Las grandes victorias electorales suelen desencadenar la tentación de proclamar el nacimiento de una nueva era. Tras la sonada debacle de Donald Trump en las recientes elecciones de mitad de mandato, donde el bloque demócrata conquistó el control decisivo de la Cámara de Representantes y del Senado, en Washington se respira una euforia que recuerda a los momentos fundacionales del siglo pasado. Una nueva generación de legisladores progresistas ha desembarcado en el Capitolio dispuesta a enterrar cuatro décadas de doctrina conservadora, aquella que arrancó con la revolución fiscal de Ronald Reagan y consagró un modelo de bajos impuestos y mínima solidaridad colectiva. Sin embargo, la ambición de refundar el contrato social se enfrenta a un enemigo inerte pero letal: la contabilidad del Tesoro.
El borrador del nuevo contrato social que la izquierda estadounidense pretende redactar es tan ambicioso como costoso. Los demócratas aspiran a restaurar y blindar de forma permanente la asistencia médica universal a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), revertir los recortes de Trump en los cupones de alimentos (SNAP) y Medicaid, e inyectar recursos masivos en programas de cuidado infantil. Las proyecciones que sitúan a un demócrata en la Casa Blanca dentro de dos años alimentan la fantasía de un gobierno con mando único dedicado a reparar una red de seguridad social precaria. Pero entre el entusiasmo del discurso de victoria y la firma de las leyes se interpone una muralla de números rojos que amenaza con paralizar cualquier intento de reforma.
Estrangulación presupuestaria: el legado de Trump
El descalabro de las cuentas públicas norteamericanas no es un accidente fortuito de la coyuntura económica, sino el resultado de una cuidada estrategia política perfeccionada durante décadas por los arquitectos del conservadurismo más radical. Como admiten veteranos asesores presupuestarios desde la época del Gipper, la táctica republicana ha consistido históricamente en asestar recortes fiscales agresivos para estrangular los ingresos del Estado, forzar un endeudamiento desbocado que atara de manos a cualquier administración demócrata posterior. La ley fiscal aprobada durante el mandato de Donald Trump (la controvertida ley OBBBA) añadirá entre 4,1 y 5,5 billones de dólares a la deuda federal en una década lo que garantiza que el margen para el gasto social del Ejecutivo entrante sea prácticamente inexistente.
Las cifras de este naufragio fiscal marean por su magnitud. Con una deuda soberana que supera los 40 billones de dólares, más del 120% del Producto Interior Bruto de la primera potencia mundial, el gobierno federal destina ya 1 billón de dólares al año únicamente al pago de los intereses de la deuda. Esta factura financiera representa el 3,2% del PIB y supera con creces el presupuesto total destinado a la defensa nacional. Por si fuera poco, los centros de análisis económico estiman que deshacer los recortes sociales de la administración anterior y restablecer los subsidios sanitarios entre 2030 y 2039 costaría 2,66 billones de dólares adicionales, todo ello en un momento en que el fondo fiduciario de la Seguridad Social encarará la quiebra en menos de seis años y obligará por ley a un tijeretazo automático del 22% en las pensiones si no se aporta dinero fresco.
Abismo impositivo
Frente a este colapso presupuestario, la única vía matemáticamente viable para financiar la agenda progresista pasa por una subida masiva de impuestos. Sin embargo, la historia política de Estados Unidos demuestra que el aumento de la presión fiscal es un territorio abonado para el suicidio electoral. La última vez que un presidente republicano aceptó subir los impuestos fue George H. W. Bush en los noventa, una decisión que le costó la reelección frente a Bill Clinton. Desde entonces, los intentos demócratas por elevar la recaudación han sido tímidamente recortados por la parálisis legislativa o desmantelados por el siguiente ciclo conservador, como ocurrió con el superávit de la era Clinton, dilapidado por los recortes de George W. Bush.
En la actualidad, la recaudación fiscal total en Estados Unidos representa apenas el 26% del PIB, una cifra astronómicamente inferior a la de otras economías desarrolladas: nueve puntos por debajo del Reino Unido, doce puntos y medio menos que Alemania y dieciséis puntos por detrás de Suecia. Pretender igualar los estándares de la socialdemocracia europea sin una reforma tributaria de calado es una quimera técnica. La primera prueba de fuego para la nueva mayoría demócrata llegará cuando expiren los beneficios fiscales temporales de la era Trump sobre propinas, horas extra y deducciones locales. Dejarlos morir aportaría 1,2 billones de dólares en diez años, pero exigirá la valentía política de enfrentarse a la acusación conservadora de subir los impuestos a las clases medias.
La prueba de fuego para la nueva generación parlamentaria
El gran dilema que atenaza la política estadounidense tras las midterms ya no es de naturaleza ideológica, sino de coraje fiscal. El entusiasmo con el que la nueva hornada de legisladores promete sanar la sanidad, la educación y la protección contra el desempleo tecnológico provocado por la inteligencia artificial se topa con el veredicto implacable de los mercados y de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Sin una reforma tributaria de dimensiones históricas que ataje el déficit desbocado del 6,2% provocado por las políticas de Donald Trump, las promesas de reconstrucción social corren el riesgo de convertirse en papel mojado antes de que termine la legislatura. Estados Unidos se encuentra en la encrucijada de decidir si está verdaderamente preparado para asumir el coste real de un nuevo contrato social o si, por el contrario, continuará atrapado en la espiral de la deuda y el desmantelamiento de sus servicios públicos.
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