El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló los aranceles masivos impuestos por Donald Trump, pero el daño económico para millones de familias estadounidenses ya estaba hecho, y lo más revelador es que nadie tiene intención de repararlo. Mientras más de 300.000 empresas importadoras ya están recuperando su dinero —166.000 millones de dólares recaudados antes de la anulación judicial— los consumidores que absorbieron esos sobrecostes en forma de precios más altos en supermercados, ferreterías y tiendas de ropa no verán un solo centavo de devolución. La historia de los aranceles del llamado Día de la Liberación es, en el fondo, la historia de una transferencia de riqueza silenciosa: de los bolsillos de los ciudadanos a las cuentas de resultados de las grandes corporaciones.
La magnitud de lo ocurrido exige ser analizada con precisión. Trump no diseñó una política arancelaria quirúrgica orientada a proteger sectores industriales estratégicos o a fomentar tecnologías emergentes, sino que impuso gravámenes de forma aparentemente indiscriminada, afectando tanto a insumos críticos para los propios fabricantes estadounidenses como a productos que nunca se producirán en territorio continental norteamericano, desde plátanos hasta café. El resultado no fue una reindustrialización acelerada ni una victoria comercial frente a China, sino un shock inflacionario de manual que golpeó con especial dureza a quienes ya enfrentaban una crisis de asequibilidad sin precedentes en décadas.
Los datos publicados por la Reserva Federal despejan cualquier duda sobre el mecanismo de transmisión del daño. Las empresas fueron capaces de repercutir en los consumidores prácticamente la totalidad del coste arancelario, lo que elevó la inflación de los bienes básicos un 3,1 por ciento. El Laboratorio de Precios de Harvard va más allá en su diagnóstico: los precios minoristas de los bienes importados subieron un 5,4 por ciento respecto a la tendencia previa al Día de la Liberación, una cifra que supera con creces el efecto directo de los aranceles y que apunta a algo más estructural que una simple traslación de costes.
Ese diferencial tiene una explicación que los economistas conocen bien pero que rara vez se verbaliza con claridad en el debate público. La confusión y la incertidumbre generadas por los continuos cambios arancelarios (decenas de ajustes posteriores al decreto inicial) crearon un entorno de opacidad de precios que algunas corporaciones aprovecharon para subir márgenes incluso cuando no habían sido directamente afectadas por los gravámenes. No se trató de una coincidencia ni de un efecto colateral no deseado: algunas empresas llegaron a alardear abiertamente de esta estrategia en sus llamadas con inversores, describiendo los aranceles como una cobertura perfecta para justificar subidas de precios ante un consumidor desorientado.
La encuesta publicada por Groundwork Collaborative revela una brecha abismal entre lo que los ciudadanos consideran justo y lo que realmente está ocurriendo. El 44 por ciento de los estadounidenses cree que los reembolsos de los aranceles deberían ir directamente a los consumidores, y otro 34 por ciento opina que deberían repartirse entre empresas y ciudadanos. Solo un 7 por ciento considera que el dinero debe quedarse exclusivamente en manos corporativas. Sin embargo, eso es exactamente lo que está sucediendo.
Los consumidores no recibirán compensación alguna, y los precios, como bien saben los expertos en comercio minorista, no funcionan de forma simétrica. La vieja metáfora de los cohetes y las plumas resume con brutal precisión la asimetría del sistema: los precios suben rápido como un cohete cuando los costes aumentan, pero caen despacio como una pluma cuando los costes se reducen, si es que llegan a caer. Con las grandes corporaciones registrando beneficios en máximos históricos y sin ninguna presión regulatoria para trasladar sus ahorros a los clientes, la probabilidad de que los precios retrocedan de forma significativa es, según los analistas, extremadamente baja. Costco anunció que usaría parte de su reembolso para bajar precios, y la noticia fue tratada como una rareza digna de portada precisamente porque ninguna otra gran corporación siguió ese camino.
Si los consumidores son las víctimas más invisibles de este episodio, las pequeñas empresas ocupan un segundo lugar en el ranking del daño desigual. Alrededor del 56 por ciento de los pequeños negocios reportaron que los aranceles afectaron negativamente sus operaciones, muchos de ellos sin la capacidad de negociación ni el músculo financiero de las grandes corporaciones para repercutir costes en proveedores o clientes. Mientras los gigantes del retail y la manufactura usaron su poder de mercado como palanca, numerosas pequeñas empresas se enfrentaron a facturas astronómicas con tres opciones igualmente dolorosas: absorber las pérdidas, trasladarlas al consumidor o cerrar.
Algunos propietarios optaron por una cuarta salida que ilustra hasta qué punto la situación llegó a ser desesperada: vendieron a Wall Street los derechos sobre sus futuros reembolsos arancelarios a precios de saldo, a cambio de liquidez inmediata para sobrevivir. Fondos de inversión ligados a figuras del propio entorno gubernamental, como la antigua firma del secretario de Comercio Howard Lutnik, están ahora obteniendo rendimientos sustanciales de esas operaciones. El círculo se cierra con una geometría tan perfecta como escandalosa: el dinero fluye desde los consumidores hacia las corporaciones, y desde los pequeños negocios hacia los fondos de inversión vinculados a quienes diseñaron la política que generó el caos.
Lo que define el carácter político de este episodio es la actitud de la propia administración Trump ante el proceso de devolución. Lejos de exigir a las empresas que trasladen sus ahorros a los consumidores, el presidente llegó a pedirles públicamente que no solicitaran los reembolsos, advirtiendo que recordaría qué compañías decidían participar en el proceso. Una amenaza velada que, en la práctica, convierte la devolución de un dinero legalmente recaudado de forma irregular en una cuestión de lealtad política empresarial, no de derecho económico.
Las familias estadounidenses afrontan mientras tanto una presión acumulada que va más allá del impacto directo de los aranceles. Los precios en las gasolineras se han disparado un 50 por ciento como consecuencia de la escalada de tensiones con Irán, las facturas de servicios básicos siguen en niveles desorbitados y la última ronda de aranceles sigue su curso judicial con un desenlace incierto. La economía doméstica de millones de hogares sigue tensada por decisiones que se tomaron en despachos muy alejados de sus realidades cotidianas.
El Congreso tiene ante sí una oportunidad y, según los analistas más críticos, también una obligación moral: intervenir para garantizar que los consumidores reciban algún tipo de compensación por unos aranceles que pagaron una vez y que, dado el comportamiento de precios observado, seguirán pagando durante mucho tiempo más. Los estadounidenses absorbieron el coste de una política comercial que los tribunales acabaron declarando inválida. Que las corporaciones se queden íntegramente con los beneficios de su anulación sin que nadie lo cuestione es, para una parte creciente de la opinión pública, el resumen más elocuente de quién gobierna realmente para quién en la América de Trump.