Faltan apenas tres meses para que venza el plazo de las cuentas europeas y el choque ya es inevitable. En el más estricto de los secretos, la presidencia irlandesa ultima un borrador que viene con curva: un hachazo de más de 100.000 millones de euros respecto a lo que pedía la Comisión. Un gesto de cara a la galería para calmar a las potencias del norte, esto es, Alemania, que, como era de esperar, ha desatado el pánico en el Sur y en el Este. Allí donde el dinero del campo y de las infraestructuras no se toca. La pelea ha dividido a la UE en dos trincheras.
En una esquina está Alemania con su látigo de la austeridad, escoltada por Dinamarca, Países Bajos, Austria, Suecia y Finlandia. Ya le han mandado una carta al primer ministro irlandés diciéndole que nada de alegrías presupuestarias: que cada uno pague lo que de verdad pueda permitirselo. En la otra esquina se han atrincherado diecisiete países bajo la bandera de los "Amigos de la Cohesión", con España, Italia y Polonia llevando la voz cantante. Su mensaje es claro: no van a dejar que se desmonte el sistema que reparte la riqueza en Europa.
En España, la sola idea de perder esos 100.000 millones pone los pelos de punta. Somos los segundos que más dinero reciben de la PAC. Hablamos de recortar de un plumazo hasta 800 millones de euros al año a más de 620.000 agricultores y ganaderos que ya están con el agua al cuello por los costes de producción y la sequía. Sin contar los fondos del desarrollo rural, que quedarían congelados, dejando a medias la modernización del campo.
Pero la sangría no se queda en las tierras de cultivo. Si Bruselas recorta los fondos FEDER y los de empleo, regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha verán cómo se frenan en seco proyectos de transporte e infraestructuras. Y ahí viene la trampa: para que las obras no queden a medias, el Gobierno y las comunidades autónomas tendrán que poner dinero de su propio bolsillo. Un roto presupuestario que terminará saliendo de la sanidad, la dependencia o la vivienda.
Ahora bien, Madrid, Roma y Varsovia no han ido a Bruselas a poner cara de pena. Saben que para aprobar estas cuentas hace falta el voto de todos y cada uno de los Veintisiete. Y cuando tres de las principales economías del club se cogen de la mano, el derecho de veto deja de ser un farol para convertirse en un muro infranqueable. Nadie en la capital comunitaria se atreve a sacar adelante un presupuesto con el "no" rotundo de todo el flanco sur y oriental.
Para desmontar el discurso austericida alemán, este bloque propone buscar dinero fresco donde los ciudadanos no lo sufran: impuestos a las emisiones de carbono en la frontera, tasas a las multinacionales o peajes al plástico. Y de paso, juegan la carta de la presión política. Su postura es tajante: si Berlín quiere más presupuesto para Defensa y Seguridad, no será a costa de quitarle el pan a los agricultores.
Mientras tanto, en el Parlamento Europeo reina el caos. Las comisiones de Agricultura y Presupuestos están a la gresca por ver quién se queda con la llave del dinero, empantanando la ley. Un desorden peligrosísimo teniendo en cuenta que las elecciones en Francia, España o Italia están a la vuelta de la esquina. Si el pacto no se blinda ya, formaciones ultraderechistas como la Agrupación Nacional francesa, que aboga directamente por cortar el grifo a Bruselas a la mitad, podrían dinamitar cualquier acuerdo en 2027.
Ahí es donde la alianza con Polonia se vuelve decisiva. Con Varsovia en la mesa, Berlín ya no puede vender esto como un simple "el Sur gasta y el Norte paga". Polonia es el escudo defensivo de Europa frente al Este. Si se recortan sus fondos de cohesión, se debilita la frontera misma del continente. Así, lo que empezó como una discusión de contables ha terminado convirtiéndose en un asunto de seguridad nacional europea. Una presión de muy alto nivel que obligará a recortar los tijeretazos si no quieren que la nave comunitaria encalle antes de fin de año.
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