La persecución por motivos políticos se está intensificando en Venezuela, ha alertado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, señalando que la única esperanza de que las víctimas encuentren justicia recae en la comunidad internacional.
En un informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos, la Misión reveló nuevas evidencias sobre la dura represión postelectoral tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, documentando cómo la persecución contra defensores de derechos humanos y voces críticas se ha mantenido durante 2025.
Ejecuciones y impunidad
La investigación concluyó que, de las 25 muertes en protestas ocurridas entre el 29 y 30 de julio de 2024, los cuerpos de seguridad estatales estuvieron involucrados en al menos 12 casos. En Maracay, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército dispararon armas de fuego contra manifestantes, causando seis muertes. "Una víctima recibió un disparo de escopeta a menos de 10 metros", detalla el documento.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, ha denunciado que "la Fiscalía no ha informado sobre avances en las investigaciones, aunque desde el principio aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad. Nuestra investigación ha revelado lo contrario: todas las muertes permanecen en la impunidad".
Muertes bajo custodia y torturas
La Misión documentó la muerte de cinco personas detenidas durante protestas en 2024 y 2025. En dos casos, se establecieron "motivos razonables para creer que el Estado no brindó atención médica oportuna", sometiendo a los detenidos a "tratos crueles, inhumanos y degradantes".
Patricia Tappatá, experta de la Misión, ha subrayado que "las muertes por deterioro de salud en prisión constituyen privaciones arbitrarias de la vida. A esto se suma el maltrato a familias, la falta de investigación y la complicidad del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo".
Represión continuada
Aunque las autoridades excarcelaron progresivamente a 2.006 de las 2.220 personas detenidas en 2024, la Misión documentó al menos 200 nuevas detenciones selectivas contra críticos del gobierno. Un hallazgo alarmante: 220 niños entre 13 y 17 años fueron detenidos, sometidos a incomunicación, violencia sexual y violaciones al debido proceso. Cuatro adolescentes permanecen detenidos en La Guaira y Lara.
Francisco Cox, otro experto de la Misión, ha precisado que "las detenciones de 2025 repiten el patrón de 2024: sin base legal, realizadas por individuos enmascarados y con fabricación de expedientes penales. Ante el sometimiento de la justicia al ejecutivo, la única esperanza de justicia reposa en instancias internacionales".
Torturas sistemáticas
El informe describe una maquinaria estatal que emplea torturas sistemáticas: asfixia con bolsas plásticas, palizas, descargas eléctricas en genitales y amenazas de violación. Los tribunales ignoran sistemáticamente las denuncias.
Las leyes de "financiación de ONG" y "Simón Bolívar" han funcionado como "piezas adicionales de la maquinaria represiva", forzando a organizaciones civiles a limitar programas o cerrarlos.
No hay voluntad para frenar las violaciones de los derechos humanos
Marta Valiñas ha realizado una advertencia: "Las evidencias confirman que el crimen de persecución por motivos políticos continúa en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar estas graves violaciones de derechos humanos".
El informe pinta así un panorama donde la justicia venezolana ha abdicado de su función, trasladando a la comunidad internacional la última esperanza de las víctimas.
En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25, por un período de un año, con el fin de evaluar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. Mediante la resolución 57/36, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato de la Misión por dos años adicionales, hasta septiembre de 2026. Los miembros de la Misión de Determinación de los Hechos fueron designados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; no son personal de Naciones Unidas y no reciben salario por su labor. Aunque la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU brinda apoyo a la Misión, sus integrantes actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida la propia ONU.