En Washington, los informes del Senado de Estados Unidos suelen competir por atención en un ecosistema saturado de escándalos, cifras y declaraciones partidistas. Pero algunos documentos destacan no tanto por lo que revelan como por lo que desmienten de forma directa. El informe del Senado estadounidense, al que Diario Sabemos ha tenido acceso, pertenece a esta última categoría: no solo documenta abusos cometidos por agentes de inmigración, sino que contradice frontalmente una de las afirmaciones centrales de la administración Trump: que ningún ciudadano estadounidense ha sido detenido en operativos migratorios.
La investigación del Senado recoge testimonios de decenas de ciudadanos estadounidenses que describen un patrón inquietante de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, acusaciones fabricadas y negación sistemática de derechos constitucionales. No se trata de errores aislados, sino, como señala el propio informe, de prácticas recurrentes del aparato migratorio federal que alcanzan incluso a niños ciudadanos de Estados Unidos.
El documento adquiere una relevancia política particular porque contradice declaraciones recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En marzo, su secretaria, Kristi Noem, fue categórica: “Ningún ciudadano estadounidense ha sido arrestado ni detenido”. El informe congresual, basado en testimonios directos, entrevistas oficiales y casos documentados, demuestra que esa afirmación no es cierta.
Más que casos aislados
Lejos de limitarse a anécdotas individuales, el informe del Senado de Estados Unidos construye un retrato estructural del funcionamiento de los operativos migratorios bajo la administración Trump. Los ciudadanos entrevistados relatan haber sido sacados de sus automóviles, detenidos durante días, privados de acceso a abogados, acusados falsamente de agresión y negados atención médica, aun después de demostrar su ciudadanía estadounidense.
Especialmente graves son los hallazgos relacionados con menores de edad. El informe concluye que los agentes federales “trataron a los niños con un desprecio imprudente por su seguridad y bienestar”. En uno de los testimonios más perturbadores, agentes federales apuntaron con armas de fuego a niños de seis y ocho años, mientras una adolescente de catorce años era inmovilizada con bridas durante una redada en un hipódromo rural de Idaho. Todos eran ciudadanos estadounidenses nacidos en Estados Unidos.
Anabel Romero, una de las testigos centrales del informe, relató que un agente federal la amenazó con “volarle la cabeza” durante el operativo. También denunció que los agentes impidieron a las familias acceder a comida y pañales para sus hijos. Romero y todos sus hijos nacieron en Idaho, un dato que el informe subraya para desmontar cualquier ambigüedad sobre su estatus legal.
El Senado contra Trump
El senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut y principal impulsor del informe, destacó el carácter sistémico de los abusos. “La brutalidad y la violencia física aparecen en prácticamente cada relato”, afirmó. Para Blumenthal, lo documentado no solo es ilegal, sino incompatible con los valores fundacionales de Estados Unidos.
El informe adquiere aún mayor peso institucional al coincidir con un momento de expansión del poder de las agencias migratorias, respaldado en parte por decisiones judiciales recientes. El pasado otoño, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una orden temporal que permite a agentes de inmigración en el área de Los Ángeles detener a civiles sin una causa claramente definida.
El juez Brett Kavanaugh minimizó los riesgos al sostener que, si una persona resulta ser ciudadana, “es liberada de inmediato”. El informe del Senado, sin embargo, documenta ciudadanos estadounidenses detenidos durante cuatro días, así como múltiples casos de retenciones prolongadas sin contacto con abogados ni familiares.
Política migratoria sin registros oficiales
Uno de los hallazgos más reveladores del informe del Senado es la ausencia total de datos oficiales. El gobierno federal no lleva un registro del número de ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente por agentes de inmigración. Esta falta de contabilidad institucional impide la supervisión democrática y facilita la negación sistemática por parte del Ejecutivo.
Más de 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en 2025, incluidos casi 20 niños. Algunos permanecieron semanas retenidos junto a madres indocumentadas sin acceso a representación legal. El informe del Congreso valida estos datos y los eleva al rango de evidencia legislativa oficial.
Más allá de la administración Trump, el informe del Senado de Estados Unidos plantea una pregunta estructural: ¿hasta qué punto el Estado está dispuesto a vulnerar los derechos de sus propios ciudadanos en nombre del control migratorio? La respuesta implícita del DHS, que volvió a negar los hechos incluso tras la publicación del informe, sugiere una burocracia más enfocada en proteger su narrativa política que en corregir abusos documentados.
Cinco ciudadanos estadounidenses testificarán públicamente en el Capitolio. Sus historias, ya recogidas en el informe, difícilmente transformarán de inmediato la política migratoria. Pero colocan una pregunta incómoda en el centro del debate nacional: cuando el poder del Estado se ejerce sin límites claros nadie está realmente protegido.
En un país que se define por el Estado de derecho, el hecho de que la ciudadanía estadounidense ya no garantice protección frente al aparato represor de Donald Trump debería ser motivo de algo más que indignación partidista. Debería ser, como advirtió el senador Blumenthal, irreconocible como algo propio de Estados Unidos.