La política exterior de Estados Unidos tiene una larga tradición de decisiones ejecutivas audaces presentadas como inevitables. El ataque ordenado por Donald Trump en Venezuela y el anuncio posterior de la captura de Nicolás Maduro y su esposa se inscribe con comodidad en esa genealogía. Pero si el gesto pretendía proyectar fuerza, lo que ha conseguido hasta ahora es reabrir una grieta constitucional, exponer la fragilidad del consenso interno en Washington y sembrar dudas inquietantes sobre el “día después” en Venezuela, un país ya exhausto por años de crisis política y económica.
La reacción inicial no vino de los principales líderes demócratas del Congreso, sino de la base legislativa del Partido Demócrata. Ese detalle es revelador. En Washington, cuando los rangos medios alzan la voz antes que la cúpula, suele ser señal de que el terreno es políticamente resbaladizo. La acusación central es conocida, pero no por ello menos grave: el presidente actuó sin autorización del Congreso, en ausencia de una amenaza inminente para Estados Unidos, y sin una estrategia clara para gestionar las consecuencias de una intervención militar.
El representante Seth Moulton, demócrata por Massachusetts, sintetizó el temor que recorre al partido con una referencia histórica cargada de advertencia: “Irak 2.0”. No se trata tanto de comparar escenarios militares como de señalar un patrón: guerras electivas, justificadas con argumentos legales elásticos, que comienzan con operaciones quirúrgicas y terminan en compromisos prolongados y costosos. La experiencia estadounidense en el siglo XXI ha enseñado que derrocar a un régimen es siempre más fácil que reemplazarlo.
Donald Trump, fiel a su estilo, desestimó las críticas como mera queja partidista. En su lectura, el éxito táctico militar basta como legitimación política. Sin embargo, incluso bajo los estándares expansivos del poder presidencial en materia de seguridad nacional, el caso venezolano plantea problemas difíciles de soslayar. El Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza contra Venezuela, y la administración había insistido durante meses en que su campaña militar en América Latina no perseguía explícitamente un cambio de régimen. La captura de Maduro desmiente esa línea y alimenta la acusación de que el Legislativo fue engañado.
El representante Jim Himes, demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, fue uno de los pocos líderes en reaccionar con rapidez. Su objeción fue quirúrgica: incluso si se acepta que Maduro es un gobernante ilegítimo, no se ha presentado evidencia de una amenaza que justifique una acción militar sin aval del Congreso, ni un plan creíble para evitar el colapso institucional de Venezuela. En otras palabras, el problema no es solo legal; es estratégico.
Algunos republicanos compartieron inicialmente esas dudas. El senador Mike Lee, de Utah, cuestionó la base constitucional de la operación militar antes de alinearse, tras una llamada del secretario de Estado Marco Rubio, con el argumento clásico del Artículo II de la Constitución: la autoridad inherente del presidente para proteger al personal estadounidense frente a ataques reales o inminentes. Es una justificación conocida, pero notablemente flexible, y que en este caso depende de una amenaza que la Casa Blanca no ha explicado con claridad.
Más inquietante aún es el precedente político y legal que esta lógica establece. El senador Tim Kaine lo formuló como una pendiente resbaladiza: si el presidente puede actuar unilateralmente en Venezuela, ¿por qué no en Irán, Gaza, Nigeria, Groenlandia o incluso dentro de Estados Unidos? La pregunta no es retórica. La concentración de los poderes de guerra en el Ejecutivo ha sido uno de los rasgos más persistentes y menos resueltos del sistema político estadounidense desde el 11 de septiembre de 2001.
El malestar demócrata se ve amplificado por un dato incómodo para la Casa Blanca: la opinión pública estadounidense. Una encuesta de Quinnipiac de diciembre mostró que solo el 25% de los estadounidenses apoyaba una intervención militar en Venezuela. Incluso las operaciones más limitadas, como los ataques a embarcaciones con presuntos narcotraficantes, resultaron ampliamente impopulares. Para veteranos de guerra como el senador Rubén Gallego, que combatió en la guerra de Irak, el paralelismo no es abstracto: es personal. Su pregunta —“¿quién está a cargo de Venezuela ahora?”— resume la ansiedad estratégica que suele aparecer cuando la victoria inicial deja más interrogantes que certezas.
No todos los demócratas se oponen al objetivo. La representante Debbie Wasserman Schultz, copresidenta del Caucus Congresional para la Democracia en Venezuela, calificó la captura de Maduro como una buena noticia. Pero incluso ella subrayó la ausencia de consulta al Congreso como un error que podría poner en riesgo la transición política posterior. Es una posición que refleja una tensión clásica en la política exterior liberal: apoyo a la democracia como fin, pero preocupación por los medios.
Desde el ala más dura del Partido Republicano, la respuesta ha sido menos matizada. El senador Lindsey Graham despachó las objeciones legales como “teorías absurdas” y acusó a los críticos de indiferencia ante lo que describe como un “califato de la droga” en el hemisferio occidental, con Venezuela como eje central. El lenguaje es hiperbólico, pero cumple una función política clara: transformar un debate constitucional en una prueba de patriotismo.
En última instancia, el episodio venezolano dice menos sobre Caracas que sobre Washington. Revela un sistema en el que el Congreso protesta pero rara vez frena al presidente, una presidencia cada vez más dispuesta a actuar primero y justificar después, y una política exterior estadounidense que oscila entre el cansancio bélico del electorado y la tentación recurrente de demostrar fuerza militar.
Donald Trump ha conseguido, al menos por ahora, una victoria dramática. Pero la historia reciente sugiere que el verdadero costo no se mide en el momento del anuncio, sino en los meses y años posteriores. En Venezuela, el vacío de poder puede ser tan peligroso como el régimen que se ha derribado. Y en Estados Unidos, cada guerra sin autorización del Congreso desgasta un poco más el frágil equilibrio entre poder ejecutivo y democracia constitucional.