Los países democráticos no suelen abandonar sus principios de forma abrupta. Los erosionan por acumulación: excepciones temporales que se prolongan, poderes extraordinarios que se normalizan y decisiones justificadas por la seguridad que acaban redefiniendo los límites de la libertad. La reciente decisión del Parlamento israelí de prorrogar y ampliar la llamada “Ley Al Jazeera” encaja con inquietante precisión en ese patrón.
La Knesset ha aprobado en segunda y tercera lectura una reforma que extiende durante dos años más la facultad del gobierno para suspender las emisiones de medios extranjeros, incluso en ausencia de un estado de emergencia. El cambio no es técnico ni marginal. Elimina la necesidad de autorización judicial previa y consolida en manos del ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, y del primer ministro Benjamin Netanyahu, la capacidad de cerrar medios y confiscar equipos si consideran que estos suponen una amenaza para la seguridad del Estado.
El voto fue ajustado pero revelador: 22 a favor y 10 en contra, entre estos últimos nueve diputados árabes. La aritmética parlamentaria refleja una fractura más profunda: no solo entre derecha e izquierda, sino entre dos concepciones opuestas del Estado israelí en tiempos de conflicto prolongado.
La emergencia como excusa
Cuando en abril de 2024 Israel aprobó la orden temporal que permitió cerrar la oficina de Al Jazeera y suspender sus emisiones, el país se encontraba inmerso en una guerra abierta en Gaza. El argumento era familiar: un medio extranjero, financiado por un Estado hostil, podía actuar como instrumento de propaganda y poner en riesgo la seguridad nacional. La medida se presentó como excepcional, limitada en el tiempo y vinculada explícitamente al estado de emergencia.
La nueva ley rompe con ese marco. La emergencia deja de ser condición y la excepcionalidad se vuelve estructural. El poder ejecutivo ya no necesita justificar ante un juez la clausura de un medio ni demostrar la existencia de una situación extraordinaria. Basta con la valoración política de una amenaza.
Este desplazamiento es significativo. No se trata solo de Al Jazeera, sino del precedente que se establece para cualquier medio extranjero que opere en Israel. La pregunta ya no es si el Gobierno puede cerrar un canal concreto, sino quién decide qué constituye una amenaza y bajo qué controles.
Seguridad nacional contra pluralismo informativo
Israel no es un país ingenuo respecto a la guerra informativa. Rodeado de adversarios estatales y no estatales, ha desarrollado durante décadas una concepción amplia de la seguridad nacional, en la que la narrativa importa casi tanto como el territorio. Desde esa lógica, Al Jazeera es percibida no como un actor periodístico independiente, sino como un brazo mediático de Qatar, con una línea editorial hostil a Israel y empática con Hamás.
Sin embargo, la fortaleza de una democracia no se mide por su capacidad para silenciar voces hostiles, sino por su disposición a tolerarlas. Israel se ha definido históricamente como la única democracia liberal de Oriente Próximo, una identidad que ha servido tanto como argumento moral frente a sus enemigos como escudo diplomático ante sus aliados occidentales. Medidas como esta erosionan ese relato.
La eliminación de la supervisión judicial es especialmente problemática. En democracias consolidadas, incluso las restricciones más severas a la libertad de expresión suelen estar sujetas a revisión independiente. Sustituir ese control por la discrecionalidad del Ejecutivo acerca a Israel a prácticas más propias de regímenes iliberales, incluso si el contexto de seguridad es excepcional.
Normalización del poder absoluto
El trasfondo político es ineludible. Benjamin Netanyahu es el primer ministro que más tiempo ha gobernado Israel y lo hace ahora al frente de una coalición profundamente polarizada, dependiente de partidos ultranacionalistas y religiosos. Desde antes del 7 de octubre, su Gobierno ya estaba enfrentado a una sociedad civil movilizada contra reformas que debilitaban al poder judicial.
La ampliación de la “Ley Al Jazeera” encaja en una tendencia más amplia: la concentración de poder en el Ejecutivo y la reducción de contrapesos institucionales, justificada por una sensación de asedio permanente. La guerra ha acelerado este proceso, pero no lo ha creado.
Para Netanyahu, la batalla por el control del relato internacional es casi tan crucial como la militar. En un conflicto donde la legitimidad externa condiciona el apoyo diplomático y militar, permitir la operación de medios críticos se percibe como una vulnerabilidad estratégica. El riesgo es que esa lógica, llevada demasiado lejos, termine socavando los fundamentos democráticos que Israel dice defender.
Precedente incómodo para Occidente
Para los aliados occidentales de Israel, la ley plantea un dilema incómodo. Estados Unidos y la Unión Europea han defendido repetidamente la libertad de prensa como valor central de su política exterior. Sin embargo, su margen de presión sobre Israel se ha reducido drásticamente en un contexto de guerra y polarización regional.
Aceptar en silencio la normalización de estas medidas implica rebajar el listón de lo que se considera aceptable en una democracia aliada. Criticarlas abiertamente, en cambio, puede interpretarse en Jerusalén como una falta de comprensión de sus amenazas existenciales. El resultado probable es una ambigüedad calculada, que erosiona gradualmente la credibilidad normativa de Occidente.
Excepción que define el sistema
La “Ley Al Jazeera” no anuncia el fin de la democracia israelí. Pero sí ilustra cómo las democracias pueden transformarse desde dentro, no por un golpe autoritario, sino por la acumulación de decisiones que desplazan el equilibrio entre seguridad y libertad.
Israel sigue celebrando elecciones competitivas, mantiene una prensa nacional vibrante y conserva instituciones formales sólidas. Pero la línea entre lo temporal y lo permanente se ha vuelto borrosa. Y cuando la excepción deja de necesitar justificación, deja de ser una excepción.