El Pentágono incuba estos días una decisión que promete sacudir los cimientos del derecho internacional. Pete Hegseth, el secretario de Defensa del gobierno de Donald Trump, sopesa una medida sin precedentes en la historia moderna de las democracias occidentales: retransmitir en directo, a escala planetaria y en horario de máxima audiencia, la ejecución de un prisionero federal.
El hombre fijado en la diana es el mayor Nidal Hasan. Seguro que muchos recuerdan el nombre. Aquel psiquiatra del Ejército que en noviembre de 2009, tras un proceso de radicalización islamista, irrumpió a tiros en la base militar de Fort Hood, en Texas, y masacró a trece de sus compañeros antes de ser abatido y quedar parapléjico. Un crimen atroz. Horrible.
Lo desgarrador no es la sentencia en sí. Lo que hace que a los juristas se les hiele la sangre es la escenografía propuesta desde la cúpula del Departamento de Defensa. Hegseth no plantea una ejecución discreta tras los muros de hormigón de una prisión de máxima seguridad en Terre Haute. Qué va. La orden que planea sobre su mesa exige que el fusilamiento de Nidal Hasan tenga lugar exactamente a la misma hora, en el mismo punto geográfico de la base tejana y ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Un calco simétrico del crimen, grabado y difundido en streaming para el consumo global.
Si el proyecto termina cristalizando de cara a las próximas semanas, la autoproclamada trinchera de las libertades individuales habrá cruzado una frontera de no retorno. Al transformar la muerte de un reo en un producto televisivo para enfervorizar a las masas, la administración estadounidense no solo resucita el fantasma de los patíbulos medievales. Se alinea, voluntariamente y sin sonrojo, con esa lista negra de regímenes autoritarios, dictaduras teocráticas y milicias extremistas que utilizan la sangre en directo como herramienta de propaganda y control político.
De los estadios de Kabul a las grúas de Isfahán
Para medir el verdadero alcance del abismo al que se asoma Washington, conviene hacer un ejercicio de anatomía comparada y mirar quiénes son hoy los escasos practicantes de la ejecución pública en el mundo. La respuesta la ofrecen, año tras año, los informes de Amnistía Internacional: el espectáculo del patíbulo abierto se ha convertido en el patrimonio casi exclusivo de los estados paria y las dictaduras feroces.
En la actualidad, solo dos países ejecutan a seres humanos a la vista de la multitud de forma sistemática. Uno es el régimen de los talibanes en Afganistán, donde las ejecuciones en estadios deportivos se han vuelto parte del paisaje punitivo. El otro es la teocracia de Irán, célebre por sus ahorcamientos públicos en plazas con grúas de obra.
Ahí están las imágenes de la memoria colectiva. En los estadios de fútbol de Kabul, donde miles de espectadores abarrotan las gradas para presenciar cómo los tiradores del régimen disparan por la espalda a los condenados. O en las plazas céntricas de Isfahán, donde el gobierno iraní cuelga a los jóvenes disidentes de grúas de construcción reconvertidas en horcas improvisadas. En esos lugares, el espectáculo del dolor no busca administrar justicia; busca sembrar el terror. Busca decirle a la población: "Mira lo que le ocurre a quien se atreve a desafiar al Estado".
Esa misma escenografía del fusilamiento grabado en vídeo fue la que utilizó el Estado Islámico en Siria e Irak durante los años de su sanguinario califato, o la que emplean las milicias de Hamás en la franja de Gaza cuando ejecutan a supuestos colaboradores a la vista de los transeúntes. Que la principal potencia militar del mundo, el país de la Constitución de 1787 y la cuna del debido proceso, decida copiar la misma coreografía de la venganza sugiere que la barbarie no es una enfermedad exclusiva de geografías lejanas. Es un virus contagioso que prende con rapidez en las democracias cuando el populismo punitivo en Estados Unidos se apodera de los despachos oficiales.
La política del garrote
Los historiadores del derecho suelen recordar que Estados Unidos enterró la práctica de los ajusticiamientos públicos en la década de 1930. La última vez que una multitud se congregó en suelo americano para ver morir a un condenado fue en Owensboro, Kentucky, en el verano de 1936. Desde entonces, con salvedades muy contadas, como la retransmisión en circuito cerrado de la inyección letal de Timothy McVeigh en 2001, restringida estrictamente a los familiares de las víctimas del atentado de Oklahoma City, el sistema penal norteamericano procuró mantener el cumplimiento de la pena de muerte en Estados Unidos oculto tras los muros penitenciarios. Se buscaba preservar, al menos, un barniz de frialdad institucional.
Pero el plan impulsado por Hegseth hace saltar por los aires esa barrera de protección. Convertir la muerte del mayor Hasan en un evento mediático responde a la lógica de quien necesita cosechar titulares rápidos alimentando el discurso del castigo ejemplar y la mano dura.
Cuando un gobierno instrumentaliza el castigo corporal para vender una imagen de firmeza ante el electorado, la justicia militar estadounidense deja de ser un mecanismo neutral para transformarse en simple propaganda de Estado. Se pretende convencer al ciudadano de que la ferocidad del castigo equivale a la eficacia del sistema. Se oculta, de paso, la carcoma que roe por dentro a un aparato penal profundamente desigual, donde el nivel de renta o la raza del acusado siguen pesando más que la propia letra de la ley.
Abismo moral
Choca la propuesta de televisar un fusilamiento con la sensibilidad ética del mundo occidental, pero choca también de frente contra el propio laberinto judicial norteamericano. Aunque los abogados de la defensa de Hasan apurarán cada recurso civil ante las cortes federales para frenar el fusilamiento —un proceso que bien podría alargar el desenlace durante años—, el solo hecho de que el gabinete de Defensa haya dado luz verde a la retransmisión sienta un precedente tóxico para el debido proceso legal.
Esta deriva coincide, además, con un repunte global de las sentencias de muerte que alarma a las organizaciones internacionales. Un ciclo de violencia impulsado por el endurecimiento de los regímenes autoritarios en varios continentes. Al colocarse en la vanguardia del espectáculo punitivo, la Casa Blanca destruye de un plumazo su autoridad moral para afearles la conducta a otras dictaduras. ¿Con qué cara va a protestar un embajador estadounidense ante los abusos en el extranjero si su propio gobierno retransmite ejecuciones por televisión en horario estelar?
Si el Estado se reserva el derecho de exhibir el derramamiento de sangre en la pantalla del teléfono móvil o del televisor del salón, la frontera entre la ley y la venganza de tribu desaparece por completo.
En última instancia, el intento de televisar la ejecución en Fort Hood representa el triunfo definitivo de la sociedad del espectáculo sobre la justicia. La paradoja de utilizar las mismas técnicas de intimidación audiovisual que emplean las redes terroristas para castigar, precisamente, a un terrorista islamista, demuestra la ceguera ideológica que amenaza a las instituciones de Washington.
El peligro real de todo este montaje no es únicamente el destino final de un reo condenado por una masacre imperdonable. El verdadero peligro es el espejo deformante que Estados Unidos le devuelve a sus propios ciudadanos y al resto del mundo. Porque cuando el castigo se transforma en una función de circo para enfervorizar al público, las democracias pierden lo único que las diferencia de las tiranías: el respeto innegociable a la dignidad humana, incluso en el momento amargo de hacer cumplir la ley.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.