Las recientes declaraciones de Donald Trump, “Cuba es la siguiente”, no pueden interpretarse como una simple provocación retórica. En el actual contexto internacional, constituyen un indicio de una estrategia geopolítica más amplia de reconfiguración del hemisferio occidental, en la que Washington parece decidido a cerrar definitivamente el ciclo histórico abierto por la Guerra Fría en el Caribe. La inclusión explícita de Cuba en la secuencia que ya involucra a Venezuela e Irán sugiere la construcción de un eje de intervención basado en la presión económica, la asfixia energética y, en última instancia, la posibilidad de una acción directa.
El trasfondo de esta ofensiva no es nuevo, pero sí adquiere una nueva intensidad. Cuba ha sido históricamente un nodo crítico en la geopolítica estadounidense desde finales del siglo XIX, cuando, tras la guerra contra España, Washington consolidó su influencia sobre la isla mediante instrumentos como la Enmienda Platt. Aquella arquitectura de control indirecto, que convertía a Cuba en una cuasi colonia estadounidense, no solo garantizaba intereses económicos (azúcar, infraestructuras, turismo), sino también una posición estratégica en el Caribe.
La ruptura de ese esquema con la Revolución de 1959 liderada por Fidel Castro transformó la isla en un símbolo global de resistencia al poder estadounidense. Sin embargo, esa misma revolución, al alinearse con la Unión Soviética, insertó a Cuba en una lógica de dependencia estructural que marcaría su devenir durante décadas. El modelo político de partido único y economía centralizada garantizó estabilidad en determinados momentos, pero al precio de limitar las libertades políticas y bloquear la adaptación económica.
Durante la Guerra Fría, la isla sobrevivió gracias al sostén soviético, que llegó a representar la mayor parte de su comercio exterior. Pero la caída de la URSS desencadenó el llamado “Período Especial”, una crisis sistémica que reveló la fragilidad de un modelo excesivamente dependiente. Desde entonces, Cuba ha transitado por una economía híbrida, donde la apertura parcial al capital extranjero (especialmente en turismo e inversión energética) convivía con un control estatal férreo.
El siglo XXI ofreció un respiro temporal. La alianza con Venezuela, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, permitió a Cuba acceder a petróleo subsidiado, mientras exportaba servicios médicos y de seguridad. Sin embargo, ese equilibrio era precario. La crisis venezolana y, más recientemente, la reconfiguración de su sector energético bajo presión estadounidense han cortado ese flujo vital. A ello se suma el impacto devastador de la pandemia de COVID-19, que paralizó el turismo, principal fuente de divisas del país.
Hoy, la isla enfrenta una crisis multidimensional sin precedentes: colapso energético, escasez de alimentos, deterioro de servicios básicos y un éxodo masivo que ha reducido significativamente su población activa. La retirada de suministros energéticos por parte de países como México y Venezuela, en un contexto de presión directa de Washington, ha acelerado este proceso de descomposición económica.
En este escenario, el papel del conglomerado militar GAESA adquiere una relevancia central. Este entramado empresarial, controlado por las fuerzas armadas, gestiona sectores estratégicos como el turismo, el comercio minorista, las finanzas y la logística. Su peso económico (cercano a un tercio del PIB) convierte a GAESA en un actor geoeconómico clave, capaz de influir decisivamente en cualquier transición política. En términos comparativos, su funcionamiento recuerda a los procesos de privatización de élites observados en la transición postsoviética, donde antiguos cuadros del sistema se apropiaron de activos estatales.
La estrategia de Trump parece orientarse precisamente a explotar estas fracturas internas. A diferencia de intervenciones militares clásicas, el enfoque actual combina presión económica, aislamiento internacional y negociación selectiva con élites locales. La referencia a Venezuela como “operación ejemplar” sugiere un modelo basado en la sustitución de liderazgos mediante acuerdos indirectos más que mediante invasiones abiertas.
En este contexto, figuras emergentes dentro del aparato cubano, como Raúl Guillermo Rodríguez Castro, podrían desempeñar un papel de intermediación. Su perfil (militar, vinculado a GAESA y con conexiones familiares en la cúpula del poder) encaja en el patrón de transición controlada desde dentro del sistema, donde las élites actuales negocian su supervivencia en un nuevo orden económico.
Desde una perspectiva geopolítica, el posible colapso del régimen cubano tendría implicaciones de gran alcance. En primer lugar, consolidaría la hegemonía estadounidense en el Caribe, eliminando uno de los últimos vestigios del bloque socialista en la región. En segundo lugar, abriría la puerta a una reconfiguración económica donde capitales extranjeros (especialmente estadounidenses y europeos) ampliarían su control sobre sectores estratégicos de la isla.
Sin embargo, esta transición no está exenta de riesgos. La historia demuestra que los procesos de cambio abrupto pueden generar inestabilidad social, aumento de la desigualdad y conflictos internos. La experiencia de Europa del Este tras la caída del comunismo ilustra cómo la liberalización económica rápida puede derivar en la concentración de riqueza y en la marginalización de amplios sectores de la población.
En el caso cubano, el desafío será aún mayor debido al deterioro acumulado de su economía y a la fragilidad de sus instituciones. La posibilidad de un aumento de protestas, violencia o incluso fragmentación social no puede descartarse. En este sentido, la transición cubana se perfila como un laboratorio geopolítico donde se pondrán a prueba modelos de cambio político en contextos de crisis profunda.
El papel de Estados Unidos en este proceso será determinante, pero también controvertido. La retórica de Trump, que combina elementos de intervención directa con un discurso empresarial (“al vencedor le corresponden las riquezas”), apunta a una concepción instrumental de la política exterior. Esta visión plantea interrogantes sobre la legitimidad y sostenibilidad de un modelo de transición impulsado desde el exterior.
Al mismo tiempo, la izquierda estadounidense afronta una crisis de posicionamiento. Históricamente, amplios sectores han apoyado al régimen cubano como símbolo antiimperialista, minimizando sus déficits democráticos. Sin embargo, la actual crisis obliga a replantear ese enfoque. La defensa del pueblo cubano, de sus derechos laborales y de su autodeterminación, exige una revisión crítica de las posiciones tradicionales.
En última instancia, el futuro de Cuba dependerá de la interacción entre factores internos y externos. La presión estadounidense, las dinámicas de poder dentro de la isla y la respuesta de la sociedad civil configurarán un escenario complejo e incierto. Lo que está en juego no es solo el destino de un país, sino la redefinición de equilibrios geopolíticos en el hemisferio occidental.
La frase de Trump, “puedo hacer lo que quiera con Cuba”, sintetiza una visión del mundo basada en la unilateralidad y el poder. Pero la historia de la isla demuestra que los procesos geopolíticos rara vez son lineales o previsibles. En esa tensión entre imposición externa y resistencia interna se decidirá el futuro de Cuba, un país que, una vez más, se encuentra en el centro de una disputa global que trasciende sus propias fronteras.