En Gaza, la política se ha convertido en un ejercicio de respiración asistida. Cada iniciativa internacional llega envuelta en un lenguaje de reconstrucción, estabilidad y paz, pero aterriza sobre un territorio donde los bombardeos no se han detenido y la vida cotidiana sigue suspendida entre ruinas, hambre y desplazamiento. En esa grieta, entre la diplomacia que se anuncia y la guerra que continúa, se mueven hoy dos proyectos antagónicos: la Junta de Paz impulsada por Estados Unidos y el Comité Nacional para la Gestión de Gaza, un órgano palestino que intenta gobernar sin soberanía, administrar sin poder y sobrevivir sin legitimación externa.
La arquitectura del control
La Resolución 2803 del Consejo de Seguridad, aprobada en noviembre de 2025, es el andamiaje jurídico de esa nueva tutela. Su lenguaje es el de siempre: eficacia, estabilidad, gobernanza fiable. Pero la estructura es nueva y más cruda. La llamada Junta de Paz no es una misión de Naciones Unidas, sino una administración transitoria con personalidad jurídica propia, diseñada fuera del multilateralismo clásico y presidida de facto por Donald Trump. No por Estados Unidos: por Trump. La precisión no es menor.
La resolución crea además una Fuerza Internacional de Estabilización con mandato para “utilizar todas las medidas necesarias”, en coordinación con Israel y Egipto, para desmilitarizar Gaza. La retirada israelí queda condicionada a hitos definidos, en parte, por el propio ocupante. Es decir: la salida depende de la obediencia, no del derecho.
La Junta no se limita a Gaza. Sus estatutos —enviados a gobiernos invitados a sumarse— no mencionan siquiera el territorio palestino. Hablan de una organización global para intervenir en “zonas afectadas o amenazadas por conflictos”. Es el modelo Irak, Kosovo, Afganistán, reempaquetado y privatizado. Un organismo donde los Estados pagan por entrar, compran asiento y obtienen influencia. La paz convertida en mecanismo de mercado.
Un gobierno sin consentimiento
El rechazo palestino a esta tutela ha sido frontal, aunque no estridente. Hamás, el Frente Popular y la Yihad Islámica han señalado que la Junta vulnera el derecho a la autodeterminación y legitima la ocupación. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, fue más precisa: la resolución consolida la presencia ilegal de Israel y corre el riesgo de normalizar la violencia masiva como condición previa al gobierno.
Pero Gaza no puede esperar a que se resuelvan los debates jurídicos. La destrucción es total: decenas de miles de muertos, casi toda la población desplazada, hospitales inservibles, agua y electricidad intermitentes. En ese contexto nace el Comité Nacional para la Gestión de Gaza (NCGA), un órgano tecnocrático de 15 miembros, respaldado por la Autoridad Palestina y aceptado —por necesidad— por todas las facciones. Su misión es mínima: coordinar servicios básicos, facilitar ayuda, mantener un hilo administrativo allí donde el Estado fue pulverizado.
La existencia del comité es una anomalía política en el paisaje palestino. Por primera vez en años, las principales facciones operan juntas, no por consenso ideológico, sino por supervivencia. La Declaración de Pekín, firmada en 2024 por catorce organizaciones palestinas, ya había anticipado este giro: la división interna solo beneficia al ocupante. En Gaza, esa lógica se traduce en pragmatismo extremo.
El problema es que la Resolución 2803 subordina al NCGA a la Junta de Paz. El comité gobierna, pero supervisado. Decide, pero vigilado. Actúa, pero dentro de un marco diseñado para aplazar indefinidamente cualquier forma de soberanía. Es una administración palestina bajo tutela internacional, en un territorio aún ocupado, con fronteras controladas y cielo cerrado. Un simulacro de gobierno.
La paradoja es evidente: el comité existe porque la Junta lo permite, pero también porque sin él Gaza sería un vacío absoluto. Los palestinos lo saben. No legitiman la tutela, pero la atraviesan. No aceptan el marco, pero lo usan para abrir un paso, conseguir un camión de ayuda, reconstruir un hospital. La política aquí no es programa, es logística de supervivencia.
Esa distinción —entre cooperación táctica y oposición estratégica— explica el momento. Gaza no está siendo gobernada, está siendo administrada mientras se decide quién tiene derecho a decidir. Y en ese interregno, los palestinos hacen algo que incomoda a todos los planes externos: se organizan, se coordinan, mantienen unidad en condiciones imposibles.
La Junta de Paz aspira a ordenar el caos. El Comité palestino intenta que el caos no se convierta en desaparición. Entre ambos se juega algo más que la reconstrucción: el derecho a existir políticamente. En Gaza, incluso eso se negocia bajo los drones.