El último ataque de Estados Unidos contra un buque presuntamente vinculado al narcotráfico, en aguas internacionales cercanas a Colombia, confirma una deriva estratégica que traslada la lógica militar a un terreno tradicionalmente policial. La llamada Operación Lanza del Sur acumula víctimas y polémicas mientras Washington redefine los límites de la seguridad hemisférica.
La Administración estadounidense ha vuelto a disparar en alta mar. El Comando Sur confirmó la muerte de dos tripulantes en un ataque contra una embarcación que calificó de “narcoterrorista”, dentro de la campaña militar desplegada en el Pacífico. Desde agosto de 2025, al menos 119 personas han muerto en operaciones similares dirigidas contra barcos sospechosos de transportar droga.
El episodio no es aislado. Forma parte de un dispositivo naval que precedió incluso a operaciones de mayor envergadura en la región, como la intervención que culminó con la detención de Nicolás Maduro tras un despliegue militar previo en el Caribe.
Lo que se presenta como una estrategia de seguridad empieza a parecerse a otra cosa: una guerra no declarada contra actores difusos, librada lejos de la supervisión pública y con un lenguaje que mezcla terrorismo, narcotráfico y amenaza estratégica.
Militarizar el delito
El giro es profundo. Tradicionalmente, la persecución del tráfico de drogas ha sido una materia de cooperación policial y judicial. Sin embargo, la Operación Southern Spear —nombre con el que se conoce el dispositivo— ha incorporado ataques directos contra embarcaciones sospechosas.
En septiembre de 2025, un primer bombardeo contra un barco supuestamente ligado al Tren de Aragua dejó once muertos, seguido de otros ataques con víctimas mortales. El propio Gobierno estadounidense no aportó pruebas públicas que confirmaran la vinculación de los fallecidos con el narcotráfico.
La frontera entre intervención legítima y uso desproporcionado de la fuerza comienza así a difuminarse.
La discusión no es meramente moral; es jurídica. Expertos en derecho de los conflictos armados han llegado a plantear que algunas órdenes operativas —como la de atacar de nuevo a supervivientes detectados por drones— podrían constituir crímenes de guerra si se enmarcan en un conflicto armado, o incluso homicidio si no existe tal conflicto.
El argumento militar ha sido claro: los supervivientes podían alertar a otros traficantes. La lógica es también inquietante: la sospecha se convierte en sentencia.
Seguridad o hegemonía
La ofensiva coincide con una fase de creciente presencia militar estadounidense en América Latina. Oficialmente, el objetivo es reducir el flujo de narcóticos; en la práctica, el despliegue consolida un patrón histórico: Washington actúa como garante —y árbitro— de la seguridad regional.
No es casual que el ataque se produjera tras la visita del presidente colombiano a Washington. La cooperación antinarcóticos ha sido durante décadas un eje de la relación bilateral, pero el salto cualitativo reside en la normalización de acciones letales fuera de escenarios bélicos formales.
El mensaje es doble. Hacia dentro, refuerza la narrativa de firmeza. Hacia fuera, recuerda quién mantiene la capacidad de proyectar fuerza en el hemisferio.
El riesgo principal no es solo lo ocurrido, sino lo que inaugura. Si interceptar droga permite destruir embarcaciones y matar a sus ocupantes sin juicio previo, el estándar internacional se desplaza.
La historia reciente demuestra que las doctrinas de excepción tienden a expandirse. La “guerra contra el terror” legitimó prácticas que antes habrían resultado impensables; ahora la guerra contra la droga amenaza con recorrer el mismo camino.
Además, la opacidad alimenta la desconfianza. Sin pruebas públicas, sin investigaciones independientes conocidas y sin debate parlamentario visible, la política de seguridad se desliza hacia un terreno cada vez más impermeable al control democrático. El punto más delicado no es la operación concreta, sino la filosofía que la sostiene: la convicción de que ciertos desafíos globales pueden resolverse mediante superioridad militar.
Ese planteamiento ignora algo elemental: el narcotráfico es un fenómeno económico y social antes que un enemigo convencional. Destruir barcos puede ofrecer resultados tácticos; difícilmente altera las estructuras que sostienen el negocio.
Mientras tanto, el coste reputacional crece. Cada ataque refuerza la percepción de una potencia que actúa con mandato implícito sobre espacios internacionales, redefiniendo por la vía de los hechos lo que el derecho aún discute.
Estados Unidos insiste en que se trata de operaciones necesarias para la seguridad. Pero la acumulación de episodios revela otra realidad: la lucha contra el crimen organizado está mutando hacia una estrategia de fuerza preventiva, donde la amenaza se neutraliza antes de ser probada.