El tablero de la geopolítica global ha vuelto a sacudirse con una intensidad que trasciende lo meramente jurídico. El reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que limita el uso que hace Donald Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles, no debe leerse solo como una victoria de la división de poderes sobre el voluntarismo ejecutivo, sino como un nuevo y punzante catalizador de incertidumbre en la guerra comercial entre EE. UU. y China. Para el Ministerio de Comercio de China, la decisión judicial de seis votos contra tres representa una reivindicación técnica que, sin embargo, ofrece un consuelo práctico alarmantemente escaso ante la mutabilidad de las tácticas de la Casa Blanca.
Mientras Pekín ejecuta una evaluación integral del fallo, la administración de Donald Trump ya ha pivotado con agilidad hacia la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, elevando la apuesta mediante un arancel global del 15 %. En este complejo juego de espejos, la legalidad interna estadounidense y el proteccionismo económico se entrelazan en un nudo que amenaza con asfixiar la frágil tregua alcanzada el pasado octubre. La respuesta de la potencia asiática ha seguido el guion de una diplomacia cauta pero inflexible, calificando las medidas de Washington como aranceles unilaterales que no solo erosionan las reglas internacionales, sino que carecen de una base jurídica sólida incluso dentro del derecho interno estadounidense.
La retórica de Pekín subraya una premisa fundamental para la estabilidad económica transpacífica al afirmar que la confrontación no deja ganadores. No obstante, tras el lenguaje conciliador que invoca la cooperación, se esconde una advertencia de estrecha vigilancia ante lo que consideran investigaciones comerciales alternativas destinadas a perpetuar el conflicto. El uso de la Sección 122 introduce una volatilidad operativa asfixiante para las cadenas de suministro globales, dado que su naturaleza temporal de 150 días obliga a los mercados a vivir en un estado de provisionalidad permanente, donde la planificación a largo plazo se vuelve un ejercicio de adivinación política.
Esta escalada de gravámenes, ahora vinculados también a la crisis del fentanilo, pone en jaque la denominada "Paz de Octubre" justo antes de la visita oficial de Trump a China. El análisis de fondo sugiere que no estamos ante un simple litigio arancelario, sino ante una redefinición traumática del orden comercial internacional. Mientras Washington busca resquicios legales para sostener su política de presión, Pekín intenta blindar sus intereses nacionales apelando a un multilateralismo que parece cada vez más desdentado. La eficacia del próximo encuentro entre Trump y Xi Jinping dependerá, en última instancia, de si ambos líderes son capaces de transformar esta confrontación arancelaria en un marco de competencia regulada, evitando que el derecho interno de una potencia siga siendo la marea caprichosa que dicte el rumbo del consumo global.