Israel y Trump amenazan con devorar a más de veintitrés millones de niños

Las decisiones tomadas en los despachos blindados de las grandes potencias y el estruendo de los misiles en Oriente Medio suelen medirse en términos de hegemonía, barriles de petróleo o metros cuadrados de territorio conquistado. Sin embargo, el verdadero coste de las guerras contemporáneas rara vez se contabiliza en los partes militares. Existe una contabilidad paralela, subterránea e infinitamente más trágica, que no se escribe con pólvora sino con la fría aritmética de los mercados financieros y las cadenas de suministro globales. A miles de kilómetros de las trincheras y de las capitales en conflicto, en los hogares más vulnerables de Asia, África y América Latina, el pulso de la geopolítica se manifiesta en una despensa vacía, una factura de combustible impagable o una matrícula escolar que debe cancelarse definitivamente. La crisis que sacude el corazón del Golfo ha dejado de ser un conflicto regional para convertirse en una onda de choque socioeconómica que amenaza con devorar el futuro de toda una generación.

El más reciente y demoledor expediente presentado por UNICEF pone cifras y rostros a esta tragedia silenciosa: la escalada bélica en el epicentro energético del planeta proyecta arrojar a una cifra abrumadora de hasta veintitrés coma cuatro millones de niños adicionales a la extrema pobreza antes de que concluya el año. La investigación del organismo internacional revela que el estrangulamiento del comercio marítimo, personificado de manera dramática en el bloqueo operativo del estrecho de Ormuz, ha desencadenado una reacción en cadena que encarece los alimentos de primera necesidad, el transporte de mercancías y los servicios energéticos básicos. Esta dinámica perversa erosiona la capacidad de supervivencia de millones de hogares que ya vivían al límite de sus posibilidades, demostrando que en el siglo veintiuno las bombas arrojadas en un punto del planeta tienen la capacidad destructiva de demoler la infancia en la otra punta del mundo.

Para comprender la magnitud de este cataclismo socioeconómico es necesario analizar la anatomía de las arterias del comercio mundial. El estrecho de Ormuz, esa estrecha franja de agua por la que transita una quinta parte del petróleo del mundo y una porción colosal del gas natural licuado, se ha transformado en el nudo gordiano de la estabilidad global. Cuando el conflicto bélico paralió el tráfico de buques metaneros y petroleros en este paso estratégico, los mercados de materias primas reaccionaron con la furia histérica que caracteriza a los inversores en tiempos de incertidumbre. Los precios de la energía se dispararon en cuestión de horas, desencadenando un efecto dominó que penetró de inmediato en las estructuras productivas de casi todas las naciones en desarrollo.

La economía globalizada funciona como una maquinaria de extrema precisión pero de alarmante fragilidad. Un incremento en la cotización del crudo no se limita a encarecer el llenado del depósito de combustible de los automóviles particulares; altera de raíz el coste de la fertilización agrícola, encarece la tracción mecánica de los cultivos, multiplica las tarifas del transporte por carretera y encarece la refrigeración de los alimentos en toda la cadena de distribución. En los países con economías más vulnerables, donde las familias destinan hasta el setenta por ciento de sus ingresos mensuales exclusivamente a la compra de comida, el encarecimiento de la energía equivale a una sentencia de desnutrición programada.

La máxima responsable de la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, Catherine Russell, lo ha sintetizado con un rigor analítico desprovisto de dramatismos innecesarios: los menores están pagando la factura directa de una conflagración en la que no tienen arte ni parte, sufriendo las consecuencias de unas tensiones geopolíticas que se desarrollan muy lejos de sus comunidades. El encarecimiento de la cesta de la compra y de las matrículas educativas está expulsando a millones de núcleos familiares de la clase media precaria, mientras que para aquellos hogares que ya subsistían en la indigencia, esta sacudida representa una profundización de sus privaciones que dejará secuelas imborrables durante el resto de sus vidas.

El informe elaborado por los analistas del organismo internacional no se limita a constatar el daño presente, sino que traza dos proyecciones econométricas rigurosas en función de la evolución del conflicto armado y de la respuesta de los mercados financieros internacionales. En el primero de los supuestos, calificado como un escenario de impacto económico moderado pero persistente, la inflación acumulada y la perturbación de las rutas comerciales lograrían contenerse relativamente, pero aun así provocarían que dieciocho coma tres millones de niños caigan en la pobreza de manera fulminante. Se trata de un horizonte en el que las intervenciones internacionales consiguen estabilizar parcialmente los flujos energéticos, pero son incapaces de revertir la subida consolidada de los precios de consumo.

