España llega esta semana a la Asamblea General de Naciones Unidas con una reivindicación que parece elemental y que, sin embargo, se ha convertido en uno de los grandes problemas de la política internacional. Que las reglas sean las mismas para todos y que el derecho internacional no dependa del país que lo incumple ni de las alianzas que lo protegen.
José Manuel Albares inicia este lunes en Nueva York su participación en la 81ª Semana de Alto Nivel de la Asamblea General con una agenda que coloca en primer plano la defensa del derecho internacional, la reforma de las instituciones multilaterales y los dos grandes conflictos que siguen condicionando la política exterior europea, Gaza y Ucrania.
El ministro defenderá un multilateralismo “renovado, eficaz e inclusivo” con Naciones Unidas en el centro y basado en el derecho internacional, los derechos humanos, la cooperación y el diálogo. La posición española coincide en buena medida con la que llevará la propia Unión Europea, que también ha fijado como prioridades la defensa de un sistema internacional basado en normas y una reforma de la ONU que mejore su capacidad de respuesta.
La formulación puede sonar a diplomacia de manual, pero llega en un momento en el que el problema de Naciones Unidas no es tanto la ausencia de principios como su enorme dificultad para hacerlos valer cuando chocan con los intereses de las grandes potencias.
La guerra de Ucrania continúa, Gaza sigue soportando las consecuencias de las operaciones militares israelíes y la situación en Cisjordania preocupa a Naciones Unidas ante el avance de la anexión. El propio António Guterres reconoció esta semana la incapacidad de la comunidad internacional para responder adecuadamente al sufrimiento en Gaza y Sudán.
Gaza pone a prueba las reglas que España quiere defender
Oriente Próximo ocupará una parte importante de la agenda española. Albares participará en la reunión ministerial dedicada a la implementación de la solución de los dos Estados y en el encuentro de apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA, que España copreside junto a Jordania y Brasil. Madrid volverá a defender el papel de la agencia tanto en la asistencia humanitaria como en la estabilidad regional.
La posición encaja con la línea mantenida por el Gobierno español durante la crisis de Gaza y con su reconocimiento del Estado palestino en 2024. España ha intentado situar la cuestión palestina dentro del terreno del derecho internacional y no exclusivamente en el de las alianzas geopolíticas. Precisamente ahí reside una de las mayores contradicciones a las que se enfrenta ahora el sistema multilateral.
La Asamblea General acaba de respaldar ampliamente la participación palestina después de que Estados Unidos negara los visados a la delegación encabezada por Mahmud Abás. Washington sostiene que la Autoridad Palestina y la OLP han tratado de “internacionalizar” el conflicto mediante actuaciones ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Naciones Unidas, por su parte, ha recordado las obligaciones que corresponden a Estados Unidos como país anfitrión de la organización.
La paradoja resulta difícil de ignorar. Una organización creada para que los conflictos puedan discutirse mediante la diplomacia se ha visto obligada a buscar una fórmula para que una de las partes pueda siquiera intervenir ante ella.
Finalmente, la Asamblea General aprobó por una amplísima mayoría permitir la participación telemática de Abás. Estados Unidos, Israel y Paraguay votaron en contra.
España llegará, por tanto, a Nueva York defendiendo la solución de los dos Estados cuando hasta la presencia física de la representación palestina se ha convertido en objeto de disputa.
Ucrania y Gaza bajo una misma regla
El Gobierno español pretende mantener también su compromiso con el final de la guerra en Ucrania. Colocar Ucrania y Oriente Próximo dentro de una misma defensa del derecho internacional tiene una importancia política que va más allá de la agenda diplomática. Durante los últimos años, una parte considerable del debate internacional ha girado precisamente alrededor de las acusaciones de doble rasero.
España ha defendido la soberanía y la integridad territorial de Ucrania frente a la agresión rusa y, al mismo tiempo, ha reclamado el respeto del derecho internacional humanitario en Gaza y una salida política basada en la existencia de Israel y Palestina como dos Estados.
