El último informe presentado por relatoras independientes de la ONU traza un retrato devastador de la guerra en Gaza, poniendo el foco en una dimensión frecuentemente invisibilizada: el impacto desproporcionado sobre mujeres y niñas. Lejos de ser un daño colateral, los datos apuntan a una catástrofe humanitaria con rostro femenino, donde la violencia armada ha adquirido una dimensión estructural que atraviesa la vida cotidiana, los cuerpos y el futuro de toda una generación.
Entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, más de 38.000 mujeres y niñas han sido asesinadas como consecuencia directa de los bombardeos y las operaciones militares de Israel. La cifra, por sí sola, resulta estremecedora: más de 22.000 mujeres y 16.000 niñas, lo que equivale a un promedio de al menos 47 muertes diarias. Pero detrás de esos números hay algo más que estadísticas. Son vidas truncadas en masa, vínculos familiares destruidos y comunidades enteras desarticuladas.
La gravedad de estos datos no reside únicamente en su magnitud, sino en su carácter excepcional. Según el análisis presentado por ONU Mujeres, la proporción de mujeres y niñas asesinadas supera la registrada en conflictos anteriores en la misma región. Este hecho cuestiona de manera directa los principios básicos del derecho internacional humanitario, que establecen la protección de la población civil como un pilar irrenunciable. La guerra, en este caso, no solo golpea indiscriminadamente: lo hace con una intensidad que revela fallos profundos en los mecanismos de protección.
Incluso tras el anuncio del alto el fuego en octubre de 2025, la violencia no ha cesado. Más de 730 personas han muerto y más de 2.000 han resultado heridas en los meses posteriores, lo que evidencia la fragilidad de cualquier intento de estabilización. La persistencia de ataques y enfrentamientos prolonga una situación en la que la población civil continúa atrapada en un ciclo de inseguridad constante. Para las mujeres y niñas, esto se traduce en una exposición continua al riesgo, la pérdida y la precariedad extrema.
El impacto no termina con la supervivencia. Cerca de 11.000 mujeres y niñas viven ahora con lesiones irreversibles que implican discapacidades de por vida. Esta realidad introduce una dimensión adicional de la tragedia: la de quienes sobreviven, pero quedan marcadas física y psicológicamente en un entorno donde los sistemas sanitarios han colapsado. La guerra no solo mata; también condena a miles de personas a una existencia profundamente limitada.
A esta crisis se suma el deterioro de las condiciones de vida. Aproximadamente 790.000 mujeres y niñas enfrentan distintos grados de hambre y desnutrición. La escasez de alimentos, el bloqueo de suministros y la destrucción de infraestructuras básicas configuran un escenario donde la supervivencia diaria se convierte en una lucha constante. En este contexto, la inseguridad alimentaria no es un problema aislado, sino una herramienta de devastación que agrava las desigualdades y multiplica el sufrimiento.
El informe no se limita a documentar cifras; constituye una denuncia directa sobre la insuficiencia de la respuesta internacional. La organización reclama la aplicación efectiva del alto el fuego, el respeto del derecho internacional y medidas concretas para garantizar la protección de mujeres y niñas. Sin embargo, la distancia entre estas demandas y la realidad sobre el terreno pone en evidencia una brecha alarmante entre los compromisos formales y su implementación.