La reapertura del Gobierno federal llega después de seis semanas de parálisis y negociaciones tensas. El acuerdo aprobado en el Senado desbloquea la financiación básica de la administración, pero no resuelve el conflicto que lo originó: la estrategia del presidente Donald Trump de gobernar desde la confrontación y forzar el desgaste institucional como forma de afirmación política.
El cierre de la administración federal se ha prolongado 41 días, el periodo más largo registrado en la historia de Estados Unidos. La aprobación del paquete de financiación por parte del Senado permite recuperar la actividad en Defensa, programas para veteranos, agricultura y los servicios legislativos, y reactiva de forma provisional el resto de departamentos hasta enero. También se reincorporará al puesto a más de 4.000 trabajadores despedidos durante el bloqueo. Pero lo sustancial del episodio no está en la reapertura, sino en el método que ha conducido hasta ella.
El cierre fue una decisión deliberada de la Casa Blanca para forzar concesiones en el Congreso. La lógica de Trump es conocida: convertir la gestión pública en campo de demostración de fuerza, presentar cualquier negociación como prueba de lealtad y colocar a sus adversarios en la posición de tener que escoger entre la caída de servicios esenciales o la cesión política. En esa ecuación, el coste recae sobre la población usuaria de los programas públicos, no sobre quienes los instrumentalizan.
Un acuerdo que llega con fractura demócrata
La votación en el Senado prosperó gracias al apoyo de ocho senadores demócratas que optaron por priorizar la reapertura inmediata del Gobierno frente a mantener la exigencia de ampliar los subsidios a las primas de seguros médicos, un punto central para el resto del grupo. La división no se debe a una disputa retórica, sino a una cuestión de fondo: el acceso a la salud para más de 20 millones de personas estaba en el centro de la negociación.
Bernie Sanders calificó la decisión de “muy, muy mala”, recordando que ceder terreno en sanidad significa aceptar que el derecho a recibir atención depende de una correlación de fuerzas temporal. Ro Khanna fue más directo al cuestionar la capacidad de liderazgo de Schumer al frente del grupo demócrata en el Senado. No es una batalla interna improvisada: es la expresión de una discusión acumulada sobre cómo confrontar a un presidente que convierte cada trámite parlamentario en una prueba de sumisión.
La Casa Blanca ha logrado lo que buscaba. No solo reabre el Gobierno sin ceder en su demanda inicial, sino que lo hace yendo acompañada de una fractura visible en el bloque opositor.
El cierre como herramienta política
Durante el bloqueo expiraron fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que dependen más de 40 millones de personas, se cancelaron vuelos por falta de personal de control aéreo y se paralizaron trámites administrativos básicos. No se trató de un efecto colateral. Fue el mecanismo de presión.
El funcionamiento de la administración pública es negociable si sirve para reforzar la posición del presidente. En este marco, la política pública deja de ser gestión y se convierte en demostración de autoridad. La idea de servicio se sustituye por la idea de victoria. La reapertura no altera esta lógica, solo pospone el siguiente pulso, que volverá cuando llegue la fecha límite de la financiación temporal. El escenario que se repite no es accidental. Es un patrón.