Las cifras ya no son solo números: son cuerpos destrozados, hogares destruidos y comunidades fracturadas. En medio de una ofensiva de décadas, los últimos meses han llevado a un punto crítico la tragedia palestina: redadas, arrestos masivos en Cisjordania, llamamientos de las agencias de ayuda internacional, acusaciones y confirmación de genocidio, cortes de servicios básicos, cortes humanitarios. La política ha dejado de ser una cuestión de defensa para convertirse en una herramienta de opresión institucionalizada.
Ayer, la Sociedad de Presos Palestinos (PPS), informó de que más de 120 palestinos han sido detenidos en Cisjordania desde el inicio de la semana, incluyendo mujeres y niños. Las redadas se concentran en Hebrón, Jenin, Qalqilya, Nablus, entre otras regiones.
Estas detenciones, que suman en total unos 19.000 desde que se intensificó la operación de exterminio contra Gaza, no se limitan al arresto pasivo. Las organizaciones palestinas denuncian ejecuciones sin juicio, destrucción de propiedades, interrogatorios violentos y violencia física.
La solidaridad global exige respuestas
Más de 20 organizaciones humanitarias han enviado una carta urgente a la ONU y a los líderes estatales pidiendo acción para frenar el “genocidio” en Gaza. Se apoyan en los hallazgos de una comisión independiente de Naciones Unidas que identifica varios de los actos perpetrados como alineados con la Convención de Ginebra de 1948.
La carta denuncia que el bloqueo, los bombardeos sobre vecindarios residenciales, la militarización del acceso a ayuda humanitaria, y la interrupción de servicios esenciales como agua y electricidad, constituyen una “amenaza letal” para la población civil. Las agencias alertan de que la situación puede deteriorarse aún más si no hay intervención urgente.
Estado de excepción cotidiana
El genocidio en Gaza no es un acontecimiento aislado, como pretende hacer creer Israel, sino que ha generado lo que analistas geopolíticos llaman un estado de excepción permanente. Detenciones arbitrarias en Cisjordania, demolición de viviendas, cortes de servicios públicos (agua, electricidad, comunicaciones) configuran un régimen donde la vida civil se ve reducida al mínimo.
El aumento de presos, incluyendo niños y mujeres, no solo es un dato jurídico, sino la manifestación de una política de control territorial, de hegemonía de lo militar sobre lo civil. En muchos casos, los procedimientos judiciales resultan inaccesibles o se demoran indebidamente. En paralelo, el acceso a la ayuda médica, la seguridad alimentaria y la movilidad se convierten en privilegios sujetos a permisos, pasos militares, bloqueos.
Genocidio
La palabra “genocidio” no se usa a la ligera. En la carta colectiva, las organizaciones denuncian que Israel habría cometido cuatro de los cinco actos contemplados en la Convención de 1948: asesinato, daño físico o mental grave, sometimiento físico intencional, medidas destinadas a impedir los nacimientos, y desplazamiento forzado.
Algunos gobiernos y actores internacionales siguen mostrando reticencia a usar la palabra, ya sea por consideraciones diplomáticas, estratégicas o políticas, ya sea por complejo de culpabilidad, como es el caso de Alemania. Pero incluso entre quienes evitan el término, hay consenso creciente en que lo que está ocurriendo en Gaza exige responsabilidad y medidas urgentes. No se trata ya de condenas retóricas, sino de acción tangible: protección de civiles, corredores humanitarios, rendición de cuentas para las fuerzas que cometen abusos.
Implicaciones geopolíticas y dilemas morales
Este deterioro no sólo afecta a Gaza y Cisjordania, sino que pone a prueba la credibilidad internacional de las instituciones de derechos humanos, la ONU, la Corte Penal Internacional y las naciones que claman “paz” mientras toleran hechos que el derecho internacional califica como crímenes contra la humanidad.
Para muchos países árabes y de mayoría musulmana, así como para las organizaciones humanitarias, hay un doble rasero que ya no se tolera: la rapidez con que Occidente se solidariza o sanciona ciertas invasiones (como la de Ucrania) y la lentitud o la ambigüedad ante las crisis palestinas. Esa incoherencia mina la legitimidad moral de quienes exigen al Estado de Israel responsabilidad, pero temen asumir el costo político de la crítica abierta.