Durante más de un siglo, el lobby de las grandes petroleras ha sido una fuerza gravitacional en la política fiscal y climática de Estados Unidos. Su influencia, persistente, sofisticada y extraordinariamente rentable, ha moldeado un sistema tributario que recompensa al sector que más contribuye al calentamiento global. Las generosas exenciones fiscales y subsidios federales destinados a compañías como ExxonMobil y Chevron explican por qué estas corporaciones gozan de tasas impositivas de un solo dígito, inferiores incluso a las que pagan muchas enfermeras, bomberos o maestros. El resultado es un régimen que impulsa simultáneamente la catástrofe climática y una desigualdad económica cada vez más pronunciada.
La desmesura política del sector quedó clara cuando los lobistas de los combustibles fósiles dominaron la COP30, superando en número a las delegaciones de casi todos los países y maniobrando para frenar cualquier intento de acordar una eliminación rápida del petróleo y el gas. Fue un recordatorio contundente de que la influencia de la industria no solo opera en Washington, sino también en la arquitectura global de la gobernanza climática.
En Estados Unidos, esa influencia ha generado un sistema de concesiones gubernamentales tan amplio que, según un reciente informe de la Coalición FACT, las principales petroleras del país pagan hoy más impuestos a gobiernos extranjeros que al Tesoro estadounidense. El análisis de once compañías con operaciones en el extranjero muestra cómo décadas de presión legislativa han producido un código tributario diseñado para sostener una industria fósil en declive, favoreciendo especialmente nuevos desarrollos de petróleo y gas fuera del territorio nacional.
El senador Sheldon Whitehouse, durante la presentación del informe en Washington, describió cómo este sistema obliga a los contribuyentes a subsidiar la producción de combustibles fósiles a través de beneficios fiscales extraordinarios. El régimen de Ingresos Globales Intangibles de Baja Tributación (GILTI) permite que las multinacionales reduzcan a la mitad sus impuestos sobre ingresos en el extranjero. Sin embargo, el lobby petrolero logró excepciones aún más generosas, permitiendo a ciertas compañías evitar por completo los impuestos estadounidenses sobre sus ganancias provenientes de extracción fuera del país.
Las cifras ilustran la magnitud del desequilibrio. Aunque más del 57% de la producción upstream de las compañías analizadas proviene de operaciones en Estados Unidos, solo aportan menos de una cuarta parte del total de impuestos que pagan globalmente. ExxonMobil extrae casi un tercio de su producción mundial dentro del país, pero solo tributa el 10% de sus impuestos totales en Estados Unidos. En contraste, pagó casi cinco veces más a los Emiratos Árabes Unidos entre 2023 y 2024. Chevron, por su parte, entregó más de 6.000 millones de dólares a Nigeria, Angola y Guinea Ecuatorial, frente a los menos de 2.000 millones pagados al gobierno estadounidense.
El panorama actual tiene raíces profundas. Antes de la reforma fiscal de Donald Trump en 2017, las rentas corporativas obtenidas en el extranjero por refinación, transporte y venta de petróleo eran gravadas al tipo impositivo estadounidense completo. Pero las exenciones fiscales de Trump para las petroleras trasladaron estos ingresos a GILTI, reduciendo drásticamente la carga fiscal para las compañías. La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 intentó limitar estos beneficios, pero la ley de 2025 amplió las exenciones de 2017, incluyendo incentivos directos para la perforación petrolera en el extranjero. Las grandes petroleras invirtieron casi 20 millones de dólares en lobby durante los meses previos a su aprobación, una cifra que deja claro quién escribe realmente las reglas.
El nuevo paquete fiscal añade más de 30.000 millones de dólares anuales en subsidios a los ya existentes y restablece las tasas de regalías a niveles previos a la IRA. Introduce además excepciones que permiten deducir costos intangibles de perforación (entre el 60% y el 80% de los gastos totales de un pozo) del impuesto mínimo alternativo corporativo. No sorprende que el presidente del Instituto Americano del Petróleo celebrara la reforma afirmando que incluía “casi todas nuestras prioridades”.
El resultado es una paradoja económica y climática. Estados Unidos subsidia anualmente con casi 35.000 millones de dólares a la industria responsable de la mayor parte del deterioro ambiental global. A esto se suman más de 100.000 millones en costos climáticos que recaen, directa o indirectamente, sobre los hogares estadounidenses. Un estudio de Brookings estima que el cambio climático cuesta ya entre 220 y 570 dólares al año a cada hogar del país. Paralelamente, empresas como Chevron y ExxonMobil continúan obteniendo ganancias récord, incluso mientras un estudio publicado en Nature en 2025 calcula que cada una es responsable de casi 2 billones de dólares en daños climáticos.
Las subvenciones federales para operaciones en el extranjero agravan esta disparidad. Además de erosionar la base fiscal, aceleran la crisis climática, socavan la independencia energética de Estados Unidos y no generan empleos domésticos bien remunerados. Durante la presentación del informe, Erich Pica, presidente de Amigos de la Tierra, afirmó que sin subsidios federales el 60% de la producción petrolera estadounidense sería económicamente inviable. La dependencia financiera del sector no es un secreto. Incluso Kevin Hassett, asesor económico principal de Trump, argumentó en 2006 que eliminar los subsidios nivelaría el campo de juego y permitiría una transición hacia políticas centradas en la reducción del consumo de combustibles fósiles.
Mientras tanto, el sector de las energías renovables se ve privado de la inversión federal necesaria para contener las emisiones contaminantes. Eliminar estas exenciones fiscales ahorraría más de 75.000 millones de dólares en la próxima década, fondos que podrían impulsar la transición energética que la economía estadounidense necesita con urgencia.
La Coalición FACT propone reformas para corregir este desequilibrio, entre ellas eliminar preferencias fiscales para la producción en el extranjero y fortalecer la transparencia tributaria corporativa. Durante la presentación del informe, Whitehouse sintetizó la idea central con contundencia: “La equidad fiscal es justicia climática”.
La dinámica subyacente revela un patrón: la codicia corporativa y política profundiza la vulnerabilidad económica de generaciones enteras. La erosión de redes de seguridad como SNAP o Medicaid ocurre en paralelo a la consolidación de un sistema que destina recursos públicos a mantener viva una industria que agrava la emergencia climática. Al priorizar los intereses de las grandes petroleras sobre el bienestar de la población y del planeta, el gobierno estadounidense perpetúa un modelo económico que, lejos de proteger a sus ciudadanos, los condena a financiar su propia destrucción ambiental.