La Comisión Europea ha aprobado este martes una modificación de las Directrices sobre ayudas estatales vinculadas al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE) con el objetivo de responder al aumento sostenido de los costes del carbono y al consiguiente riesgo de fuga de carbono en sectores industriales de gran consumo energético. La reforma, anunciada previamente en el Plan de Acción Europeo para la Industria Química, entrará en vigor en el próximo periodo y se aplicará hasta 2030.
La decisión amplía el alcance de las ayudas públicas permitidas para compensar los llamados costes indirectos de las emisiones, es decir, el encarecimiento del precio de la electricidad derivado del coste del CO₂, que afecta especialmente a industrias expuestas a la competencia internacional.
Más sectores protegidos frente a la deslocalización
Uno de los principales cambios es la ampliación de la lista de sectores elegibles para recibir compensaciones. La Comisión incorpora 20 nuevos sectores industriales y dos subsectores, entre ellos la fabricación de productos químicos orgánicos y determinadas actividades de los sectores de la cerámica, el vidrio y las baterías.
Bruselas reconoce que, desde la adopción inicial de las Directrices en 2020, la subida continuada del precio del carbono ha elevado de forma significativa el riesgo de que empresas trasladen su producción fuera de la UE o pierdan cuota frente a importaciones más intensivas en emisiones, sin que ello suponga una reducción real de las emisiones globales.
Aumento de la intensidad de las ayudas
La modificación eleva además la intensidad máxima de la ayuda del 75% al 80% para los sectores que ya eran elegibles antes de la reforma. El objetivo es reforzar la protección frente a la fuga de carbono sin debilitar los incentivos a la descarbonización industrial.
La Comisión subraya que el mecanismo debe seguir siendo equitativo y eficiente, evitando una sobrecompensación que distorsione la competencia. Por ello, las Directrices mantienen límites estrictos a la acumulación de ayudas procedentes de distintos instrumentos nacionales o europeos.
Flexibilidad para los Estados miembros
Otra novedad relevante es que los Estados miembros podrán notificar a la Comisión sectores o subsectores no incluidos en la lista oficial si pueden demostrar que afrontan un riesgo real de fuga de carbono. Esta cláusula introduce un margen de flexibilidad para adaptarse a situaciones específicas de los mercados nacionales o regionales.
Al mismo tiempo, las nuevas reglas refuerzan la condicionalidad ambiental: los grandes beneficiarios de las ayudas deberán contribuir activamente a la transición ecológica, destinando parte de los fondos recibidos a inversiones que ayuden a reducir los costes del sistema eléctrico o a acelerar la descarbonización.
Actualización de factores de emisión y transición gradual
La Comisión también ha actualizado los factores de emisión de CO₂ y las zonas geográficas aplicables al periodo 2026-2030, basándose en los datos más recientes sobre el mix energético. Estos factores, que reflejan el contenido de emisiones de la electricidad producida en cada región, son clave para calcular el importe de las compensaciones.
Para evitar impactos abruptos en determinados países o regiones, la modificación permite a los Estados miembros aplicar una transición gradual entre 2026 y 2030 cuando la reducción del factor máximo de emisión regional sea especialmente pronunciada respecto al periodo 2021-2025.
Un ajuste a la nueva realidad energética
Las Directrices sobre ayudas estatales del RCDE forman parte del conjunto de instrumentos europeos destinados a prevenir la fuga de carbono, junto con la asignación gratuita de derechos de emisión y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). Adoptadas inicialmente en septiembre de 2020, entraron en vigor en enero de 2021 y se aplican hasta 2030.
La Comisión explica que la reforma aprobada hoy es el resultado de un amplio análisis y una evaluación de impacto, acompañados de consultas públicas y una convocatoria de datos dirigida a los sectores afectados. El objetivo es adaptar el marco de ayudas a una nueva realidad de los mercados energéticos, marcada por precios del carbono más elevados y una presión competitiva creciente.