El Gobierno español ha celebrado el alto el fuego temporal anunciado por las autoridades sirias en tres barrios de Alepo tras varios días de combates entre el Ejército y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). La declaración de Exteriores pide su cumplimiento y el retorno al diálogo, en línea con el acuerdo alcanzado en marzo de 2025 para integrar estructuras civiles y militares del noreste en el Estado sirio. El problema es que, en Alepo, esa integración sigue siendo una promesa sin mecanismo real: cuando se atasca, la política cede el paso a la artillería.
Alepo es un termómetro incómodo porque no encaja en el relato de “posguerra”. La ciudad arrastra el peso simbólico de años de conflicto y, al mismo tiempo, concentra las tensiones del nuevo poder en Damasco: un Gobierno que reclama el monopolio de la fuerza, una administración kurdo-árabe que no acepta disolverse sin garantías y un tablero regional en el que Turquía marca líneas rojas mientras **Estados Unidos intenta evitar una escalada mayor.
El alto el fuego, limitado a barrios concretos —Ashrafié y Seij Maqsud, entre ellos—, llega después de un episodio que desmonta cualquier idea de estabilización automática. Hubo toque de queda, desplazamientos de población, acusaciones de crímenes de guerra y versiones enfrentadas sobre ataques a infraestructuras civiles. Las FDS anunciaron la retirada de combatientes bajo mediación, mientras desde Damasco se presentaba la operación como “antiterrorista” y desde el lado kurdo se hablaba de persecución y de acuerdos incumplidos. Alepo volvió a ser el lugar donde se mide hasta dónde llega el Estado y cuánto está dispuesto a imponer.
Integración sobre el papel, fricción sobre el terreno
El acuerdo de marzo de 2025 buscaba un objetivo concreto: reintegrar instituciones y fuerzas armadas del noreste —incluidas las FDS— bajo un mando estatal y evitar un modelo de enclaves armados. La dificultad no está en el concepto, sino en el método. Integrar exige garantías políticas (representación real, administración local, reconocimiento de identidades) y también garantías materiales: control de pasos fronterizos, recursos energéticos, presupuestos, policía y justicia. Cuando esas piezas no encajan, cada parte interpreta el vacío a su favor. Y el resultado rara vez es una negociación; suele ser una “operación de seguridad”.
El nuevo poder en Damasco, encarnado por Ahmed al Shara, necesita exhibir autoridad territorial. Pero si esa autoridad se construye a base de victorias tácticas en barrios concretos, corre el riesgo de consolidarse como un poder que administra la unidad nacional desde la coerción, no desde un pacto de ciudadanía. La retirada de las FDS puede presentarse como un éxito del Estado; también puede leerse como el inicio de un patrón: presión armada, evacuación, recomposición forzada y una normalidad sin garantías.
El factor externo agrava el encaje. Turquía considera a la columna vertebral de las FDS una extensión del PKK y presiona para reducir su margen político, lo que estrecha el espacio para acuerdos inclusivos y premia soluciones de seguridad rápida. Estados Unidos, en cambio, ha respaldado a las FDS durante años en la lucha contra el Estado Islámico y trata de evitar una ruptura total de una relación que ha sido operativa en el terreno. El resultado es un equilibrio precario, sostenido más por la contención que por una estrategia de resolución.
En este contexto, la posición española —celebrar la tregua, pedir su cumplimiento y reclamar diálogo— es correcta en términos diplomáticos, pero se queda corta en lo que ahora importa. Un alto el fuego no es solo silencio de armas: implica acceso humanitario, protección efectiva de civiles, verificación independiente, investigación de ataques a hospitales y garantías de retorno sin represalias. Sin esos elementos, la tregua es apenas un paréntesis.
Alepo introduce además una cuestión que Europa observa con cautela: qué tipo de transición está tomando forma en Siria. No basta con invocar la “unidad territorial” si esa unidad se construye sobre comunidades que desconfían del Estado por experiencia, no por ideología. Y no basta con exigir integración armada si el Estado no demuestra capacidad de integrar derechos, no solo cadenas de mando.
España, como otros socios europeos, intenta sostener una posición de equilibrio entre apoyo a la transición y rechazo a la violencia. Pero la distancia geográfica no debería traducirse en neutralidad práctica. En Alepo no se disputan solo tres barrios: se decide si la Siria que emerge puede sostenerse sin convertir a parte de su población en sospechosa permanente.