La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) ha calificado de “aparente ejecución sumaria” la muerte de dos palestinos a manos de la policía fronteriza israelí en Yenín, en el corazón de la Cisjordania ocupada. La escena, grabada aparentemente por un canal de televisión local, ha provocado una reacción inusualmente contundente del organismo internacional, que se declaró “horrorizado” por lo que describe como un episodio “descarado” de fuerza letal sin justificación.
La polémica no surge solo del tiroteo, sino de la respuesta posterior. Pese al anuncio de una revisión interna, las declaraciones de un alto funcionario israelí, exonerando de antemano a las fuerzas de seguridad, han llevado al ACNUDH a cuestionar abiertamente la credibilidad de cualquier investigación que no sea completamente independiente del Gobierno israelí. En un conflicto donde la narrativa es un campo de batalla tan decisivo como el terreno físico, este tipo de gestos no son menores: socavan la confianza internacional en los mecanismos de supervisión israelíes y amplifican las críticas sobre la ausencia de rendición de cuentas.
Estadística mortal que crece sin freno
El episodio de Yenín no es un caso aislado, sino parte de una tendencia más amplia que preocupa a las organizaciones internacionales. Según la ACNUDH, desde el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes y colonos han matado a 1.030 palestinos en Cisjordania, incluidos 233 niños. La cifra es extraordinaria incluso para un territorio acostumbrado a la violencia cíclica.
A eso se suma el devastador recuento en la Franja de Gaza, donde casi 70.000 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños, según estimaciones respaldadas por comisiones de investigación de la ONU y expertos independientes. Estos organismos no han dudado en describir la campaña militar israelí como parte de un genocidio en marcha, un término legal y políticamente explosivo que sitúa el conflicto en un terreno de consecuencias potencialmente históricas.
Israel: seguridad sin legitimidad
Para Israel, el dilema es evidente. El país sostiene que actúa en defensa propia frente a amenazas armadas, pero la creciente percepción internacional de impunidad, sumada a la ampliación de los asentamientos y la violencia de colonos, crea un vacío de legitimidad que se vuelve estratégicamente insostenible. Si la seguridad inmediata se prioriza a costa de la reputación global, el Estado corre el riesgo de cambiar victorias tácticas por derrotas estratégicas a largo plazo, especialmente en un contexto donde el apoyo occidental empieza a mostrar fisuras.
La crítica de la ACNUDH subraya este punto. “Debe terminar la impunidad por el uso ilegal de la fuerza y la violencia creciente de colonos”, afirmó su portavoz, Jeremy Laurence. Cuando el organismo encargado de velar por los derechos humanos advierte sobre un colapso del sistema de control interno, la señal es inequívoca: la política israelí en los Territorios Ocupados está entrando en una fase de aislamiento diplomático cada vez más profundo.
Implicaciones globales
Las palabras del Alto Comisionado, Volker Türk, pidiendo investigaciones “independientes, prontas y efectivas”, reflejan algo más que indignación moral. Señalan un punto de inflexión potencial en la gobernanza internacional del conflicto. Si se consolida la postura de que Israel no está dispuesto a investigar sus propias acciones, aumentarán las presiones para que tribunales externos, como la Corte Penal Internacional, asuman el liderazgo.
Esto tendría implicaciones geopolíticas de enorme profundidad: desde el reajuste de alianzas fuera y dentro de Oriente Medio hasta un fortalecimiento de los actores que buscan reequilibrar el orden internacional erosionando el poder estadounidense, tradicional aliado y escudo diplomático de Israel.
Más allá de Yenín
La muerte de dos hombres en Yenín puede parecer un episodio más en un conflicto prolongado. Pero su significado político es mayor. Funciona como un símbolo: el recordatorio de que la cuestión palestina sigue siendo un eje central de la política global, capaz de erosionar posiciones diplomáticas, trastocar alianzas regionales y reconfigurar la conversación sobre la legalidad internacional en pleno siglo XXI.
Para Israel, para Palestina y para una comunidad internacional cada vez más fragmentada, el coste de la impunidad puede terminar siendo más alto que el de la violencia misma.