El segundo escenario, el más temido por las cancillerías y las agencias de desarrollo internacional, dibuja las consecuencias de un conflicto prolongado en el tiempo con un bloqueo sistemático de las infraestructuras clave de transporte de gas y crudo. En esta hipótesis de agravamiento severo, la cifra de menores desposeídos se dispara hasta los veintitrés coma cuatro millones de niños en situación de pobreza, provocando una regresión de más de una década en los indicadores de desarrollo humano. La geografía de esta catástrofe muestra una concentración aterradora: cerca del ochenta por ciento de estos nuevos niños pobres se concentran en las regiones de Asia y África, dos continentes que ya albergaban los niveles más elevados de vulnerabilidad estructural y que carecen de los colchones fiscales o los sistemas de protección social necesarios para absorber una sacudida externa de esta magnitud.

A este panorama desolador se suma un factor de riesgo que los analistas denominan la trampa de la frontera de la pobreza. Las estadísticas internacionales revelan que aproximadamente ochenta y dos millones de niños en todo el mundo sobreviven apenas por encima de la línea de la pobreza, en una zona de penumbra económica donde cualquier imprevisto de pequeña escala —una enfermedad familiar, una mala cosecha o un aumento porcentual de dos dígitos en el precio del transporte público— resulta suficiente para despeñarlos al abismo de la indigencia. Para estos millones de menores, la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio no es un concepto abstracto de la macroeconomía, sino la fuerza destructiva que destruye la frágil estabilidad de sus hogares.

Para entender el impacto real de las cifras macroeconómicas es imprescindible descender al terreno donde la inflación se traduce en sufrimiento humano directo. El informe de la agencia de las Naciones Unidas documenta casos específicos que ilustran la velocidad y la ferocidad con la que se propaga esta crisis. En Somalia, una nación asolada por décadas de inestabilidad política y sequías recurrentes, el precio del combustible se duplicó en apenas un puñado de días tras el inicio de los bloqueos marítimos en la región del Golfo. Este incremento vertiginoso provocó un encarecimiento inmediato del transporte de agua potable en camiones cisterna, paralizó parte de la distribución de suministros humanitarios y elevó el coste de los cereales básicos a niveles inalcanzables para la mayoría de la población rural.

En la vecina Etiopía, un país sin salida al mar altamente dependiente del transporte por carretera para el abastecimiento de sus provincias interiores, el precio del combustible diésel registró un incremento del treinta y uno por ciento en un periodo extremadamente breve. Esta subida de costes logísticos congeló de facto el envío de asistencia alimentaria a las comunidades más aisladas, dejando a miles de familias sin el sustento mínimo que les permitía evitar la desnutrición aguda. La cadena de transmisión del choque energético funcionó con una eficacia devastadora: el encarecimiento del barril de petróleo en los mercados de futuros de Londres o Nueva York se transformó en la paralización de los camiones de ayuda en las pistas de tierra del Cuerno de África.

El impacto no se detiene en el continente africano. En Asia, naciones con una densidad demográfica gigantesca como Bangladesh enfrentan una crisis de subsistencia de proporciones masivas. La subida descontrolada en los precios de productos de primera necesidad como el arroz, las lentejas y el aceite vegetal amenaza con empujar a la pobreza de forma directa a más de uno coma dos millones de personas en Bangladesh. Para una familia tipo en los barrios populares de Daca o en las zonas rurales del delta del Ganges, donde el salario diario apenas cubre las calorías mínimas para rendir en jornadas laborales extenuantes, la inflación de los alimentos básicos significa sencillamente la eliminación de una de las comidas diarias de los menores de la casa.

Cuando los ingresos del hogar resultan insuficientes para cubrir el coste inflado de la vida, las familias no recortan sus presupuestos en partidas superfluas, porque sencillamente nunca han dispuesto de ellas. La adaptación a la crisis exige la adopción de lo que los sociólogos y economistas denominan estrategias de supervivencia destructivas, decisiones desesperadas que ofrecen un alivio financiero inmediato a costa de mutilar el desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños a largo plazo.

La primera trinchera que se abandona es la de la calidad nutricional. Los hogares sustituyen alimentos ricos en proteínas, vitaminas y micronutrientes —como la carne, pescado, lácteos, frutas y verduras frescas— por carbohidratos baratos y de baja calidad destinados únicamente a saciar la sensación inminente de hambre. Esta transición hacia dietas deficientes durante los primeros mil días de vida o durante la etapa de crecimiento escolar genera daños irreversibles en el desarrollo cognitivo y corporal de los menores, condenándolos a un retraso madurativo que cercena sus posibilidades laborales futuras antes de que hayan alcanzado la edad adulta.

