La corrupción de la presidencia de Donald Trump ha alcanzado un nivel sin precedentes en su segundo mandato, según revelan los datos sobre la actividad de la tienda oficial vinculada a su figura política y empresarial. En apenas catorce meses, la llamada “Trump Store” ha lanzado al menos 622 productos, con un coste agregado cercano a los 43.000 dólares, en una estrategia que difumina por completo la frontera entre el poder institucional y el beneficio privado.
Lo que comenzó durante su primer mandato como una iniciativa ya polémica ha evolucionado hacia una estructura consolidada de monetización política. Las cifras son elocuentes: en 2024, la tienda generó aproximadamente 8,8 millones de dólares, más del doble que el año anterior y más de diecisiete veces lo registrado en su primer año completo de funcionamiento. La progresión no solo demuestra un crecimiento comercial, sino también la consolidación de un modelo que convierte la figura presidencial en un activo de mercado.
En los primeros compases de su presidencia en 2017, la venta de productos vinculados a su imagen se mantenía en un espacio relativamente separado de la actividad institucional. Las icónicas gorras de “Make America Great Again” se comercializaban en la tienda de campaña, en una división que, aunque simbólica, pretendía preservar cierta distancia entre el jefe del Ejecutivo y el empresario. Sin embargo, tras su derrota electoral en 2020, esa línea se desdibujó por completo. La venta de productos con referencias directas a la presidencia se integró plenamente en la estrategia comercial, eliminando cualquier apariencia de separación.
Hoy, el catálogo refleja esa evolución. Un simpatizante dispuesto a adquirir todos los productos disponibles podría gastar más de 91.000 dólares en casi 1.500 artículos, entre los cuales al menos un centenar incluyen referencias explícitas a la presidencia o a decisiones adoptadas durante su mandato. Desde prendas conmemorativas hasta objetos que celebran iniciativas como la Fuerza Espacial, la oferta convierte la acción de gobierno en mercancía.
Pero el aspecto más controvertido no reside únicamente en la escala del negocio, sino en el contenido político de algunos productos. Parte del catálogo incluye artículos que promueven la idea de un tercer mandato presidencial, algo prohibido por la Constitución estadounidense. Gorras, camisetas y accesorios con lemas como “Trump 2028” o “Cuatro años más” no solo forman parte de la oferta comercial, sino que son activamente promocionados a través de campañas de marketing. En uno de estos mensajes, se afirma: “Manifestando el futuro… Cuatro años más… Una gorra para el próximo mandato”, una formulación que, en el contexto actual, apunta directamente a la normalización de una aspiración inconstitucional.
Esta estrategia comercial se complementa con una intensa promoción desde el propio entorno presidencial. Trump ha utilizado actos oficiales, reuniones de gabinete e incluso visitas al Despacho Oval para exhibir productos de su marca, llegando a repartir artículos entre asistentes. Estas acciones, aunque no figuran en registros financieros, generan un valor promocional significativo al asociar la imagen del poder político con la marca comercial del presidente.
El fenómeno no se limita al círculo inmediato del mandatario. Figuras políticas afines han contribuido a amplificar esta dinámica, utilizando productos de la tienda en actos institucionales. La progresiva normalización de esta práctica sugiere un cambio en los estándares éticos que regulan la relación entre política y negocio en Washington.
La tienda Trump, sin embargo, es solo una pieza dentro de un ecosistema más amplio. Plataformas digitales asociadas a la marca Trump ofrecen desde zapatillas y fragancias hasta instrumentos musicales y activos financieros vinculados a su figura. Este entramado multiplica las vías a través de las cuales los seguidores pueden contribuir económicamente al presidente, consolidando un modelo en el que la lealtad política se traduce en consumo.
La utilización de la presidencia como plataforma de negocio no solo desafía normas éticas tradicionales, sino que redefine la naturaleza del liderazgo político en una democracia. La convergencia entre poder público e interés privado, lejos de ser un efecto colateral, aparece como un elemento central de la estrategia.
El mensaje implícito es claro: la presidencia no solo se ejerce, también se comercializa. Y en ese proceso, la línea que separa representación política y explotación económica se vuelve cada vez más difusa. Mientras los ingresos crecen y la oferta se diversifica, el impacto sobre la percepción pública de las instituciones plantea una cuestión de fondo: hasta qué punto puede una democracia sostenerse cuando su máxima autoridad convierte el cargo en una marca.