a decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de suspender la tramitación de visados de inmigrante para ciudadanos de al menos 75 países va más allá de un ajuste técnico. Se trata de una medida de amplio alcance, adoptada sin debate legislativo y con efectos inmediatos, que altera de facto el acceso regular a Estados Unidos y refuerza una política migratoria basada en el control administrativo más que en una reforma legal explícita.
El anuncio, confirmado por portavoces oficiales, establece una congelación indefinida de los procedimientos a partir del 21 de enero. El argumento es evitar el “abuso” de los programas de asistencia social, una formulación recurrente en el discurso migratorio estadounidense. La decisión se suma a restricciones adoptadas en los últimos meses y consolida un giro que se ejecuta desde la Administración, sin pasar por el Congreso.
América Latina
Entre los países afectados figuran Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua o Uruguay, junto a varios Estados del Caribe como Bahamas, Jamaica o Barbados. La lista no responde a un único patrón económico o político, pero sí dibuja una constante: territorios con una larga tradición migratoria hacia Estados Unidos, muchos de ellos con vínculos familiares, laborales y comunitarios consolidados.
Desde Washington se sostiene que la suspensión se mantendrá mientras se revisan los procedimientos para impedir la entrada de personas susceptibles de convertirse en una “carga pública”. Es un criterio amplio y difícil de determinar antes de la llegada. Además, numerosos estudios federales han concluido que la población migrante aporta de forma neta al sistema fiscal, un dato que rara vez aparece en el debate político.
La medida no distingue perfiles ni trayectorias. Quedan en suspenso solicitudes de reunificación familiar, procesos de residencia permanente y, en países ya sometidos a restricciones previas, también expedientes de asilo y ciudadanía. El resultado es un bloqueo administrativo generalizado, sin evaluación individualizada y sin horizonte temporal claro.
En términos jurídicos, la Administración se ampara en la amplia discrecionalidad del Ejecutivo para declarar “no elegibles” a determinados solicitantes. En términos políticos, la congelación refuerza un mensaje interno: el control migratorio como demostración de autoridad estatal, incluso cuando se ejerce sobre vías legales de entrada.
No es irrelevante el contexto. La decisión llega después de episodios puntuales de violencia protagonizados por extranjeros, utilizados como argumento para justificar medidas de alcance general. La lógica es conocida: un caso concreto sirve para avalar una respuesta masiva, aunque los datos no respalden una relación sistemática entre migración y criminalidad.
La lista incluye también países como Afganistán, Irán, Nigeria, Egipto o Rusia, lo que confirma que la medida no se limita a una región concreta. Sin embargo, el impacto en América Latina y el Caribe es especialmente profundo. Para millones de personas, la vía regular queda cerrada sin alternativa clara, lo que incrementa la precariedad jurídica y, paradójicamente, empuja hacia itinerarios más inseguros.
La congelación de visados no elimina la migración. Redefine quién puede hacerlo con derechos y quién queda fuera del sistema. Y lo hace por vía administrativa, sin debate público y con un relato que convierte la vulnerabilidad en sospecha.