La aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos, ha generado una situación inédita en el Consulado General de España en La Habana. Ante el colapso provocado por cientos de miles de solicitudes de nacionalidad, el Gobierno de España se ha visto obligado a contratar a una empresa estatal cubana para poder gestionar los expedientes, una exigencia derivada de la normativa laboral vigente en Cuba.
Según Diario de Cuba, el Consulado General de España en La Habana contrató a 87 auxiliares administrativos a través del Grupo Empresarial Palco, una entidad del régimen cubano, la cual recibirá 200 euros mensuales por trabajador. Sin embargo, los cubanos que trabajen en el consulado español de La Habana cobrarán solo de 10 dólares al mes.
Una exigencia legal sin margen para el gobierno español
Según la normativa del régimen cubano, España no puede contratar directamente a trabajadores locales. En Cuba, las misiones diplomáticas extranjeras tienen prohibido emplear personal cubano de forma directa, y deben hacerlo a través de empresas estatales autorizadas que actúan como intermediarias.
En este caso, Grupo Palco era la única empresa habilitada para prestar ese servicio. Esto impidió al consulado español seleccionar al personal o gestionar directamente las condiciones laborales, que quedaron en manos de la empresa estatal.
En este contexto, el gobierno de coalición de PSOE-Sumar se vio atrapado en una encrucijada para dar salida al desmesurado volumen de solicitudes de nacionalidad española por parte de miles de cubanos que, con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y su política antinmigración, han descartado los Estados Unidos como un destino seguro a pesar de que, hasta hace poco, lo era para muchos familiares y amigos que emigraron sobre todo al estado de Florida.
De esta manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España o firmaba este acuerdo millonario por un plazo de 4 años o de lo contrario, solo con el personal fijo del consulado español en La Habana, no se habrían resuelto las más de 350.000 solicitudes en menos de 10 años, según estimaciones oficiales.
El anunciado colapso del Consulado en La Habana
La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022 abrió un plazo extraordinario para que hijos y nietos de españoles exiliados o emigrados pudieran recuperar la nacionalidad pero con fecha limite 22 de octubre del pasado año.
Descartada la inmigración a Estados Unidos, la preferida hasta ahora por los cubanos, miles de descendientes de nietos de españoles en la isla vieron una puerta abierta para obtener el pasaporte europeo que les permitiría huir de la carestía de alimentos básicos, de la falta de medicamentos, de los continuos cortes de luz, de los salarios que no superan los 12 dólares mensuales, insuficientes para la desmesurada inflación que azota a la economía del país.
Ya en el verano pasado y tres meses antes del cierre del plazo, la web CiberCuba explicaba cómo la alta demanda llevó a modificar el sistema de gestión de citas y la tramitación de la nacionalidad española e informaba del colapso del consulado español en La Habana. Concluido el periodo de solicitudes, quedó demostrado que fue insuficiente y la situación no hizo más que empeorar.
¿Aceptar chantaje para ampliar derechos?
La contratación de la empresa estatal Grupo Palco abre un debate sobre hasta qué punto se tiene que ceder al chantaje del gobierno cubano cuando se trata de ampliar derechos a miles de sus ciudadanos. Se plantea la paradoja que el gobierno español tiene que hacer uso de fondos públicos para pagar a una entidad intermediaria controlada por el régimen cubano y sobre la cual carece de control directo sobre el personal contratado y de sus condiciones salariales. Y más cuando se sabe que los trabajadores van a recibir una ínfima parte del salario abonado por las autoridades españolas y que el resto irá engrosar la cuenta corriente del gobierno cubano, o quien sabe, de algunos de sus representantes.
Más de 2 millones de beneficiarios
Según datos publicados por Infobae, la aplicación de la Ley de Memoria Democrática ha permitido que, en apenas dos años, 2,3 millones de descendientes de exiliados y emigrantes hayan podido acogerse a la norma que permite recuperar la nacionalidad, multiplicando la cifra por más de cuatro en relación a 2007 con la anterior ley.
De acuerdo al periódico argentino, un millón de solicitudes se han presentado en Argentina, donde el consulado de Buenos Aires acumula alrededor de 645.000 expedientes, seguido por el de Córdoba, con 125.000. Les siguen La Habana en Cuba con 350.000, Ciudad de México y 165.000, Sao Paulo en Brasil con 150.000, Miami en EEUU con 120.000 y, por último, Caracas en Venezuela con 40.000.