Venezuela ha dado un paso parlamentario relevante —aunque todavía incompleto— hacia una amnistía general que podría afectar a centenares de presos políticos. El oficialismo presenta la medida como un gesto de reconciliación nacional, pero su alcance real dependerá tanto de la letra fina como del contexto: un país sin contrapesos institucionales plenos y sometido a una negociación permanente con actores externos.
La unanimidad parlamentaria en Caracas no significa consenso democrático, sino otra cosa: la capacidad del poder para ordenar el tablero sin resistencia interna significativa. La Asamblea Nacional —controlada por el chavismo— aprobó en primera discusión el proyecto de ley de amnistía promovido por la presidencia interina de Delcy Rodríguez, una iniciativa que podría redefinir el mapa político venezolano si se concreta sin restricciones arbitrarias.
La norma, todavía en fase de consultas, plantea la clemencia inmediata para personas encarceladas por su participación en protestas o por delitos vinculados a la confrontación política desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. También contempla la restitución de bienes y la cancelación de alertas internacionales, lo que abriría la puerta al regreso de exiliados.
Sobre el papel, el gesto parece histórico. En la práctica, obliga a leer entre líneas.
Amnistiar después de castigar
Las leyes de amnistía suelen aparecer cuando un sistema político necesita estabilizarse. En Venezuela, la iniciativa llega tras años de denuncias de organizaciones de derechos humanos, ciclos de protestas reprimidas y una erosión prolongada de garantías judiciales.
El oficialismo sostiene que la medida busca “justicia y convivencia”. El lenguaje no es casual: el chavismo intenta trasladar la idea de cierre de etapa sin admitir explícitamente responsabilidades.
No es un detalle menor que el proyecto excluya delitos considerados de extrema gravedad —crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional o corrupción— mientras incorpora una larga lista de figuras penales asociadas a la protesta, como rebelión, resistencia a la autoridad o instigación.
Ese diseño permite reconocer implícitamente la naturaleza política de muchas detenciones sin cuestionar el aparato judicial que las produjo.
Una reconciliación bajo supervisión
El contexto explica tanto como el texto legal.
La amnistía avanza mientras Caracas intenta recomponer su relación con Washington tras meses de tensión y en paralelo a negociaciones energéticas que vuelven a situar el petróleo en el centro del tablero geopolítico. La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos —un episodio de enorme impacto institucional— alteró equilibrios internos y aceleró movimientos que hace apenas un año parecían improbables.
Liberar presos no es solo un gesto humanitario: es también una señal hacia la comunidad internacional y un mecanismo para aliviar sanciones o facilitar acuerdos económicos.
El chavismo ha demostrado en otras ocasiones que sabe modular concesiones sin perder el control estructural.
Los números de la grieta
Según organizaciones como Foro Penal, centenares de presos políticos han sido excarcelados en las últimas semanas, aunque aún quedarían más de 600 tras las rejas. Además, miles de personas liberadas en años anteriores continúan sujetas a medidas cautelares que limitan su movilidad o su actividad pública.
La diferencia entre salir de prisión y recuperar plenamente la libertad es, en Venezuela, algo más que un matiz jurídico.
Por eso, el alcance efectivo de la amnistía dependerá de su aplicación concreta:
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qué delitos se interpretan como políticos,
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cuántos expedientes se revisan realmente,
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y bajo qué condiciones regresan los exiliados.
La experiencia venezolana aconseja desconfiar de los anuncios sin observar la ejecución.
Durante el debate parlamentario, el presidente de la Asamblea apeló a la memoria histórica y a la necesidad de “tragar grueso” para avanzar hacia la convivencia. La retórica del perdón tiene tradición en el discurso bolivariano: combina épica, victimización y un intento de superioridad moral frente a los adversarios. Pero la reconciliación no se decreta únicamente desde un hemiciclo. Requiere instituciones creíbles, independencia judicial y garantías de que la disidencia no volverá a ser criminalizada. Elementos que, hasta ahora, han sido objeto de discusión permanente dentro y fuera del país.
Un movimiento de alto riesgo político
Para el chavismo, la ley ofrece varias ventajas simultáneas: reduce presión exterior, fragmenta a la oposición —que deberá decidir si la celebra o la cuestiona— y proyecta una imagen de apertura.
También entraña riesgos. Toda amnistía es, en cierto modo, un reconocimiento de exceso previo. Y ese reconocimiento puede alimentar nuevas demandas de reparación.
El calendario parlamentario aún prevé un segundo debate antes de la aprobación definitiva. Después llegará la prueba decisiva: convertir la promesa en realidad administrativa.
En un país acostumbrado a los giros bruscos, la ley de amnistía no es todavía un punto de llegada. Es, más bien, un indicador de que el poder venezolano percibe que el tiempo político ha cambiado —aunque no necesariamente que esté dispuesto a cambiar con él.