Las protestas estudiantiles han conseguido arrancar al Gobierno francés una batería de compromisos que hace apenas unas semanas no figuraban entre sus prioridades inmediatas. El Ejecutivo de Sébastien Lecornu ha anunciado que Parcoursup, la plataforma que regula el acceso a la educación superior y que se ha convertido en símbolo del malestar juvenil, será sustituida en 2028, después de una primera transformación prevista para 2027.
La decisión supone una importante concesión política ante un movimiento que ha logrado colocar las deficiencias del sistema educativo en el centro del debate nacional. Porque las protestas no se explican únicamente por el funcionamiento de una plataforma informática. Detrás de las críticas a Parcoursup aparece un problema bastante más profundo, relacionado con la falta de plazas, la saturación de las aulas, el deterioro de las instalaciones y las dificultades que encuentran muchos jóvenes para continuar sus estudios.
El anuncio llega tras una reunión entre Lecornu y representantes estudiantiles, en un intento de rebajar la tensión social sin reconocer abiertamente que ha sido la movilización la que ha obligado al Ejecutivo a revisar sus planes.
Más plazas, profesores e inversión pública
El ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, ha confirmado que la reforma de Parcoursup comenzará en 2027, aunque su sustitución definitiva tendrá que esperar hasta 2028. El Gobierno justifica ese calendario por la necesidad de modificar previamente distintas disposiciones legales que regulan el funcionamiento de la plataforma.
Pero las concesiones van bastante más allá del sistema de admisión universitaria. El Ejecutivo ha comprometido la creación de 15.000 nuevas plazas de educación superior, con especial atención a la región de París, donde la presión sobre los centros resulta particularmente elevada.
También ha anunciado la actualización de las becas conforme a la inflación, una medida que supondrá un desembolso adicional de 40 millones de euros y que responde a una preocupación creciente entre los estudiantes, para quienes el coste de continuar su formación constituye una barrera económica.
En la enseñanza secundaria, el ministro Édouard Geffray ha comunicado la cancelación de 836 supresiones de puestos previstas y la incorporación de 500 plazas docentes adicionales en los institutos de bachillerato. A ello se suma un programa de financiación preferente de 4.000 millones de euros para rehabilitar centros escolares y otro de 1.000 millones destinado a renovar las universidades.
El Gobierno también se compromete a limitar a 28 estudiantes las aulas del segundo curso de secundaria, comenzando por los centros situados en las zonas socialmente más desfavorecidas y extendiendo progresivamente la medida hasta 2028.
Son anuncios que permiten medir hasta qué punto la presión organizada de los estudiantes ha conseguido alterar la agenda del Ejecutivo. Lo que inicialmente se presentaba como una discusión sobre procedimientos de acceso a la universidad ha terminado obligando al Gobierno a responder sobre financiación, contratación de profesorado e igualdad de oportunidades.
Los estudiantes no desconvocan las protestas
Sin embargo, el movimiento estudiantil no considera cerrado el conflicto. Organizaciones como la UNEF, la FAGE, la Unión de Estudiantes y los representantes de secundaria han reclamado mantener la movilización hasta comprobar que los anuncios se traducen en medidas efectivas.
Y tienen motivos para exigir garantías. Las 15.000 nuevas plazas anunciadas quedan muy lejos de las 250.000 que reclama el movimiento, según recoge Associated Press. Además, buena parte de las reformas no comenzará a aplicarse hasta 2027 y 2028.
El calendario introduce una dificultad política adicional. Francia celebrará elecciones presidenciales en 2027 y Emmanuel Macron no podrá concurrir a un tercer mandato consecutivo. Por tanto, la sustitución definitiva de Parcoursup dependerá de un escenario político todavía incierto.
El Gobierno ha anunciado la constitución de un comité de reforma con participación de estudiantes y profesores, cuyas primeras recomendaciones deberán conocerse a finales de noviembre. También habrá un debate parlamentario sobre el futuro del sistema de admisión. Entre los cambios previstos figura una mayor transparencia en los criterios de selección y la obligación de explicar los rechazos a partir de 2027.
La crisis educativa francesa deja, además, una lectura que trasciende sus fronteras. La educación pública no puede garantizar la igualdad de oportunidades si el acceso a los estudios depende de un sistema que los propios estudiantes consideran opaco y de una oferta incapaz de responder a la demanda. Cambiar una plataforma puede mejorar los procedimientos, pero no resuelve por sí solo las desigualdades económicas y territoriales.
Lecornu ha conseguido abrir una vía de negociación, aunque todavía está lejos de recuperar la confianza de los jóvenes. Las organizaciones estudiantiles han demostrado que pueden obligar al Ejecutivo a rectificar. Ahora quieren asegurarse de que las promesas no se queden en una respuesta política destinada a desactivar las manifestaciones. Francia afronta así una cuestión que trata de determinar si el Estado está dispuesto a invertir lo necesario para que la educación siga siendo un instrumento de movilidad social y no otro mecanismo de reproducción de las desigualdades.
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