La credibilidad de ese discurso depende precisamente de que las normas invocadas frente a Moscú sean igualmente exigibles cuando el responsable de una vulneración es un aliado occidental.
No es una posición exenta de dificultades ni convierte automáticamente en coherente cada decisión de política exterior española, pero sí introduce una cuestión fundamental para la supervivencia del sistema multilateral. El derecho internacional pierde buena parte de su legitimidad cuando parece funcionar con distinta intensidad dependiendo del Estado afectado.
España ya defendió ante Naciones Unidas en anteriores sesiones que el respeto al derecho internacional, al derecho humanitario y a la Carta de la ONU debía aplicarse con coherencia tanto en Gaza como en Ucrania, esa idea adquiere ahora todavía mayor relevancia.
Reformar una ONU incapaz demasiadas veces de detener las guerras
La agenda española no se limita a los conflictos abiertos. Albares defenderá la reforma de Naciones Unidas a través de la iniciativa ONU80, destinada a conseguir una organización más eficaz, transparente y capaz de rendir cuentas. España también apoyará que por primera vez una mujer ocupe la Secretaría General de Naciones Unidas. La reforma llega en un momento particularmente delicado para la institución.
Naciones Unidas conserva una legitimidad prácticamente insustituible como espacio de diálogo internacional, pero su capacidad para intervenir en las grandes crisis continúa condicionada por una arquitectura diseñada después de la Segunda Guerra Mundial y por los intereses contrapuestos de las grandes potencias.
Guterres ha pedido esta semana a los dirigentes mundiales que estén a la altura de la Carta de Naciones Unidas y ha reconocido que la comunidad internacional ha mostrado en demasiadas ocasiones indiferencia ante el sufrimiento de poblaciones como las de Gaza y Sudán.
La cuestión ya no consiste únicamente en reivindicar el multilateralismo, sino en conseguir que funcione. La propia Unión Europea llega a la Asamblea reclamando unas Naciones Unidas más eficaces e inclusivas y recordando que ningún Estado, independientemente de su poder, puede responder por sí solo a los grandes desafíos internacionales.
España pretende situarse dentro de ese bloque reformista y hacerlo además desde una posición que busca reforzar el peso de las normas internacionales frente a la política de hechos consumados.
Una Asamblea en la que el mundo llega con demasiadas guerras
La 81ª Asamblea General comienza este martes bajo el lema “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”. El debate general se prolongará hasta el 28 de septiembre y reunirá en Nueva York a dirigentes de todo el mundo.
La elección del verbo restaurar no parece casual, la confianza en las instituciones internacionales atraviesa uno de sus momentos más delicados mientras se acumulan conflictos, aumenta la competición entre potencias y resulta cada vez más evidente la distancia entre las resoluciones diplomáticas y lo que finalmente sucede sobre el terreno.
España llevará además a Nueva York asuntos menos visibles pero igualmente relevantes, desde la gobernanza de la inteligencia artificial y el cambio climático hasta la justicia social, la seguridad alimentaria, los derechos humanos y la igualdad de género. También participará en reuniones sobre terrorismo, desigualdad y el papel de las mujeres en la paz y el liderazgo.
La agenda es extensa. El desafío es bastante más sencillo de formular. Conseguir que el derecho internacional vuelva a significar algo cuando aplicarlo resulta incómodo.
Porque defender las reglas cuando las incumple un adversario es relativamente fácil. La verdadera medida de un sistema basado en normas llega cuando esas mismas reglas deben exigirse a socios, aliados y potencias capaces de ignorarlas.
España llega a Naciones Unidas defendiendo precisamente esa arquitectura multilateral. En una Asamblea marcada por Gaza, Ucrania y la crisis de confianza en las instituciones internacionales, la cuestión será comprobar cuánto espacio queda todavía entre defender el derecho y conseguir que alguien pueda hacerlo cumplir.
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