La Comisión Europea sostiene que Groenlandia está amparada por la cláusula de defensa mutua de la Unión, el artículo 42.7 del Tratado de la UE. La afirmación, técnicamente sólida pero políticamente incómoda, llega en un momento de creciente tensión geoestratégica en el Ártico y pone de relieve una vieja fragilidad europea: la distancia entre el marco jurídico y la capacidad real de actuación.
Desde Bruselas se recuerda que Groenlandia, aunque no forme parte de la UE, es territorio del Reino de Dinamarca y, por tanto, entra en el supuesto de “agresión armada en el territorio de un Estado miembro”. La lectura no es nueva, pero sí adquiere un peso distinto cuando el actor potencialmente agresor no es un rival clásico, sino un aliado central como Estados Unidos.
Soberanía europea, pero con matices
El artículo 42.7 es claro en su formulación y deliberadamente ambiguo en su aplicación. Obliga a prestar “ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance”, pero no define ni el tipo ni el alcance de esa ayuda, ni establece una cadena de mando común. La decisión última es política, bilateral y, en la práctica, condicionada por la OTAN.
Ahí reside la paradoja. La UE reivindica una cláusula de defensa propia, pero subordina explícitamente su aplicación a los compromisos atlánticos. En el caso de Groenlandia, esta subordinación es total: la isla es estratégica para la OTAN, alberga infraestructuras militares clave y se encuentra en el centro de la competencia global por el Ártico. Cualquier escenario de tensión pasa antes por Washington que por Bruselas.
El silencio calculado de Ursula von der Leyen no es casual. Al eludir una respuesta directa sobre una eventual intervención europea frente a Estados Unidos, la presidenta de la Comisión evita un conflicto que la UE no está preparada para gestionar ni militar ni diplomáticamente. Su insistencia en que Groenlandia puede contar con apoyo “político, económico y financiero” es reveladora: delimita el terreno de actuación europeo sin cruzar líneas rojas.
El precedente de 2015, cuando Francia activó el artículo 42.7 tras los atentados de París, demuestra que la cláusula funciona más como mecanismo de solidaridad flexible que como garantía de defensa colectiva. Entonces, la asistencia se tradujo en refuerzos indirectos y alivio de cargas militares, no en una respuesta común estructurada. Nada indica que hoy el resultado sería distinto.
La cuestión de fondo es menos jurídica que estratégica. La UE reclama autonomía, pero sigue careciendo de una doctrina de defensa creíble y operativa fuera del paraguas estadounidense. Groenlandia expone esa contradicción con crudeza: Europa afirma que el territorio está cubierto, pero confía en que nunca tenga que demostrarlo.
En un contexto de rivalidad global creciente, el debate no es si el artículo 42.7 se aplica a Groenlandia, sino qué significa realmente para la UE asumir las consecuencias de su propia letra pequeña. Por ahora, Bruselas se limita a subrayar el texto del tratado mientras desplaza la responsabilidad al terreno donde siempre ha estado: la OTAN y, en último término, Washington.