Cuando dos aviones militares rusos cruzaron a lo lejos la frontera aérea de Lituania, fue un par de cazas españoles los que se alzaron para intercetarlos. Esa interceptación, enmarcada en la batería de patrullas del OTAN en el Báltico, revela mucho más que un incidente técnico: pone sobre la mesa el coste político, presupuestario y social de proteger el espacio común europeo, y abre preguntas sobre qué tipo de seguridad queremos sostener, y para quién.
La misión española y la demostración de disuasión
En una base aérea lituana, dos Eurofighter-Typhoon españoles se alzaron para interceptar un caza ruso Su-30 junto a un avión cisterna Il-78, que según los radares permanecieron cerca de 700 metros dentro del espacio aéreo lituano durante cerca de 18 segundos. Fue una respuesta rápida, coordinada y simbólica: la OTAN lo calificó como “una demostración de disposición para responder ante cualquier acontecimiento” (sic). Pero más allá del titular, este episodio refleja una operación compleja. España aporta medios y personal a la misión, lo que supone un coste —de horas-vuelo, mantenimiento, logística— que se suma a los sacrificios que el modelo europeo de defensa requiere. No es sólo hardware; es capital humano, cohesión aliada y también rendición de cuentas democrática.
Tensión en el este europeo: continuidad y límites
El incidente no surge de la nada. En los últimos meses, las fronteras aéreas de los países bálticos se han convertido en un tablero de pruebas para maniobras rusas que oscilan entre el reconocimiento y la provocación. Las autoridades lituanas lo calificaron como una “violación flagrante del derecho internacional” y convocaron al encargado de negocios de la embajada rusa en Vilna para presentar una protesta formal. Esta conjunción de hechos – incursiones casi simbólicas, rápida respuesta aliada, diplomacia inmediata – marca un patrón que interroga no solo por su origen, sino por nuestras estructuras de defensa y su sostenibilidad.
La dimensión social y el imperativo de transparencia
Detrás del intercepciones aéreas, caballo motorizado de la OTAN, late una cuestión menos visible: ¿cómo se vinculan los recursos que se destinan a defensa con los que se destinan a derechos, servicios o bienestar social? Cuando un Gobierno reafirma que participa en una misión internacional, debe hacerlo con la mirada puesta en que esa participación no debilite el espacio público interno, ni erosione la cohesión social que sostiene la democracia. En ese sentido, la acción de los Eurofighter españoles resulta digna de reconocimiento por su profesionalidad y por la muestra de compromiso europeo. Pero también requiere una revisión atenta: ¿qué efectos presupuestarios tendrá esta tarea en la inversión en sanidad, educación o dependencia? ¿Cómo se informa y cómo se democratiza la rendición de cuentas de estas misiones?
La participación de España en la defensa colectiva se alinea con los valores de solidaridad y alianza, y es compatible con una visión progresista de la seguridad: una que no se limite al blindaje militar, sino que incluya la protección de las personas, el refuerzo de la diplomacia y la garantía de que las comunidades vulnerables no vean retroceder sus derechos en el nombre de la estrategia. En ese contexto, la presencia española en el este de Europa adquiere relevancia como muestra de responsabilidad, pero exige también —no como carga moral, sino como exigencia democrática— que se supervise, se cuestione y se explique.