António Costa ha decidido tomar las riendas de una negociación que amenaza con dejar a la Unión Europea atrapada entre sus crecientes necesidades y la resistencia de algunos gobiernos a financiarlas. El presidente del Consejo Europeo ha reclamado a los Veintisiete que avancen en la creación de nuevas fuentes de ingresos para sostener el presupuesto comunitario de 2028 a 2034, después de que la última propuesta de recortes tampoco haya conseguido acercar posiciones. La iniciativa del dirigente portugués plantea una alternativa al ajuste permanente del gasto: buscar más recursos para que Europa pueda cumplir sus compromisos sin debilitar sus políticas sociales, agrícolas y territoriales.
La cumbre celebrada en Bruselas ha evidenciado la profundidad de las diferencias. La presidencia irlandesa había propuesto reducir un 8% el presupuesto planteado inicialmente por la Comisión Europea, hasta situarlo en 1,62 billones de euros. El recorte, equivalente a unos 141.000 millones, no ha satisfecho a los países partidarios de una mayor austeridad, encabezados por Alemania, pero tampoco a España e Italia, que consideran necesario preservar la financiación de la Política Agraria Común (PAC) y los fondos de cohesión. El desacuerdo demuestra que reducir las cifras no garantiza el consenso cuando los Estados mantienen visiones distintas sobre las prioridades de la Unión.
Financiar Europa sin desmantelar sus políticas
Costa ha puesto sobre la mesa una cuestión de fondo. La UE necesita recursos para afrontar nuevas responsabilidades en defensa, competitividad, innovación y autonomía estratégica, pero también debe sostener las políticas que han contribuido durante décadas a reducir las desigualdades entre territorios. La cohesión y las ayudas agrarias no son partidas secundarias, sino instrumentos esenciales para garantizar que el proyecto europeo llegue también al mundo rural y a las zonas con mayores dificultades económicas.
La propuesta de financiación contempla nuevas contribuciones vinculadas a grandes empresas, productos del tabaco y residuos electrónicos, además de mayores ingresos procedentes del mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Según la presidencia irlandesa, estas fórmulas podrían aportar alrededor de 55.000 millones de euros anuales, aunque todavía carecen del consenso necesario. El Parlamento Europeo también ha planteado estudiar otras vías, como la fiscalidad de las grandes plataformas digitales y las criptomonedas. El debate permite abordar quién debe contribuir a financiar las nuevas prioridades europeas, en lugar de trasladar todo el esfuerzo a los presupuestos nacionales o reducir las inversiones comunes.
Una negociación decisiva para el futuro europeo
El presidente del Consejo Europeo mantendrá ahora contactos bilaterales con los gobiernos para elaborar una nueva propuesta de compromiso. Su objetivo es alcanzar un acuerdo político antes de que termine 2026, aunque las conclusiones de la cumbre no establecen ese plazo como una obligación formal. La urgencia tiene una explicación práctica: durante 2027 deben aprobarse las normas necesarias para que los fondos comunitarios puedan distribuirse sin interrupciones a partir de enero de 2028.
La posición de Costa introduce una cuestión que trasciende las cifras presupuestarias. Europa no puede reclamar mayor independencia económica, capacidad de respuesta internacional y protección de sus sectores productivos sin disponer de los medios financieros correspondientes. La dificultad estará en convencer a los gobiernos más restrictivos de que la integración europea también exige inversiones compartidas. El presidente del Consejo tiene por delante una negociación compleja, pero su insistencia en buscar ingresos adicionales permite mantener abierta una salida distinta a la de los recortes.
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