Han pasado dos años desde que la Corte Internacional de Justicia emitiera un dictamen demoledor en el que declaró ilegal la presencia israelí en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este, exigiendo la evacuación de las colonias y la restitución del suelo arrebatado. Lejos de acatar el mandato del máximo tribunal del planeta, el Gobierno de Israel ha respondido con un desafiante redoble de tambores expansionista, transformando la condena judicial en el detonante de la mayor campaña de despojo, ocupación violenta y fragmentación territorial registrada en las últimas décadas.
El informe publicado por la Oficina del Alto Comiskado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no deja espacio para las matizaciones diplomáticas ni para las ambigüedades calculadas. A través de la voz de su portavoz, Ravina Shamdasani, la organización internacional ha expuesto cómo la maquinaria estatal israelí y el movimiento de colonos extremistas han alcanzado cotas históricas de agresión sistemática. En una escalada que devora pueblos enteros de las gobernaciones de Naplusa, Qalqilya y Yenín, la violencia armada de los civiles colonizadores ya no se produce al margen de las fuerzas armadas, sino en una simbiosis absoluta donde el uniforme militar actúa como escudo de impunidad para el vandalismo patriarcal. La quema de mezquitas, la destrucción de cosechas, la confiscación de herramientas agrícolas y la irrupción nocturna en hogares palestinos componen una estrategia deliberada de terror que busca forzar el abandono de la tierra mediante la imposibilidad física de la supervivencia.
El régimen de castigo colectivo impuesto sobre la población civil se ha endurecido hasta límites claustrofóbicos. El bloqueo impuesto sobre los accesos a la ciudad de Naplusa y el cercamiento de pequeñas comunidades agrícolas como Tell demuestran la voluntad del estamento militar israelí de convertir Cisjordania en un archipiélago de guetos incomunicados. Mediante una maraña infranqueable de controles militares, puertas de acero y permisos arbitrarios, la potencia ocupante ha separado a familias enteras, ha paralizado la economía local y ha bloqueado el traslado de enfermos y heridos hacia las infraestructuras sanitarias. Esta asfixia física se ve respaldada por los discursos belicistas del Ejecutivo encabezado por Benjamin Netanyahu, cuyos ministros apelan abiertamente a aplicar sobre la población de Cisjordania el mismo nivel de devastación y tierra quemada ejecutado sobre la Franja de Gaza, validando de forma oficial los llamamientos a la venganza y a la expulsión masiva.
Mientras las bandas armadas de colonos extienden el terror en los valles, el propio Gobierno israelí ejecuta la apropiación institucional del suelo mediante la aprobación récord de nuevas unidades de vivienda en los asentamientos y la legalización de puestos de avanzada militares. La toma del territorio no solo se produce por la fuerza de las armas, sino por la demolición metódica de la infraestructura social y humanitaria que sostiene a la población palestina. El anuncio de una orden militar para asumir el control directo de un cuarto campamento de refugiados amenaza con desplazar a miles de personas vulnerables que ya han visto arrasadas sus vidas en incursiones previas sobre Yenín, Tulkarem y Nur Shams. Estas incursiones, caracterizadas por el paso de maquinaria pesada que destroza el asfalto, las tuberías de agua y la red eléctrica, han dejado a más de treinta mil personas sin hogar ni medios de subsistencia.
Esta ofensiva contra la existencia palestina se complementa con una guerra declarada contra las agencias de socorro internacional, cuyo objetivo transparente es erradicar cualquier testigo o garante de los derechos de la población ocupada. El asalto perpetrado por las fuerzas israelíes contra el Centro de Formación Profesional de Kalandia en Jerusalén Este, gestionado por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, constituye un atroz atropello a la inviolabilidad de las Naciones Unidas. Al irrumpir de forma violenta, confinar al personal docente y retener a los estudiantes, el Estado israelí envía un mensaje inequívoco de desacato a las convenciones internacionales, al tiempo que estrangula operativamente a las organizaciones que intentan brindar asistencia psicosocial y médica de urgencia en las zonas cercadas.
El deterioro irreversible de Cisjordania se consume bajo la mirada complaciente y la pasividad complice de la comunidad internacional. Pese a las advertencias desesperadas lanzadas en el Consejo de Seguridad por funcionarios internacionales como Ramiz Alakbarov y el Alto Comisionado Volker Türk, las potencias occidentales continúan subordinando el cumplimiento del derecho internacional a sus alianzas estratégicas con Jerusalén. Al ignorar las obligaciones vinculantes dictadas por la Corte Internacional de Justicia —que prohíben prestar ayuda, comerciar con los asentamientos o reconocer la anexión ilegal—, las capitales que pregonan la defensa del orden global se convierten en colaboradoras necesarias de la liquidación del pueblo palestino. Lo que se ejecuta hoy en las colinas de Cisjordania no es solo la consolidación de un sistema de segregación y ocupación perpetua, sino la sepultura definitiva de la diplomacia multilateral en el altar de la impunidad militar.
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