Enero y febrero de 2025, mientras el mundo dirigía su atención hacia Gaza, un drama igualmente devastador se desarrollaba en silencio en Cisjordania. Tres campamentos de refugiados (Jenin, Tulkarem y Nur Shams) se convirtieron en escenarios de una operación militar que Human Rights Watch (HRW) califica de desplazamiento forzado masivo, con implicaciones que rozan los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Más de 32.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares, muchos de los cuales fueron demolidos deliberadamente por las fuerzas israelíes, y no se les ha permitido regresar.
El informe de HRW, titulado “Todos mis sueños han sido borrados: el desplazamiento forzado de palestinos por parte de Israel en Cisjordania”, (que pueden consultar al final de este artículo) detalla la llamada Operación Muro de Hierro. Con drones, altavoces, helicópteros y excavadoras, las fuerzas israelíes ordenaron abruptamente la evacuación de los civiles. Testigos describen escenas de saqueos, interrogatorios y demoliciones mientras las familias eran expulsadas de sus casas, obligadas a buscar refugio en mezquitas, escuelas o en viviendas abarrotadas de familiares y amigos. En muchos casos, incluso cuando cesaron las operaciones militares, se les impidió regresar.
La destrucción no fue simbólica ni accidental. Imágenes satelitales analizadas por HRW y el Centro de Satélites de la ONU muestran que seis meses después, más de 1.400 edificios sufrieron daños, incluidos 652 gravemente afectados. Los campamentos, establecidos por la UNRWA a principios de los años cincuenta para albergar a refugiados palestinos desplazados tras la creación del Estado de Israel, se convirtieron en ruinas, y sus habitantes en desplazados permanentes.
El derecho internacional es claro: el Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe el desplazamiento de civiles, salvo por razones militares imperativas, y garantiza el derecho de los desplazados a regresar y recibir protección y alojamiento adecuado. Las autoridades israelíes justifican la operación por supuestas amenazas de seguridad, pero Human Rights Watch no encontró evidencia de que la expulsión completa de los civiles fuera la única opción viable. Además, altos funcionarios israelíes han reiterado públicamente que, si los residentes continúan supuestas actividades “terroristas”, los campamentos serían declarados inhabitables y sus habitantes obligados a emigrar.
El informe denuncia que estas prácticas constituyen no solo crímenes de guerra y de lesa humanidad, sino una forma de limpieza étnica, un término no legal que describe la expulsión sistemática de un grupo étnico de su territorio por parte de otro. Los altos mandos implicados, desde el comandante del Comando Central israelí hasta el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, deberían ser investigados bajo los principios de responsabilidad de mando, según Human Rights Watch y expertos en derecho internacional.
Este capítulo de violencia en Cisjordania se enmarca en un contexto más amplio de represión: detenciones administrativas sin juicio, demoliciones de viviendas, expansión de asentamientos ilegales, violencia de colonos y tortura de detenidos palestinos. La combinación de desplazamiento forzado, destrucción de hogares y represión sistemática conforma un patrón de abuso que exige respuesta internacional.
Human Rights Watch insta a los gobiernos a actuar: sanciones específicas contra los responsables, cumplimiento de órdenes de la Corte Penal Internacional, suspensión de acuerdos comerciales preferenciales y embargo de armas hasta que Israel cese sus políticas represivas. La comunidad internacional, advierten, no puede permitir que la atención centrada en un conflicto paralelo sirva de cortina de humo para la perpetuación de violaciones graves en Cisjordania.
El testimonio de quienes vivieron la expulsión lo resume con crudeza: “Todos mis sueños han sido borrados”. No se trata solo de casas destruidas, sino de vidas y comunidades fracturadas. La memoria internacional no debe borrar estos hechos, ni permitir que la impunidad se consolide. En un mundo donde el derecho internacional es cada vez más cuestionado, la exigencia de justicia no puede limitarse a palabras: requiere acción concreta y responsable.