El Despacho Oval suele ser ese plató deslumbrante donde el poder posa para la foto. Pero este lunes, las cámaras que debían retratar al presidente Donald Trump prefirieron enfocar la nada. Un silencio de focos apagados que retumbó en todo Washington.
En un gesto inédito que rompe con el feroz "sálvese quien pueda" de las grandes cadenas, ABC, CBS, NBC... e incluso Fox News, dijeron basta. Se plantaron. Suspendieron de golpe las transmisiones conjuntas de los actos de Donald Trump por el veto de la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico.
La jugada de Trump era tan vieja como el poder mismo: retirar credenciales sin previo aviso para castigar a los cronistas incómodos. Dinamitar el pool de prensa, ese pacto no escrito por el que una cadena graba y comparte la señal con todas las demás, para aislar a las voces críticas. Pero la maniobra le salió el tiro por la culata.
Donald Trump no esperaba que la profesión cerrara filas de esta manera, que hasta la ultraconservadora Fox News se sumara al plante demuestra que, esta vez, se cruzó una línea roja.
Lejos de frenar, Trump tiró de manual en su red Truth Social. Nada de autocrítica. Negó que esto fuera un ataque a la prensa libre y volvió a desempolvar su comodín favorito: la cruzada contra las "noticias falsas", a las que llegó a calificar de "cáncer" para el país. Un discurso que busca transformar el trabajo de investigar al presidente en un delito de traición. Que hable de fake news el personaje al que tienen que desmentir un día sí y al otro también por utilizar su red social para lanzar informaciones falsas o que gobierna con el manual de las teorías de la conspiración tiene miga.
Pues bien, la batalla ha saltado de los pasillos del ala oeste directamente a las moquetas de los tribunales. CNN, MS NOW y Politico han presentado una demanda urgente ante un juez federal en Washington D.C. Invocan nada menos que la Primera Enmienda y exigen una orden de emergencia para que les devuelvan las acreditaciones de inmediato. Quieren volver a entrar. Y quieren hacerlo ya.
Lo que se está debatiendo en los juzgados de la capital no va de acreditaciones, plástico o sillas en la sala de prensa. Va de algo mucho más grande: el principio de que ningún gobernante, por muy poderoso que se crea, tiene el derecho de elegir a los testigos de su propia historia.
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