La nueva fase de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), impulsada por la administración de Donald Trump, no ha convertido a las escuelas en escenarios de arrestos masivos. Pero ha logrado algo quizá más profundo: sembrar el miedo suficiente para vaciar pupitres.
Aunque los agentes federales no han irrumpido en los colegios para detener estudiantes, la revocación de la política de “espacios seguros”, que durante años limitó la actuación migratoria en lugares como escuelas o iglesias, ha creado un vacío legal que los distritos intentan llenar con protocolos propios. En ausencia de una barrera federal clara, cada superintendente se ha convertido, de facto, en gestor de crisis migratoria.
La consecuencia inmediata es un aumento del absentismo que recuerda los peores momentos de la pandemia. En el Valle Central de California, en el Distrito Escolar Unificado de Fresno, los arrestos del ICE crecieron un 58% en los primeros meses del segundo mandato de Trump, mientras el absentismo escolar aumentaba un 22%, según datos oficiales. La Superintendencia de Fresno, lo resumía con crudeza: la educación pública está recibiendo “otro puñetazo en el estómago”.
El patrón se repite lejos de California. En el área de Minneapolis–Saint Paul, la detención de un niño de cinco años, Liam Conejo Ramos, estudiante del distrito de Columbia Heights, intensificó el temor colectivo. La ofensiva migratoria en Minnesota, sumada a un clima político enrarecido tras episodios violentos en la región, ha disparado la ansiedad familiar y la retirada silenciosa de alumnos.
En Oregón la situación es como “un nivel completamente diferente, muy extremo, muy traumático”. Un distrito cercano a Portland experimentó el efecto dominó clásico de la incertidumbre jurídica: más consultas legales, más reuniones discretas con familias, menos comunicación pública por miedo a la exposición.
Desde Washington, la narrativa es distinta. El Departamento de Seguridad Nacional insiste en que ICE no acude a las escuelas a detener niños, sino a “protegerlos”, y subraya que cualquier actuación requeriría circunstancias excepcionales. La Casa Blanca defiende que la política migratoria crea comunidades más seguras al retirar a “inmigrantes ilegales criminales peligrosos”. La brecha entre esa afirmación y la percepción en los distritos escolares revela una tensión estructural: la seguridad pública entendida como control migratorio frente a la seguridad escolar entendida como estabilidad emocional y asistencia regular.
Ante la ambigüedad federal, los distritos han diseñado microconstituciones propias. En las Escuelas Públicas de Saint Paul se aprobaron resoluciones que instruyen al personal a distinguir entre órdenes judiciales (que autorizan arrestos o registros) y órdenes administrativas, que no lo hacen. Se prohíbe proporcionar información sobre estudiantes sin orden válida y se exige capacitación anual para el personal. En Durham, Carolina del Norte, las políticas fueron enmendadas para exigir supervisión directa del superintendente ante cualquier solicitud de agentes federales.
Estas medidas no son simbólicas. En Minnesota, incluso una furgoneta que transportaba estudiantes con discapacidad fue detenida por agentes de ICE. Aunque no se produjeron arrestos en instalaciones escolares, el mensaje implícito fue claro: el perímetro protector de la escuela se ha vuelto poroso.
El efecto más visible es logístico. Distritos como Fridley han registrado un “aumento dramático” en solicitudes de transporte puerta a puerta. Superintendentes patrullan personalmente paradas de autobús. Programas de estudio on line, concebidos para casos puntuales, han multiplicado su matrícula hasta alcanzar el 20% del alumnado en algunos distritos. En el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, más de 13.000 estudiantes se dieron de baja durante el presente curso escolar, en paralelo a cientos de redadas en la ciudad.
Pero el impacto más duradero podría no medirse en cifras de transporte ni en matrículas virtuales, sino en capital humano. Los educadores temen una repetición del ciclo pandémico: ausencias crónicas que se traducen en lagunas académicas persistentes, ansiedad que deriva en retraimiento social y menor rendimiento en pruebas estandarizadas. La escuela, concebida como espacio neutral de movilidad social, corre el riesgo de convertirse en recordatorio constante de vulnerabilidad jurídica.
A escala estatal, la respuesta es fragmentaria y polarizada. Legisladores en estados como Washington, Massachusetts o Nueva York impulsan normas para limitar el acceso de agentes migratorios a centros educativos. En contraste, otros como Texas o Indiana exploran vías para obligar a los distritos a cooperar activamente con la aplicación de la ley migratoria. El resultado es un mosaico regulatorio que refleja la fractura nacional sobre inmigración.
En términos políticos, la estrategia migratoria de la administración Trump responde a una lógica electoral clara: firmeza, control, disuasión. Sin embargo, en el terreno educativo, sus consecuencias son difíciles de ignorar. Cuando familias enteras optan por el silencio y la invisibilidad, la escuela pierde su función integradora. Cuando los líderes escolares dedican más tiempo a diseñar protocolos legales que a mejorar resultados académicos, el sistema se desplaza de su misión central.