Durante décadas, Estados Unidos ha sostenido una ficción cómoda: que la seguridad nacional y la prosperidad económica avanzan de la mano cuando se endurece la política migratoria. La agenda de la administración Trump, con su objetivo explícito de deportar a cuatro millones de personas en cuatro años, amenaza con desmontar esa narrativa pieza a pieza. El impacto más inmediato y menos visible no se producirá en la frontera ni en los titulares políticos, sino en los salones y dormitorios de millones de hogares estadounidenses: el colapso del sistema de atención directa a personas mayores y con discapacidad.
Si ese objetivo se materializa, el sector perdería cerca de 394.000 empleos, una cifra que resume la magnitud del problema pero no su profundidad humana. De ellos, 274.000 corresponderían a trabajadores inmigrantes, pero otros 120.000 afectarían a ciudadanos nacidos en Estados Unidos. La política diseñada para “proteger” el empleo nacional acabaría, irónicamente, destruyendo puestos de trabajo estadounidenses y debilitando uno de los pilares más frágiles del Estado social norteamericano.
El sector de la atención directa (auxiliares de salud a domicilio, cuidadores personales, celadores y asistentes psiquiátricos) es intensivo en mano de obra, mal remunerado y físicamente exigente. También es, de manera decisiva, dependiente de la inmigración. Casi el 30% de su fuerza laboral es inmigrante, frente al 20 % del empleo total en la economía. En el caso de los auxiliares de salud a domicilio, la proporción asciende a cuatro de cada diez trabajadores. No se trata de un exceso coyuntural de oferta laboral extranjera, sino de un equilibrio estructural que permite que el sistema funcione.
La evidencia empírica es clara. Investigaciones recientes de Amanda Kreider y Rachel Werner muestran que los aumentos previos en la aplicación de las leyes migratorias ya provocaron una contracción significativa del sector. Extrapolados al escenario actual, cuatro millones de deportaciones podrían traducirse en una pérdida de casi 400.000 empleos en atención directa. No es un efecto colateral: es una consecuencia directa y previsible.
El problema no se limita a la reducción de la oferta laboral. La aplicación agresiva y arbitraria de las leyes migratorias precariza el mercado de trabajo incluso para quienes no son deportados. Cuando los trabajadores inmigrantes viven bajo la amenaza constante de arresto o expulsión, pierden capacidad de negociación, reducen su movilidad laboral y aceptan peores condiciones. El resultado es un deterioro generalizado de salarios y condiciones que afecta a todo el sector. Lejos de atraer a trabajadores nacidos en Estados Unidos, esta dinámica los ahuyenta.
Aquí se derrumba otro de los mitos centrales del trumpismo: que las deportaciones abrirán oportunidades para los trabajadores locales. La experiencia en sectores como la construcción o el cuidado infantil demuestra lo contrario. Cuando la inmigración se reprime, el empleo no se reasigna, se destruye. En la atención directa, aproximadamente un 30% de la pérdida total de empleo recaería sobre trabajadores nacidos en Estados Unidos. La política migratoria punitiva no sustituye mano de obra: reduce el tamaño del mercado.
El impacto será especialmente severo en determinados estados. Nueva York se enfrenta a una tormenta perfecta: los inmigrantes representan dos tercios de su fuerza laboral de atención directa, y más de un tercio de todos los no ciudadanos del sector en el país viven allí. Si se cumplen los objetivos de deportación, el estado podría perder el 45% de su capacidad de atención directa. California, Texas, Florida, Massachusetts o Washington también sufrirían recortes de dos dígitos. No es una crisis local: es un problema sistémico.
Las consecuencias trascienden el empleo. Menos cuidadores profesionales significa menos servicios disponibles. Kreider y Werner documentan que, tras escaladas anteriores en la aplicación de la ley migratoria, aumentó de forma notable el número de adultos mayores viviendo sin ayuda en sus hogares. Entre los beneficiarios de Medicaid, el cuidado formal disminuyó mientras el cuidado familiar aumentó, no por elección, sino por necesidad. El sistema formal se encogió y las familias absorbieron el golpe.
Ese desplazamiento tiene un coste económico oculto pero enorme. Cuando el cuidado profesional desaparece, alguien en la familia deja de trabajar o reduce sus horas. Otras investigaciones ya han demostrado que el endurecimiento migratorio ha obligado a madres nacidas en Estados Unidos a trabajar menos debido a la menor disponibilidad de servicios domésticos y de cuidado. La cadena es clara: deportaciones, menos cuidadores, menos empleo femenino, menor crecimiento económico.
Todo esto ocurre en el peor momento demográfico posible. Incluso sin deportaciones, Estados Unidos se dirige hacia una aceleración masiva de las necesidades de cuidado a medida que la población envejece, especialmente en los próximos cinco años. Reducir la fuerza laboral de atención directa en casi 400.000 personas en este contexto equivale a retirar los cimientos de un edificio mientras se añaden pisos.
La agenda de deportaciones de la administración Trump, presentada como una política de orden y empleo, amenaza con desencadenar una crisis en cascada que afectará a personas mayores, personas con discapacidad, familias trabajadoras y a la economía en su conjunto. Lejos de crear oportunidades para los trabajadores nacidos en Estados Unidos, desmantela una infraestructura esencial y traslada los costes al ámbito privado, donde son más difíciles de ver y más dolorosos de asumir.