El paisaje urbano de Argentina ha mutado este jueves en un escenario de quietud espectral y tensión latente. Las arterias ferroviarias están desiertas, los cielos permanecen vacíos con más de 400 vuelos cancelados y el silencio de las persianas bajas solo es interrumpido por el eco de las columnas de trabajadores que convergen hacia el Congreso. Esta es la fisonomía de la cuarta huelga general contra el gobierno de Javier Milei, un movimiento de fuerza que busca frenar la transformación más radical de las relaciones laborales en las últimas décadas y que ha dejado a más de 64.000 pasajeros en tierra.
La Confederación General del Trabajo (CGT), el gigante gremial que ha sobrevivido a dictaduras y crisis hiperinflacionarias, ha logrado una vez más demostrar su capacidad de veto físico sobre la economía. Bajo el liderazgo de figuras como Jorge Sola, la central obrera ha coordinado un acatamiento masivo que ha silenciado las líneas de producción fabril y el transporte público en casi todo el territorio. Detrás de la logística de la protesta subyace un choque ideológico que definirá si Argentina puede desmantelar su modelo corporativista para abrazar el libre mercado extremo que propone el Ejecutivo, o si las estructuras tradicionales lograrán imponer un límite al programa de ajuste.
📣 EL PARO NACIONAL SE SIENTE EN TODO EL PAÍS
— CGT (@cgtoficialok) February 19, 2026
Con unidad, organización y convicción, las y los trabajadores hacemos oír nuestra voz en todo el país.
Cuando se ataca al trabajo, la respuesta es colectiva.
✊🏽 Los trabajadores somos la columna vertebral del país.
🇦🇷 Defender el… pic.twitter.com/euT2NXGpaR
El laboratorio económico de Milei no solo enfrenta la resistencia en las calles, sino una factura contable inmediata de proporciones sistémicas. Según proyecciones del Instituto de Economía de la UADE, el costo de este parón oscila entre los 400 y 600 millones de dólares, una cifra que representa una herida profunda para una economía que lucha por estabilizar sus reservas. Ante este desafío, el Gobierno ha decidido responder con una contundencia inédita, anunciando que descontará la jornada laboral a los empleados públicos que se sumen a la protesta y desplegando un fuerte operativo de seguridad para evitar que la tensión derive en una nueva batalla campal frente a la sede legislativa.
El epicentro del conflicto es el proyecto de reforma laboral que la Cámara de Diputados se dispone a debatir tras el accidentado visto bueno del Senado. Esta pieza legislativa representa el corazón del programa de Milei para desregular la economía y flexibilizar las condiciones de contratación, un movimiento que los sindicatos califican de retroceso histórico. La sesión parlamentaria se perfila como un termómetro crítico para la gobernabilidad de un presidente que, con minoría en ambas cámaras, intenta reescribir el contrato social argentino mientras el país contiene el aliento en una de sus jornadas más inciertas.
Argentina se encuentra hoy en un empate técnico de fuerzas que trasciende lo coyuntural. Por un lado, se manifiesta la legitimidad de un Gobierno decidido a cambiar la matriz productiva mediante el rigor fiscal y la desregulación; por el otro, la fuerza de unas organizaciones gremiales que consideran que la reforma socava derechos fundamentales. Mientras los accesos a la capital permanecen bajo custodia de la Gendarmería y el Congreso inicia un debate que se extenderá por horas, la verdadera pregunta es si el tejido social argentino podrá absorber el nivel de fricción necesario para llevar a cabo esta transformación o si la parálisis de hoy es el preludio de un estancamiento político crónico.