Tal y como venimos denunciando en Diario Sabemos desde hace varios meses, la corrupción es una de las bases sobre las que se asienta la administración de Donald Trump. En esas páginas se ha mostrado con documentación cómo varios secretarios de Estado (ministros), directores de agencias tan importantes como el FBI, y, por supuesto el propio Trump y su familia, están obteniendo beneficios económicos de las acciones de gobierno o mantienen vínculos con corporaciones que han violado la ley de manera sistemática.
El 2 de octubre, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, apareció a caballo frente al Monte Rushmore. Con sombrero de vaquero y chaparreras, grabó un anuncio de televisión dirigido a los inmigrantes que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos. “Los castigaremos”, advirtió a la cámara.
La escena, que combina estética de western y propaganda gubernamental, forma parte de una campaña publicitaria de más de 200 millones de dólares financiada con dinero público. Noem ha defendido el programa como una herramienta esencial para combatir la inmigración ilegal. Pero documentos obtenidos por ProPublica revelan una trama paralela: parte de esos millones habría beneficiado a una firma de consultoría política directamente ligada a Noem y a su círculo más cercano en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Emergencia nacional” como excusa
El DHS justificó la adjudicación acelerada de contratos alegando una “emergencia nacional” en la frontera, lo que permitió eludir el proceso normal de licitación competitiva, diseñado para evitar el despilfarro y los conflictos de interés. Hasta ahora, los contratos suman unos 220 millones de dólares, triplicando el presupuesto publicitario del DHS en un solo año fiscal.
Gran parte de ese dinero, 143 millones de dólares, fue destinado a Safe America Media, una misteriosa LLC de Delaware creada días antes de recibir el contrato. Su domicilio corresponde a la casa de un consultor republicano veterano, Michael McElwain, pero los registros públicos no permiten saber cómo y en qué se gastaron los fondos. Otros 77 millones fueron adjudicados a People Who Think, una firma publicitaria republicana de Luisiana.
Sin embargo, una pieza clave del engranaje contractual permanece oficialmente invisible: Strategy Group, la empresa que dirigió el rodaje del anuncio de Noem en el Monte Rushmore. A pesar de su rol operativo, la compañía no figura en los documentos públicos del contrato.
Vínculos personales y políticos
Strategy Group mantiene una relación de mucho tiempo con la maquinaria política de Noem. Fue central en su campaña a la gobernación de Dakota del Sur en 2022. Corey Lewandowski, uno de los asesores más influyentes de Noem en el DHS, ha trabajado estrechamente con la firma. Y su director ejecutivo, Ben Yoho, está casado con Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS y principal portavoz de Noem.
El trabajo de Strategy Group para el DHS constituye el primer caso documentado en que dinero de la agencia termina en manos de aliados íntimos de la secretaria.
Consultores y exfuncionarios citados por ProPublica afirman que estos vínculos representan un potencial conflicto de interés de gran magnitud, posiblemente violando las normas que exigen imparcialidad y transparencia en la contratación pública.
“Es corrupto, esa es la palabra”, dijo Charles Tiefer, experto en derecho contractual federal y exintegrante de la Comisión sobre Contratación en Tiempos de Guerra. Según Tiefer, la falta de transparencia en torno al rol de Strategy Group merece investigaciones del inspector general del DHS y del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
Estructura diseñada para ocultar a los beneficiarios
La defensa del DHS ha sido tajante: la agencia no elige a los subcontratistas. Sin embargo, expertos en contratación señalan que los organismos federales pueden exigir y con frecuencia exigen aprobar a los subcontratistas, especialmente cuando se trata de contratos de alto costo.
La opacidad se extiende también a los montos. Hasta hoy se desconoce cuánto dinero recibió Strategy Group como parte de los 143 millones de Safe America Media.
Dakota del Sur como laboratorio
Esta no es la primera vez que Strategy Group recibe fondos públicos gracias a decisiones del aparato político de Noem.
En 2023, cuando Noem era gobernadora de Dakota del Sur, su administración desató un escándalo al pagar 8,5 millones de dólares a la firma para una campaña publicitaria estatal. En concreto, mensajes de texto respaldan que Noem intervino discretamente para asegurar que Strategy Group obtuviera el contrato.
Strategy Group también habría pagado hasta 25.000 dólares a Madison Sheahan, una de las asesoras más cercanas de Noem, hoy número dos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Durante ese mismo periodo, Noem protagonizó una serie de anuncios producidos por Strategy Group, en los que aparecía disfrazada de fontanera, policía estatal y dentista para promover la economía de Dakota del Sur.
Ascenso meteórico
Ben Yoho, de 38 años, pasó de jefe de campaña universitario a figura destacada de la publicidad republicana a nivel nacional. Solo en el ciclo electoral de 2024, su empresa recibió decenas de millones de dólares de candidatos del Partido Republicano.
Fue Lewandowski quien lo introdujo al círculo íntimo de Noem, asignándole la dirección publicitaria de su campaña de reelección como gobernadora. Tras la victoria, Yoho fue invitado a la ceremonia de investidura y podría estar ya trabajando en nuevos proyectos financiados con fondos estatales.
Incluso después de que Strategy Group recibiera millones de Dakota del Sur, Yoho continuó colaborando en iniciativas personales de Noem, como la campaña de promoción de sus memorias publicadas en 2024.
¿Quién se beneficia?
A pesar de las dudas sobre la legalidad del proceso, el DHS defiende los resultados. En una declaración, la agencia afirmó que las políticas bajo Noem han producido “la frontera más segura en la historia de Estados Unidos”.
Pero la falta de transparencia (licitaciones omitidas, subcontratistas ocultos, vínculos personales no revelados y empresas fantasma manejando cientos de millones de dólares) deja al descubierto un patrón recurrente: la consolidación de un sistema en el que aliados políticos, consultores cercanos y amigos de la secretaria de Seguridad Nacional parecen beneficiarse de contratos financiados por los contribuyentes.
Mientras proliferan denuncias de posibles conflictos de interés, la presión crece para que el inspector general del DHS y el Congreso investiguen el destino final de los fondos y el papel que desempeñaron Noem y sus asesores en su distribución.
Por ahora, las respuestas siguen ocultas. Pero el mensaje del anuncio filmado en el Monte Rushmore resuena con ironía: “Si cruzas la frontera ilegalmente, te encontraremos”. Lo que aún falta por encontrar es a dónde fueron a parar los 220 millones de dólares de la nueva propaganda de guerra del DHS.