Julio de 2024. James Milliken, presidente de la Universidad de California (UC), recibió una noticia alarmante: la administración Trump había congelado cientos de millones de dólares en subvenciones de investigación para UCLA, el campus más grande del sistema de la UC. Esta acción no fue un simple conflicto administrativo: fue la primera maniobra pública de una campaña de extorsión política federal que buscaba imponer la agenda ideológica de la administración sobre una de las instituciones académicas más respetadas del planeta.
Milliken, un hombre conocido por su pragmatismo y habilidad para navegar conflictos políticos complejos, se dio cuenta de que lo que realmente estaba en juego la autonomía universitaria y la integridad científica de toda la UC.
Extorsión institucional
El ataque contra UCLA fue realizado por el Departamento de Justicia (DOJ) con un objetivo claro: coaccionar a la universidad utilizando la financiación federal como instrumento de presión. Funcionarios políticos nombrados por Trump presionaron a los abogados de carrera del DOJ para que encontraran pruebas que respaldaran una conclusión predeterminada: que UCLA había tolerado antisemitismo y, por extensión, violado leyes de derechos civiles. A pesar de que los memorandos internos de los propios abogados reconocían que las pruebas eran insuficientes y que las acciones correctivas ya se habían implementado bajo la administración Biden, el DOJ avanzó, diseñando estrategias legales éticas y jurídicamente cuestionables para justificar demandas multimillonarias.
Esta operación constituyó una forma de extorsión sin precedentes, donde la amenaza de retirar fondos federales se utilizó para presionar a la universidad a adoptar cambios ideológicos, alterar políticas de admisión y modificar programas académicos, incluso cuando no existía violación legal comprobable.
La ciencia como rehén
El efecto sobre la investigación científica fue devastador. Proyectos críticos en neurociencia, oncología y salud pública se vieron suspendidos, afectando tanto a investigadores como a pacientes. Según los testimonios recogidos por ProPuplica, Elle Rathbun, estudiante de doctorado en neurociencia, vio cómo su beca de 160.000 dólares se cancelaba en medio de un proyecto que estudiaba la recuperación cerebral tras accidentes cerebrovasculares. David Shackelford, cuyo laboratorio desarrolla terapias personalizadas contra el cáncer, perdió millones en subvenciones esenciales para sus estudios.
Estas decisiones no respondieron a necesidades académicas ni legales: eran herramientas de presión política, diseñadas para intimidar a la universidad y enviar un mensaje claro: desafiar al gobierno federal significaría destrucción económica y reputacional. Los investigadores de UCLA estaban siendo utilizados como peones de un juego de poder.
Ofensiva coordinada y acelerada
Tradicionalmente, las investigaciones del DOJ en materia de derechos civiles podían tardar más de un año, permitiendo entrevistas, revisión de documentos y evaluación de cumplimiento. Bajo Trump, se impuso un plazo de un solo mes, ignorando advertencias de los abogados de carrera de que era imposible construir un caso legal sólido en tan poco tiempo. Equipos enviados a UCLA, UC Berkeley, UC Davis y UCSF se limitaron a recopilar evidencias superficiales, enfocándose únicamente en UCLA, el campus con los incidentes más visibles durante protestas propalestinas.
La estrategia de "ataque rápido y mediático" se completó con filtraciones a medios como CNN y The New York Times, amplificando la presión pública y mediática sobre la universidad, antes de que los procesos legales pudieran completarse. Esta manipulación de la opinión pública y el uso político de la ley constituyen, según expertos, un acto de extorsión institucional sin precedentes en la historia estadounidense.
Aunque Estados Unidos ha utilizado históricamente subvenciones para alinear universidades con prioridades nacionales, nunca se había visto un ataque tan personalizado, acelerado y punitivo como el de UCLA. Comparativamente, regímenes autoritarios como los de Hungría o Brasil han condicionado fondos educativos a la obediencia ideológica, pero incluso en esos casos, las herramientas legales de extorsión no alcanzaron la sofisticación y rapidez observada en este episodio.
La combinación de amenaza financiera, presión mediática y manipulación legal convierte este caso en un precedente alarmante: una universidad de élite se convierte en rehén de un gobierno federal que instrumentaliza la ley y los recursos para avanzar su agenda política.
Impacto sobre derechos ciudadanos
El caso UCLA ilustra cómo la autonomía universitaria puede ser erosionada por el uso indebido del poder federal. La administración Trump no solo ignoró los acuerdos previos sobre antisemitismo y discriminación racial; los violó sistemáticamente, imponiendo nuevas demandas sobre políticas ya corregidas. La juez federal Rita F. Lin calificó estas acciones como un intento de “dominar a las universidades y obligarlas a cambiar su tono ideológico”, ordenando la restitución de fondos y la suspensión de medidas coercitivas.
Sin embargo, la amenaza persiste. Con más de 400 subvenciones suspendidas o canceladas en todo la Universidad de California, Milliken afronta un escenario donde la autonomía universitaria y la capacidad investigadora están condicionadas a la buena voluntad de una administración hostil, lo que expertos califican de chantaje institucional encubierto.
Milliken adoptó una postura pragmática, buscando equilibrar la defensa institucional con la protección del sistema UC. Evitó una confrontación abierta para no poner en riesgo los otros nueve campus. Sin embargo, profesores y asociaciones académicas se rebelaron: demandas judiciales impugnaron la legalidad de los ataques, y la juez Lin emitió órdenes restaurando los fondos de investigación y limitando la capacidad del DOJ de imponer cambios coercitivos.
El gobernador Gavin Newsom, miembro de la Junta de Regentes de la UC, calificó las demandas federales como extorsión pura, prometiendo luchar contra cualquier intento de acuerdo que comprometa la autonomía universitaria. Erwin Chemerinsky, decano de UC Berkeley, afirmó que la universidad debería haber recurrido inmediatamente a los tribunales, denunciando que las acciones de la administración Trump eran manipulaciones ilegales de la ley de derechos civiles.