El año 2026 ha comenzado en Nueva York con una intensa actividad en el Consejo de Seguridad de la ONU, que bajo la presidencia mensual de Somalia ha abierto su agenda con una destacada presencia de asuntos latinoamericanos. La crisis en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos fue analizada en una sesión extraordinaria del máximo órgano de Naciones Unidas, en la que dos países de la región, Panamá y Colombia, participan como miembros no permanentes con mandatos bianuales.
En las próximas semanas, el Consejo de Seguridad tiene previstas sesiones especiales centradas en la grave situación humanitaria de Haití, derivada de la violencia de pandillas y grupos armados, así como en el seguimiento de los acuerdos de paz firmados en 2016 en Colombia entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.
En este contexto, el Enviado Especial de la Corte Centroamericana de Justicia ante Naciones Unidas, David Balsa —nominado en 2023 al Premio Nobel de la Paz por su labor en Centroamérica— intervino recientemente ante el Consejo de Seguridad en Nueva York. En línea con el discurso de la subsecretaria general de la ONU y representante especial para las Víctimas de Conflictos, Pramila Patten, Balsa subrayó el compromiso de las instituciones centroamericanas con la paz y el diálogo como vías fundamentales para la resolución de conflictos en la región.
América Latina cuenta además con serias opciones de asumir la Secretaría General de la ONU durante el período 2027-2031, de acuerdo con el principio de rotación geográfica por continentes. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) expresó en sus últimas cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, celebradas en 2025 en Tegucigalpa (Honduras) y Santa Marta (Colombia), el respaldo regional a la elección, por primera vez en la historia, de una mujer latinoamericana como secretaria general de Naciones Unidas.
Entre las principales candidatas figuran la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y la actual directora general de la UNCTAD, Rebeca Grynspan. El proceso de elección se llevará a cabo en el segundo semestre de 2026 mediante votaciones entre los quince Estados miembros del Consejo de Seguridad, y posteriormente el candidato —o, previsiblemente, la candidata— será ratificado por la Asamblea General, integrada por los 193 Estados miembros de la ONU.
En sus intervenciones ante distintos organismos de Naciones Unidas, David Balsa ha reiterado asimismo el firme respaldo de las instituciones centroamericanas a la labor del actual secretario general de la ONU, el ex primer ministro portugués António Guterres. Ambas partes han mantenido diversas reuniones oficiales en los últimos años para abordar cuestiones clave de la agenda regional e internacional.
Como muestra de esta estrecha sintonía, la Corte Centroamericana de Justicia ha apoyado iniciativas como la inclusión del idioma portugués como lengua oficial de la ONU y el fortalecimiento del papel de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), organización en cuya creación António Guterres desempeñó un papel destacado durante su etapa como primer ministro de Portugal.
La Corte Centroamericana de Justicia, constituida en 1991, es el tribunal internacional de los ocho Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), organismo que cuenta con estatus de observador internacional y una misión permanente acreditada ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York.