La preocupación en Líbano no se limita ya a la escalada militar. Empieza a plantearse en términos más amplios. El primer ministro, Nawaf Salam, ha trasladado al secretario general de la ONU, António Guterres, su temor a que el sur del país pueda terminar bajo control permanente de Israel. No lo presenta como una hipótesis lejana, sino como un riesgo real, apoyado —según explica— en declaraciones y movimientos sobre el terreno.
La advertencia se produjo en una conversación telefónica mantenida este jueves, en la que Salam se refirió a las reiteradas amenazas por parte de responsables israelíes de ocupar la zona situada al sur del río Litani e incluso avanzar hacia una posible anexión.
Según el Gobierno libanés, las operaciones en la zona están teniendo efectos visibles sobre el terreno. Salam denuncia la destrucción de la mayoría de los puentes que conectan comunidades a ambos lados del río, lo que en la práctica fragmenta el territorio y dificulta la movilidad. A eso se suma una dinámica que preocupa especialmente en Beirut: el desplazamiento de población.
El primer ministro describe un escenario de evacuaciones forzadas, con viviendas demolidas o directamente arrasadas en algunos casos. La consecuencia, advierte, es que muchos civiles podrían no estar en condiciones de regresar a sus hogares en un plazo corto.
Desde el Ejecutivo libanés se insiste en que estas actuaciones —ya se presenten como zonas de seguridad o áreas de amortiguación— tienen implicaciones directas sobre la soberanía del país y sobre la integridad de su territorio. En su mensaje a Naciones Unidas, Salam subraya que este tipo de medidas entrarían en contradicción con el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y la propia Carta de la ONU.
La respuesta de Beirut no se queda en la denuncia. El Gobierno ha decidido acudir al para intentar frenar lo que considera una amenaza directa. El ministro de Información, Paul Morcos, ha confirmado la intención de presentar de forma inmediata un recurso ante este órgano, en busca de una reacción internacional. Todo ello en un contexto que sigue deteriorándose.
Desde el pasado 2 de marzo, más de 1.100 personas han muerto en ataques del Ejército israelí sobre territorio libanés, mientras que al menos 3.200 han resultado heridas. A esa cifra se suma un dato que explica mejor la dimensión del conflicto: más de un millón de personas han tenido que abandonar sus hogares.
El origen inmediato de la escalada se sitúa en la reanudación de ataques por parte de Hezbolá contra Israel, en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Pero la dinámica actual va más allá de ese punto de partida.
De hecho, los bombardeos israelíes sobre Líbano no son nuevos. En los meses anteriores ya se habían producido decenas de ataques pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. Israel sostiene que sus operaciones se dirigen contra posiciones de Hezbolá y que, por tanto, no vulneran ese acuerdo. Una interpretación que no comparten ni las autoridades libanesas ni el propio grupo chií, y que tampoco ha evitado las críticas de Naciones Unidas.
En este contexto, el aviso lanzado por Beirut apunta a algo más que la evolución inmediata del conflicto. Introduce la posibilidad de que los cambios sobre el terreno acaben teniendo consecuencias duraderas.