebajar esa tensión en uno de los terrenos más urgentes. Marruecos acepta colaborar en el retorno de quienes puedan ser legalmente devueltos y España mantiene abiertos los canales diplomáticos necesarios para gestionar una frontera cuya estabilidad depende inevitablemente de la cooperación de los dos países.
Pero la normalización tiene un límite expresamente marcado por Madrid. Cooperar con Marruecos en la gestión migratoria no supone aceptar una discusión sobre Ceuta y Melilla, y el Gobierno español ha querido dejar esa separación especialmente clara después de las declaraciones realizadas desde Rabat.
La conversación de Nueva York permite, por tanto, recuperar una parte de la relación bilateral sin resolver todas sus tensiones. El compromiso marroquí puede contribuir a acelerar los retornos y aliviar la situación de Ceuta, pero las últimas semanas han vuelto a mostrar una realidad que acompaña desde hace décadas a la relación hispano-marroquí, España y Marruecos están obligados a entenderse en numerosos asuntos aunque no compartan posición en todos ellos.
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