Hay momentos en que la política deja de consistir en administrar intereses y vuelve a enfrentarse con algo mucho más incómodo, decidir de qué lado quiere estar cuando el derecho empieza a estorbar al poder. Eso es, en el fondo, lo que está ocurriendo ahora en Europa alrededor de Gaza.
Pedro Sánchez ha pedido a Ursula von der Leyen que active el llamado Estatuto de Bloqueo para impedir que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra jueces, fiscales y relatores internacionales tengan efectos dentro de la Unión Europea. Dicho de otro modo, el presidente español reclama que Europa proteja a quienes están siendo castigados por investigar posibles crímenes de guerra.
La petición parece técnica, incluso burocrática. No lo es. Lo que está en juego no es un reglamento comunitario perdido entre miles de páginas jurídicas. Lo que está en juego es algo mucho más sencillo y mucho más grave. Si Europa todavía cree en aquello que lleva décadas proclamando sobre derechos humanos, justicia internacional y legalidad universal o si todo eso era apenas un lenguaje elegante para tiempos tranquilos.
Porque conviene recordar algo elemental. Los jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional no están siendo sancionados por robar, extorsionar o delinquir. Están siendo sancionados por investigar. Por hacer exactamente aquello para lo que fueron creados.
Donald Trump decidió hace tiempo que la justicia internacional solo es legítima cuando no roza a los aliados de Estados Unidos. En cuanto la Corte Penal Internacional se acercó a Netanyahu y a la guerra de Gaza, Washington reaccionó como reaccionan las potencias cuando alguien osa discutir su monopolio moral. Con amenazas, castigos económicos y represalias políticas.
Pero quizá lo más inquietante no sea solo eso. Lo es también el silencio europeo.
Europa observa esta situación atrapada en una de sus contradicciones más antiguas. Quiere aparecer como una potencia moral sin asumir nunca el coste de comportarse como tal. Habla constantemente de valores, pero tiembla cada vez que esos valores exigen enfrentarse a Washington.
Por eso la iniciativa española tiene importancia política aunque probablemente no altere de inmediato el rumbo de la guerra. Porque introduce una pregunta que Bruselas lleva demasiado tiempo intentando esquivar. ¿Qué sentido tiene defender tribunales internacionales si después se abandona a sus magistrados cuando empiezan a resultar incómodos?
El Estatuto de Bloqueo fue concebido originalmente para proteger empresas europeas frente a sanciones extraterritoriales estadounidenses. Era un instrumento económico. Sánchez propone ahora utilizarlo para defender personas e instituciones jurídicas. El matiz cambia todo. Ya no se trataría de proteger negocios, sino de proteger la propia idea de que existe un espacio internacional donde incluso los poderosos pueden ser investigados.
Y quizá ahí reside el núcleo del problema. Porque Gaza ha dinamitado muchas ficciones occidentales. Entre ellas, la ficción de que el derecho internacional funciona igual para todos.
La devastación de la Franja, las imágenes de civiles atrapados bajo los bombardeos, la destrucción sistemática de hospitales y barrios enteros han ido erosionando algo más profundo que la credibilidad diplomática de Israel. Han erosionado la confianza en que las democracias occidentales sean capaces de aplicar a sus aliados los mismos principios que invocan contra sus enemigos.
Trump lo entendió enseguida. Por eso no combate únicamente las investigaciones. Combate la legitimidad misma de quienes investigan. Necesita convertir a jueces y relatores en activistas sospechosos, en enemigos ideológicos, en piezas de una conspiración internacional. Es una vieja estrategia del populismo contemporáneo. Desprestigiar cualquier institución independiente antes de que pueda poner límites al poder.
Y Europa, mientras tanto, vacila.
Vacila porque sabe perfectamente que enfrentarse a Washington tiene costes. Vacila porque dentro de la propia Unión hay gobiernos que prefieren no incomodar a Estados Unidos ni abrir conflictos diplomáticos alrededor de Israel. Vacila porque el coraje político casi siempre resulta mucho más difícil cuando deja de ser retórico.
Pero también porque Europa intuye algo todavía más perturbador. Que si acepta sin reaccionar que una potencia sancione a magistrados internacionales por investigar una guerra, el precedente no termina en Gaza. Empieza allí.
Por eso la carta enviada por Sánchez a Von der Leyen contiene una dimensión que va más allá de la política española. Es, en cierto modo, una apelación a la memoria europea. A esa Europa nacida después de las grandes devastaciones del siglo XX, convencida de que el derecho debía existir precisamente para limitar la fuerza bruta de los Estados.
La cuestión, en el fondo, es si aquella convicción sigue realmente viva o si también ella ha terminado convertida en otra víctima colateral de esta guerra.