La segunda renuncia traumática se produce en el ámbito de la salud y la educación. Ante la imposibilidad de pagar el transporte hacia los centros sanitarios o de asumir el coste de las medicinas más elementales, las familias posponen o cancelan las visitas médicas, interrumpiendo calendarios de vacunación cruciales o dejando sin tratamiento enfermedades curables que terminan derivando en secuelas permanentes. Simultáneamente, miles de niños son retirados de las aulas para evitar los gastos asociados a uniformes, material escolar o transporte, o peor aún, para ser incorporados prematuramente al mercado laboral informal o al trabajo doméstico no remunerado. La descolarización forzada por razones económicas representa el fin de la única herramienta de movilidad social ascendente disponible para las clases más desfavorecidas.

Frente a este escenario de emergencia global, la respuesta de la comunidad internacional y de los gobiernos nacionales no puede limitarse a la mera aplicación de instrumentos de contención monetaria o al intento de estabilizar los precios de las materias primas a través de reservas estratégicas. Los analistas internacionales coinciden con las directrices marcadas por los organismos de infancia en que se requiere un giro radical en la arquitectura de las políticas públicas de respuesta a las crisis. La respuesta no consiste únicamente en apagar el fuego de la inflación, sino en construir cortafuegos sociales capaces de proteger a la población infantil del impacto directo de las llamas.

Resulta absolutamente prioritario que las administraciones públicas blinden de manera innegociable la inversión en los servicios públicos esenciales de los que depende de forma vital la infancia: los sistemas de salud primaria, la red de educación pública gratuita, los programas de nutrición escolar y la arquitectura de protección social. En momentos de severa restricción presupuestaria, la tentación recurrente de los ministerios de economía de recortar las partidas destinadas al gasto social para cuadrar las cuentas públicas constituye una negligencia de consecuencias históricas. Cada moneda sustraída de un comedor escolar o de un centro de salud rural para financiar el servicio de la deuda o subsidiar el consumo energético de las capas altas de la sociedad se traduce de forma directa en un deterioro del capital humano del país.

Asimismo, los expertos abogan por la ampliación urgente de los programas de transferencias monetarias directas a las familias con hijos a su cargo. La evidencia empírica acumulada en crisis anteriores demuestra que la entrega de recursos económicos directos a las madres de familia es el mecanismo más eficiente, rápido y rentable para evitar que los niños abandonen la escuela o sufran desnutrición grave. Estas ayudas dirigidas no solo previenen la caída en la indigencia de las familias situadas en la frontera de la pobreza, sino que sostienen la demanda interna en las economías locales, evitando un colapso aún mayor del tejido productivo en las comunidades más desfavorecidas.

Las economías nacionales, incluso aquellas devastadas por conflictos bélicos o hiperinflaciones desbocadas, poseen una capacidad de recuperación notable. A lo largo de la historia, las finanzas públicas se reestructuran, las divisas se estabilizan, los puertos vuelven a abrirse al comercio internacional y las infraestructuras destruidas por las bombas terminan por reconstruirse gracias al flujo de inversión pública y privada. Sin embargo, el tiempo de la biología humana no se rige por las mismas leyes que el tiempo de la macroeconomía.

El cuerpo y la mente de un niño que pasa hambre durante un periodo crítico de su desarrollo no pueden esperar a que los mercados internacionales de crudo recuperen el equilibrio o a que los diplomáticos firmen un tratado de paz en alguna capital europea. Un menor que abandona la escuela a los diez años para vender menudencias en la calle no regresa al sistema educativo cuando la inflación cede tres puntos; una niña que sufre raquitismo por falta de nutrientes esenciales a los dos años cargará con un déficit óseo y neurológico durante el resto de su existencia. Las cicatrices de la pobreza infantil son definitivas, imborrables y hereditarias.

La crisis desatada por la guerra en Oriente Medio y proyectada sobre la infancia global sitúa a la comunidad internacional ante un espejo incómodo que devuelve la imagen de una gobernanza global profundamente disfuncional y cínica. Mientras los presupuestos de defensa de los estados ricos se incrementan a ritmos récord y los grandes actores geopolíticos invierten sumas astronómicas en la modernización de sus arsenales militares, la arquitectura de la ayuda humanitaria y la protección social para los más vulnerables agoniza por falta de fondos. La incapacidad para contener un conflicto regional y la pasividad ante sus consecuencias económicas globales demuestran que, en el orden mundial contemporáneo, el sufrimiento de veintitrés millones de niños sigue siendo considerado un mero daño colateral e inevitable en la gran partida de la geopolítica de las potencias.